Artículo de Salvador Camarena publicado el 1 de octubre en EL PAÍS

Dentro de unas pocas semanas será legal en México contratar a trabajadores por horas y no necesariamente por jornadas de ocho horas al día, con un contrato de prueba o capacitación y no forzosamente con uno definitivo, agregar fuerza laboral mediante outsourcing o subcontratación, y el pago por salarios caídos (los que el empleado deja de percibir entre su despido y una sentencia judicial favorable) tendrá un tope de un año, más intereses, en los casi siempre eternos litigios por despido.***

Las autoridades laborales aseguran que estos cambios a la ley laboral mexicana, los primeros de relevancia en 40 años, repercutirán en la creación de 400 mil empleos formales además de los 650 mil que de promedio se crean en México anualmente. Los principales beneficiarios, dicen los promotores de las reformas aprobadas la semana pasada, serán los jóvenes y las mujeres, que con los nuevos formatos podrían acceder más fácilmente al mercado laboral.

Enrique Peña Nieto.

Sin embargo la reforma, que la Cámara de Diputados enviará este martes a la de Senadores para su eventual ratificación o para una nueva modificación, es vista por la izquierda mexicana como una regresión. Y es considerada por algunos analistas como la muestra de que el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto, quien como candidato ofreció reformas estructurales de gran calado, no cumplirá sus promesas.

Durante cuatro décadas, decenas de iniciativas para modificar la Ley Federal del Trabajo de 1972 terminaron en la nada. El presidente Felipe Calderón, quien cuando era candidato en 2006 prometió ser el “Presidente del Empleo”, intentó aprobar una reforma laboral en marzo de 2010. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) regateó su apoyo a la iniciativa presidencial y un año después propuso a su vez una nueva legislación. En abril del año pasado, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN, el partido de Calderón) exhibieron la falta de voluntad de los priístas, al respaldar sin menoscabo la propuesta de ese partido. El PRI se quedó atrapado en el cálculo electoral –temían que de cara a las entonces venideras elecciones presidenciales del 2012 el líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador capitalizara la oposición a la reforma— y no impulsaron la iniciativa que ellos mismos habían redactado y que con los votos del PAN podría haber sido aprobada sin apuro alguno.

El pasado primero de septiembre Calderón volvió a poner una dura prueba al PRI. A cuatro meses de ceder el poder a Peña Nieto, el mandatario panista envió al Congreso dos iniciativas con calidad de “preferente”, una nueva modalidad legislativa en México que obliga a los legisladores a manifestarse en un máximo de 30 días sobre lo que les haya propuesto el titular del poder Ejecutivo federal. Una de las dos reformas era la laboral. Incluso sin haber asumido el poder, lo que ocurrirá el 1 de diciembre, Peña Nieto tenía que empezar a definirse.

El articulado propuesto por Calderón contenía modificaciones que hacen más sencillo contratar trabajadores, incorporando modalidades de contrato de capacitación o de contratos “a prueba”, así como permitir que haya contratos por horas. Pero la reforma del presidente también planteaba que las votaciones para elegir líderes sindicales fuera “mediante voto libre, directo y secreto”. De igual forma, planteaba condiciones para que los trabajadores tuvieran información sobre el destino de las cuotas sindicales que pagan. Diversos líderes sindicales protestaron, entre ellos varios ligados al PRI, que en alianza con partidos satélites como Nueva Alianza, surgido del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, paró en seco las partes más ambiciosas, aquellas que buscaban rendición de cuentas en la vida sindical. Aunque reprocharon a los priístas el eliminar algunos aspectos de la nueva ley, los panistas votaron junto con los priístas la reforma, ante la oposición de los partidos de la izquierda, que no han logrado ni la victoria moral del caso, pues hay división en sus filas, tanto por diferencias en los métodos para resistir la votación, como porque fue precisamente el voto de un diputado del Partido del Trabajo el que posibilitó al PRI y sus socios echar abajo las reformas en el plano sindical.

“Un gobierno que de cara a la reforma laboral, claudica. Una administración que ante los intereses atrincherados, se rinde. Un equipo que frente a la oferta de la modernización, no pasa su primera prueba”, escribió la columnista Denise Dresser sobre Peña Nieto en el diario Reforma. “Porque la reforma laboral rasurada que el PRI aprueba en el Congreso evidencia a un Presidente electo que, en lugar de cambiar el país de privilegios, busca asegurar su mantenimiento. Evidencia a un Presidente electo que, en lugar de controlar a las fuerzas sindicales anti-democráticas, acaba doblegado por ellas”.

Otros analistas ven como ganador de esta reforma al presidente Calderón. “Calderón triunfó por tres cosas. Uno, materializó la reforma más difícil, la más arcaicamente denegada por el Congreso. Dos, lo hizo con su iniciativa preferente, que sí le funcionó. Y tres, se reviste, otra vez, como un presidente ampliamente amigable hacia la inversión y hacia la prosperidad empresarial y económica”, asegura el comentarista económico Carlos Mota en Milenio.

Calderón en efecto podrá presumir que algo de su reforma fue aprobada, pero el PRI y el presidente electo Peña Nieto se quedan en el peor de los escenarios. La iniciativa llega al Senado, donde la esperan legisladores como Javier Lozano, ex secretario (ministro) de Trabajo durante buena parte del gobierno de Calderón y quien no se ha guardado sus reproches a los priístas. “Todo lo relativo a transparencia y democracia sindical quedó fuera del proyecto de Reforma Laboral gracias al PRI-PVEM”, escribió Lozano en su cuenta de twitter el domingo. El senador destacó además que Peña Nieto ha celebrado “el avance de la Reforma Laboral. Pero nada dice sobre el bloqueo de su partido en cuanto a transparencia y democracia sindical”.

A reserva de lo que pase en el Senado, Peña Nieto ya tiene su primer trago amargo, la izquierda mostró la futilidad de sus ruidosas protestas, el PAN rescató algo de lo que quería, y muchos no tienen pleno convencimiento de cuán efectiva resultará esta reforma, llamada a bajar el desempleo entre los jóvenes, que es de 9.25%, casi el doble del promedio general del 5.3%.