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Un interesante diálogo entre gente de credenciales internacionales llega a la conclusión de que uno de los aspectos que hacen diferentes a los países industrializados y altamente productivos de los países subdesarrollados —como los latinoamericanos— es la cuestión de sus leyes.
En los países latinoamericanos las leyes son muchas y muy complejas. Cada vez que hacen una reforma, complican aún más las leyes. Sin embargo, a la hora de hacerlas cumplir hay un gran "margen de flexibilidad", que en gran parte responde al aspecto "corrupción" o discrecionalidad.
Los países industrializados tienen, en cambio, leyes relativamente sencillas, que, además, cambian muy poco. Pero, lo más importante es que la actitud hacia el cumplimiento de las leyes es inflexible.
Es un asunto elemental: la ley define los términos del pacto social. Es el conjunto de reglamentos que todos están obligados a obedecer y que las fuerzas del orden harán obedecer. Serán, pues, lineamientos inflexibles.
¿Y qué se hace cuando un reglamento o una ley en vez de ayudar a que la sociedad funcione bien, la perjudica? Las leyes, cuando se aprueban, son mecanismos teóricos. Se vuelven prácticos conforme se van usando. Es factible que lo que se definió en la teoría, conforme es aplicado en la práctica produzca resultados indeseables. Para ello existen los sistemas democráticos: para perfeccionar las leyes o reglamentos que no presenten características de funcionamiento como se habría esperado.
El discurso político en gran parte de Latinoamérica reza que la pobreza genera inseguridad. ¿Por qué no se considera la visión al revés? Es decir, que la inseguridad genera pobreza...
Un país, para que sea un captacapitales debe presentar un ambiente en donde la seguridad esté garantizada al máximo. El costo promedio de la seguridad en las empresas que se colocan en Asia es de 3% en tanto que América Latina es de 7.5%. Estamos hablando del doble.
Un país que capta capitales crece. Los capitales acuden al país a crear empleo, a generar nuevos polos de desarrollo y a colocar al país anfitrión en la escala industrial del mundo. Un país que espanta capitales no puede crecer. Sucederá todo lo contrario: los capitales comenzarán a buscar refugio.
La falta de captación de capitales genera pobreza, y los capitales no llegan por los niveles de inseguridad. La conclusión es fácil: la economía no crece por la inseguridad.
El incumplimiento de la ley se prolonga a la reposición de los males cuando la ley se transgrede.
En los países industrializados —con mecanismos mucho más estrictos para captar las estadísticas— se da un asesinato por cada 100,000 habitantes. En los países de América Latina se dan 27.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Ahora bien: ¿quién está en la cárcel? En México hay 154 personas en la cárcel por cada 100,000 habitantes. En los Estados Unidos hay 688 personas en la cárcel por cada 100,000 habitantes.
Lo que vemos es que, a pesar de que se cometen 27 veces más crímenes en México, hay en las cárceles 4 veces menos gente —por cada 100,000 habitantes para ambas cifras.
Nótese que los números están calculados para lo que sucede por cada 100,000 habitantes. Esto hace válidas las comparaciones entre unas cifras y otras.
En pocas palabras, en América Latina no sólo se viola la ley con más frecuencia sino que los que la violan ¡se quedan impunes!
Si los nacionales de América Latina repatriaran sus capitales y los invirtieran en el territorio de origen, ni siquiera necesitarían la atracción de capitales internacionales para financiar su crecimiento.
Pero, ¿por qué los propios latinoamericanos que han amasado grandes fortunas no tienen sus capitales en América Latina?
Allí tenemos la respuesta clara, concisa e indiscutible: 1) Falta de garantías con respecto a las "reglas del juego" —no se sabe si las leyes se obedecerán o se cumplirán tal y como están ahora vigentes. 2) Inseguridad a niveles mucho más elevados que en los países desarrollados. 3) Impunidad contra los transgresores de la ley, esto es, falta total de certeza con respecto a si se aplicará o no la ley.
En reiteradas ocasiones, no sólo ya siendo presidente sino antes de llegar al puesto, Calderón recalcó el problema de la inseguridad, de la impunidad y de la complejidad de las leyes. De estos 3 puntos, el que es totalmente su responsabilidad como presidente, es el que se refiere a la seguridad.
¿Cuál es el aspecto más "bravo" de inseguridad en el país? Sin duda lo son las bandas del crimen organizado: narcos, asaltantes, secuestradores, etc. De ésas, la más difícil de combatir es el "sector" que cuenta con armamento de alto calibre.
Para ello Calderón dispuso que fuera la institución con mejor armamento en el país —y más confiable hasta el momento— la que se dedicara al combate.
¿Es eso lo único que es necesario combatir? Obvio, no. Las leyes son asunto del congreso y éste se ha negado sistemáticamente a cooperar. La impunidad es asunto del poder judicial y éste está en un proceso de perfeccionamiento que aún no ha concluido y en algunos estados de la república, aún no ha empezado.
Lo que no queda claro es por qué la insistencia de tanto intelectual, editorialista, comentaristas de TV y radio en que "el ejército se salga de las calles".
Es una actitud que, en primera instancia, refleja un profundo desconocimiento de la situación mundial. Con este desconocimiento ya lo demás sólo es irresponsabilidad.
Desgraciadamente sólo queda dudar seriamente de los intereses que están por detrás de la petición a Calderón de que el combate al crimen organizado deje de darse usando el ejército. ¿A quiénes les conviene? A primera vista, ¡sólo a los enemigos de México! ¿Por qué hay tanto haciéndoles "el juego"?