La cuestión relativa al transporte siempre ha constituido el talón de Aquiles para cualquier administración encargada de regularlo independientemente de su signo partidista, por la complejidad que supone el asunto.

Lejos se miran ya los tiempos en que constituía ejemplo a nivel nacional por su calidad debida a la operación de parte de los propietarios de sus propios automotores todos ellos de modelo reciente, la puntualidad, cortesía y buenas maneras de los conductores y en suma, de la eficiencia en lo concerniente a la prestación de este importante servicio público.

Los permisionarios tradicionalmente se han quejado de los altos costos de funcionamiento que deben asumir: vehículos, mantenimiento, refacciones, salarios, fugas en la recaudación de los pasajes y muchos otros factores más.

Para tratar de aminorar el impacto de las variables antes citadas, desde hace tiempo se ha planteado la posibilidad de implantar el uso de tarjetas con chip que impidan la fuga de recursos provenientes del cobro de pasajes.

Punto fundamental en lo concerniente a esta actividad, constituye que por este medio se desplaza la inmensa mayoría del pueblo trabajador que carece de vehículo propio. En tal sentido, el importe de las tarifas repercute directamente en la economía familiar y representa una línea estratégica en la planeación del presupuesto doméstico.

Anteriormente, la suspensión del servicio del transporte urbano mediante el secuestro de sus unidades fue una táctica de presión contra las autoridades, utilizada principalmente por los líderes estudiantiles deseosos de doblegarlas y granjearse el apoyo de la ciudadanía inconforme con alguna situación en particular. En este aspecto destacaron principalmente los dirigentes de la Federación Estudiantil Yucateca.

A raíz de lo anterior, los líderes del estudiantado fueron cooptados a base de presiones o amenazas o mediante la mexicanísima táctica de corromperlos a partir de otorgarles diversas clases de prebendas y canonjías de carácter económico o político.

Tradicionalmente los titulares de las concesiones de transporte urbano de pasajeros se han caracterizado por constituirse en apoyo y personeros del sistema político priista con el que desde tiempo inmemorial se han aliado y amafiado para poder mantener sus privilegios e impedir que se otorguen concesiones a otras personas o agrupaciones en posición de prestar este servicio, contribuyendo a generar una casta privilegiada de gente que ha hecho fortuna a partir de la cultura de la complicidad y la sumisión institucionalizadas.

Los meridanos conocemos de sobra la táctica usada por los empresarios camioneros: quejarse cíclicamente de que no obtienen ganancias prestando el servicio de transporte urbano, lamentarse por los incrementos de las refacciones, de los combustibles, de la deshonestidad de los choferes, de los subsidios otorgados a estudiantes, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, pero sin hacer nada para remediar el impacto de todas estas circunstancias.

Igualmente nos sabemos de memoria la cantaleta de que se les conceden módicos incrementos en las tarifas a cambio de mejorar el servicio: renovar sus flotillas de unidades, no darles nada mas una manita de gato pintándolas y retirando los asientos en mal estado, exhortar a los operadores a conducirse con amabilidad y cortesía y sancionar a los que no lo hagan, respetar las tarifas para estudiantes y demás integrantes de grupos vulnerables y no salir con la excusa de que precisamente en ese momento se les terminaron los boletos correspondientes, entregar el boleto al pasajero sin importar que se les pida o no, ser puntuales, no estar jugando carreras en las calles como si fueran pistas de carreras y en fin, devolver las concesiones si el negocio no les resulta redituable, porque preocupa que a seres tan generosos, desinteresados y llenos de espíritu altruista como los empresarios camioneros a los que no importa no tener ganancias con tal de hacer un servicio a la comunidad proveyendo transportación para el pueblo, se les perjudique de semejante manera y mejor que exista un relevo para que sean otros los que experimenten las contrariedades y penurias de contar con el dudoso privilegio de saberse concesionados para el servicio.

Hemos sabido que el aumento de un peso a las tarifas ha producido en general molestia e indignación, hemos sabido que para variar las tarifas para grupos vulnerables no han sido respetadas, pero lo mas grave no es el incremento en sí, sino la pérdida de la confianza ciudadana en unas autoridades estatales que se adjudicaron las facultades regulatorias del servicio de transporte, en un afán de debilitar y denostar al ayuntamiento de Mérida. Es así que el pueblo en su totalidad ha visto quedar como mentiroso al régimen estatal, toda vez que solo unos días antes el director del ramo y la misma titular del ejecutivo se habían apresurado a declarar que no habría alza en las tarifas en tanto no se corrigieran las graves deficiencias presentes en el servicio, algunas de las cuales ya mencionamos.

Por otro lado, es conveniente destacar que se está trasladando a la ciudadanía el costo del servicio prestado al gobierno del estado con ocasión del llamado informe ciudadano, para el que galantemente los empresarios transportistas colaboraron. Por supuesto que alguien tenía que concluir pagando ¿o acaso existe algún despistado que crea que hay algo que sea gratis en esta vida?

Pero reitero, lo peor del alza es la pérdida de la confianza de parte de los ciudadanos que fiaron en la manifiesta voluntad de la administración estatal de oponerse al aumento. Ahora entiendo porque los sempiternos lambiscones encargados de elogiar sin ton ni son las decisiones gubernamentales súbitamente se han quedado afónicos, completamente mudos. En tal virtud, resulta completamente cómica y risible la actitud del joven presidente del PRI al que sin duda no han hecho favor de informar que actualmente el servicio de transporte urbano en la capital del estado se encuentra en manos del gobierno del estado y no del ayuntamiento emeritense, al que se apresuró a echar toda la culpa de la situación imperante.

Seguimos mal con lo relativo al transporte de pasajeros en Mérida y no se advierte que las cosas vayan a cambiar, para al menos mejorar en algo el caos existente en los tiempos que corren. La ciudadanía emeritense con esto puede percatarse cuan dignos de confianza son los gobiernos priistas, incapaces de hacer algo que perjudique en lo más mínimo a sus testaferros.

Meridanos, vean cuanta leña lleva el dulce y dense cuenta que una cosa es prometer que los sueños se harán realidad y asegurar que se podrán bajar el sol, la luna, las estrellas y cosas por el estilo. No se puede confiar el gobierno de la caja de caudales a quien por definición es manirroto ni la guarda de la cava al vicioso. Abran bien los ojos, que el momento de elegir autoridades se acerca y si nos equivocamos, tardaremos tres años pagando nuestro error. El que tenga oídos para oír que oiga.
Luis Silverio Suárez Ancona