A pesar de los múltiples obstáculos que enfrenta y el hostigamiento de que son objeto sus integrantes, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Yucatán ya logró —por primera vez en casi siete décadas de existencia— empezar a cobrar las cuotas sindicales de algunos de sus agremiados, informó su secretaria general, C.P. Patricia Eugenia Solís Reyes.

Asimismo, dijo que también ya lograron su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obtuvieron su Registro Federal de Contribuyentes.

De igual manera, por primera vez se aperturó una cuenta bancaria a nombre del sindicato, en donde se depositaron los cheques hasta ahora recibidos del Poder Judicial del Estado por concepto de las cuotas sindicales.

La dirigente sindical explicó que dadas las circunstancias de presión y hostigamiento que viven a diario, todo lo anterior son grandes logros porque implica el reconocimiento tácito del gobierno del Estado y, en particular, del Tribunal Superior de Justicia, aunque el titular de este último, abogado Angel Prieto Méndez, los hace de menos e insiste en su intención de debilitar y desaparecer a la organización.

Prueba de ello —agregó la denunciante— es que el magistrado presidente le dio instrucciones a jueces y jefes de departamento para que vieran la manera de que todos los trabajadores sindicalizados firmaran un documento pidiendo que no se les hicieran los descuentos por concepto de cuotas sindicales, bajo amenaza de despedirlos si no lo hacían.

Una de las estrategias que se utilizan para destruir al sindicato -apuntó- es elevar de categoría a ciertos trabajadores para hacerlos de confianza y ya no tengan derecho a ser sindicalizados, aunque después de un tiempo los vuelven a degradar.

También comentó el caso de los actuarios, a quienes Prieto Méndez los quiere tener como si fueran de confianza, lo cual es una violación a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que en su artículo 5o. fracción cuarta se especifica que los únicos empleados de confianza son los magistrados, jueces y jefes de departamento, pero a partir de actuarios hasta los intendentes serán sindicalizados.

Sin embargo, debido a las presiones, únicamente 15 de los 50 actuarios están actualmente sindicalizados.

La lideresa también se refirió al caso de Julio Grajales Canul, ayudante de archivo en el Juzgado Segundo Mercantil, que fue amenazado por el juez Raúl Cano Calderón con tenerlo bajo su vigilancia personal y a la menor falta lo despediría. El incidente ocurrió porque el trabajador no se presentó a laborar el pasado 5 de julio, día de las elecciones, debido a problemas de salud, incluso presentó justificación médica del IMSS, pero no se le aceptó.

Indicó que en los últimos cinco meses le ha solicitado cuatro veces por escrito al abogado Prieto Méndez la instalación de una mesa de diálogo para revisar las condiciones generales de trabajo y ninguna ha tenido respuesta favorable.

—La primera solicitud que hice fue el 3 de marzo; la segunda el 30 de ese mismo mes; una tercera el 7 de abril y la más reciente el 8 de julio y de esta última me contestó que ya se turnó al pleno del Cuerpo Colegiado para su análisis, pero lo curioso es que fue la misma respuesta que me dio la vez pasada -enfatizó.

Explicó que hablar de las condiciones generales de trabajo incluye la revisión de sueldos y prestaciones de los agremiados y, lo más importante, que todo lo que se acuerde quede por escrito y no sea nada más de palabra, como está ahora, porque en cualquier momento lo pierden.

—Yo pido que los $500 que nos dan mensualmente en vales de despensa, nos los entreguen quincenalmente; que los estímulos por antigüedad se otorguen en forma inmediata y no al año siguiente como sucede ahora... Esto y otras cosas deben estar por escrito —insistió.

Cabe mencionar que a diferencia de las trabas que les ponen al sindicato, que lucha por mejorar las condiciones laborales de sus agremiados, el abogado Prieto Méndez tiene un sueldo de aproximadamente $100,000 mensuales y, al igual que los otros magistrados, se sabe que reciben unos $5,000 mensuales en vales de gasolina y otros $4,000 en vales de despensa. Además, tienen a su disposición dos choferes en dos turnos.

El 20 de noviembre de 2008, el Sindicato del Poder Judicial recibió su toma de nota, lo que le dio certeza y legalidad jurídica.

La C.P. Patricia Solís mencionó que entre los objetivos del sindicato destaca lograr un salario digno que le permita a los trabajadores cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación, vestido y recreación.

—También pugnamos -agregó- por jornadas justas de trabajo, descansos y vacaciones oportunas e implementos de protección cuando las tareas que ejecutan las personas así lo requieran.

—Otro objetivo es contar con un empleo estable, pues no basta con tener trabajo, sino que es importante que el empleo sea estable, regulado por leyes que protejan contra despidos o acciones injustas.

—A nuestros agremiados les ofrecemos -dijo la secretaria general- respeto a su derecho de escalafón; nunca aprobar decisiones arbitrarias y caprichosas en los cambios de adscripción y otorgamiento de plazas; y no habrá negociaciones sin que se enteren y estén de acuerdo con las mismas; además de que la bolsa se operará con honestidad y transparencia.

La dirigente comentó que es la primera vez en 66 años que el sindicato realmente funciona y lo hace a favor de sus agremiados, pues anteriormente, a los dirigentes los convertían en empleados de confianza para que ya no pudieran seguir siendo sindicalizados y la agrupación prácticamente quedaba acéfala.