Los proabortistas pueden llegar a ser bastante extraños. Rebecca Oas informa hoy sobre la última locura del Allan Guttmacher Institute, organismo de investigación fundado por Planned Parenthood. En un nuevo estudio, igualan las restricciones al aborto con los abortos forzosos en China.

En junio del año pasado, las fotos de una mujer china y con su hijo muerto acompañadas del relato de cómo Feng Jianmei fue secuestrada de su casa y forzada a someterse a un aborto tardío por funcionarios de planificación familiar del gobierno local inundaron Internet. La historia de la sra. Feng se difundió en todos los titulares de noticias internacionales y suscitó la indignación de los gobiernos nacionales. El Parlamento Europeo emitió una escueta declaración que calificaba al incidente de inaceptable.

Un artículo reciente argumenta que cualquier norma que restringe el aborto (como los períodos de espera o el consentimiento de los padres) es equivalente a la brutal política de aborto forzoso de China que castigó a la sra. Feng. Este artículo del Guttmacher Institute, rama investigativa de la agrupación abortista Planned Parenthood, afirma que ello se debe a que ambas representan una coacción en la toma de decisiones reproductivas. Según su análisis, obligar a una mujer a interrumpir un embarazo que desea o a continuar con un embarazo que no desea violan los mismos derechos humanos.

El autor del artículo equipara las restricciones jurídicas al aborto con el aborto forzoso estableciendo falsos paralelos respecto a la naturaleza y al propósito de las leyes que compara. En particular, contrasta la continuación de un embarazo, más que la concepción, con su interrupción. No menciona ninguna política de gobierno que permita la fecundación forzosa de las mujeres, sino solo aquellas que protegen los embarazos ya establecidos. Aunque esto en parte puede deberse al hecho de que ningún país tiene una política que permita la violación avalada por el gobierno, también intenta variar el contexto del debate.

Gran parte del artículo se centra en leyes estadounidenses, como aquellas por las que se exige el asesoramiento previo al aborto y el bloqueo de fondos de los contribuyentes para no subsidiar la práctica. De acuerdo con la tesis del autor, estas políticas, como las normas de planificación familiar chinas, obligan a las mujeres ya sea a tener o a no tener hijos por el mayor bien de otros que no sean ellas mismas.

Aunque el artículo brinda ejemplos de políticas nacionales que introducen medidas de incentivo o disuasión en cuanto a la maternidad, las cuales son promulgadas en respuesta al temor por la explosión o la implosión demográfica, no menciona el bien del niño en sí. El artículo del Guttmacher no reconoce ninguna motivación posible para que se restrinja el aborto fuera de iniciativas pronatalistas de líderes para incrementar las tasas nacionales de nacimiento.

Sin embargo, las políticas gubernamentales cuyo objetivo es incrementar la maternidad normalmente se centran en factores preexistentes a la concepción del niño, como ser la ampliación de licencias por maternidad, incentivos fiscales y subsidios de alquiler, como los que se introdujeron en Rusia en la década del ochenta.

Aunque las tasas de aborto en ese país han disminuido desde los años setenta, las políticas pronatalistas instituidas por el gobierno han sido incentivos a la maternidad, no restricciones al aborto. No obstante, aunque el artículo del Guttmacher no define explícitamente qué políticas que fomentan la existencia de familias más numerosas considera coercitivas, ofrece como contraejemplos solo las instancias más extremas de esterilización y aborto forzoso.

En su intento de caracterizar las restricciones al aborto en Estados Unidos como violaciones de derechos humanos comparables al aborto forzoso en China, el autor ignora por completo el argumento de que el aborto en sí mismo constituye una violación de los derechos humanos del niño, pese al hecho de que muchos estadounidenses creen que la vida comienza en el momento de la concepción.