La recomendación de la CODHEY, débil, insuficiente y extemporánea

Sumisión total de Jorge Victoria Maldonado ante Ivonne Ortega y Angélica Araujo

Ciudadanos e integrantes de asociaciones civiles, como Sociedad en Movimiento y Frente Cívico Familiar llegaron a la misma conclusión: la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), emitió a través de su titular Jorge Victoria Maldonado, no lo hace quedar bien ni con la sociedad ni con el gobierno.

Agregaron que la recomendaciones que hace a las instancias estatales y municipales involucradas en la golpiza a ciudadanos el 4 de julio de 2011, son insuficientes y además, destacan la sumisión de la CODHEY y de Victoria Maldonado a los gobiernos estatal y municipal porque en ellas no aparece el nombre de las dos grandes responsables de lo sucedido ese día: la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara.

Al respecto, Marisol Canto Ortiz, ex consejera de la CODHEY destacó que ambas funcionarias admitieron su culpabilidad en los hechos, ya que la gobernadora, admitió ante la prensa unos días después de la paliza a los ciudadanos, que asumía la responsabilidad de la no intervención policiaca para librar a los ciudadanos de la paliza que les propinaron porros identificados con el PRI y por empleados del Ayuntamiento de Mérida.

—Angélica Araujo es la responsable directa de la golpiza. Dijo que la construcción del paso deprimido era un acto de gobierno, aunque esto implicara el violento desalojo de la gente que estaba en contra de la obra.

Señaló que ante estas pruebas y todas las que se presentaron en su momento la recomendación de la CODHEY debió girar en torno a inhabilitarlas para alcanzar cargos públicos.

Rueda de prensa en Sociedad en Movimiento. A la izquierda, Eric Blanco Gamboa, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UADY, el cónsul honorario de Holanda en Yucatán, José Enrique Gutiérrez López; Patricia Mc Carthy Caballero del Frente Cívico Familiar; Gina Villagómez Váldez de Sociedad en Movimiento y Marisol Canto Ortiz, ex consejera de la CODHEY.

Blanca Estrada Mora, titular de la Federación Estatal de Colonos Urbanas de Yucatán (FECUY) opinó que gracias a que esa premisa nunca se consideró Angélica Araujo Lara ha sido premiada con la senaduría, mientras que la otra -Ivonne Ortega Pacheco- está esperando la llamada del presidente electo de México Enrique Peña Nieto para que vaya a encabezar alguna secretaría de gobierno.

—Lo correcto habria sido inhabilitarlas para quitarles el fuero y juzgarlas. El segundo paso, habría sido mandarlas a la cárcel.

Ante la insistente pregunta del por qué Victoria Maldonado esperó 13 meses para dar esta recomendación relacionada con la golpiza a ciudadanos del 4 de julio de 2011, la investigadora e integrante de Sociedad en Movimiento, Gina Villagómez Valdéz respondió que seguramente es porque quiere ser diputado.

—Con esta recomendación, Victoria Maldonado busca lavarse la cara y quitarle la mancha a la CODHEY mientras inenta quedar bien con los ciudadanos, pero no lo logra porque no señala a los principales responsables de lo ocurrido: Ivonne Ortega, Angélica Araujo y Luis Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

También quiere quedar bien con el gobierno porque hace esta recomendación 13 meses después del hecho y sobre todo, después de las elecciones.

Aún así, no queda bien con ninguna de las partes.

Nos deben una disculpa pública

Estas declaraciones fueron realizadas en rueda de prensa en las instalaciones de Sociedad en Movimiento, donde ciudadanos e integrantes de asociaciones civiles fijaron su postura respecto a la recomendación emitida por la CODHEY a las instancias involucradas en los actos violentos del 4 de julio.

Jorge Victoria Maldonado, titular de la CODHEY, siempre ha estado en el ojo del huracán por su actuación al frente de la dependencia.

Marisol Canto Ortiz, ex consejera de la CODHEY también señaló que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán sólo están dirigidas a empleados.

—¿Y qué, estos se mandan solos? ¿acaso no responden a un superior y su superior a la gobernadora o a la alcaldesa?.

Por su parte, Alberto Arjona Ordaz del Frente Cívico Familiar destacó que todo lo que ha ocurrido en Yucatán en los últimos cinco años ha sido responsabilidad de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien ha sido la encargada de mover todos los hilos de las instituciones.

Como ejemplo, citó el que la Fiscalía, a pesar de que por ley tiene investigar las denuncias presentadas y conseguir pruebas no lo hizo. Le dejo todo el trabajo a los ciudadanos agredidos y a las asociaciones civiles.

El cónsul honorario de Holanda en Yucatán, José Enrique Gutiérrez López también se refirió Carlos Herrera Chalé, el cabecilla de los porros en la agresión a los ciudadanos, ya que la única referencia que hace la CODHEY es que el Ayuntamiento de Mérida considere sus antecedentes si desea recontratarlo.

Patricia Mc Carthy Caballero del Frente Cívico Familiar lamentó que la CODHEY no tenga la misma fuerza que goza la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que en varios casos, como por ejemplo el de la muerte de 12 personas en la discon News Divine, haya logrado que las autoridades se disculparan públicamente por lo que sucedió

—¿Por qué en Yucatán esto no se hace?

Agregó que de acuerdo con la recomendación de la CODHEY los ciudadanos agraviados tienen derecho a la reparación del daño sufrido, el cual, según esta dependencia, puede ser con cualquiera de estas modalidades: restitución del daño, indemnización, rehabilitación médica y psicológica, satisfacción y las garantías de no repetición.

Opinó que desafortunadamente en Yucatán puede volver a ocurrir algo tan violento como lo del 4 de julio porque no hay en las autoridades una autoridad de enmienda y sobre de todo de legalidad y de justicia.

Al respecto, José Enrique Gutiérrez López dijo que lo justo para los ciudadanos agredidos sería la inhabilitación en cargos públicos de los funcionarios involucrados en la paliza del 4 de julio, la sanción a estos funcionarios, el reconocimiento de que la construcción del paso deprimido violó reglamentos de diversos tipos, empezando por ambientales y de construcción, el rescate de la autonomía de la CODHEY, y sobre todo, la realización de una disculpa pública. L.I.