Hasta hace algunos años la doctrina del Partido Acción Nacional ubicaba al municipio como la escuela y el sostén de la democracia. Si entendí bien lo que entonces decían los panistas ilustres, citando con frecuencia a Manuel Gómez Morín, se trataba de ejercitar, aprender y difundir las virtudes cívicas que dan sustento a la democracia desde el municipio y en el municipio.

El razonamiento es que difícilmente el país consolidaría su democracia si no había democracia en el municipio. El municipio es el ámbito más cercano a nuestro vida cotidiana, donde se toman decisiones cruciales para el bienestar o el malestar de las personas, que tienen que ver con la policía preventiva, con la recolección de basura, con el uso del agua, con el drenaje, con los parques y lugares comunes, con la funcionalidad de calles y avenidas.

También algunos ideólogos del PRI han cantado, a lo largo de la historia, las virtudes del municipio. Recuerdo que Miguel de la Madrid, por ejemplo, promovió algunas reformas al artículo 115 de la Constitución y, con ese motivo, se difundieron sesudas reflexiones republicanas acerca del municipio, como célula básica de la vida democrática.

Esa es la teoría, desde luego. En esa teoría, las dos principales virtudes cívicas de las que el municipio debería ser escuela son la libertad y la responsabilidad. Y esto vale para gobernantes y para gobernados, para mandatarios (los que hacen los mandados, como dice con graciosa ironía Gabriel Zaid, pero también con filosa exactitud en relación a la teoría democrática) y para quienes mandamos (se supone) a estos mandaderos.

Para que el municipio sea de veras libre, y todo eso que dice la teoría, necesita contar con recursos propios y necesita responsabilizarse de su mantenimiento con el cobro de los impuestos y de los servicios locales que previene la Constitución.

El problema NO es que nuestras leyes no le den atribuciones fiscales a los municipios, aunque podría revisarse —¡otra vez!— el asunto, sino que los presidentes municipales y quienes conforman el ayuntamiento con frecuencia no quieren pagar los altos costos políticos que supone el cobro de impuestos y, también con mucha frecuencia, los gobernadores no quieren ayuntamientos con finanzas más o menos fuertes o "ricos" que puedan opacar su poder o, dicho coloquialmente, "ponérseles al brinco".

En buena medida algunos municipios son pobres por elección, por vocación y hasta por comodidad. Es más fácil rogarle al señor gobernador, que a su vez irá a tocar puertas a la Federación pidiendo más participaciones, adelantos, aportaciones extraordinarias esgrimiendo el argumento de los municipios en quiebra.

El mejor ejemplo de esta indolencia fiscal municipal es el cobro del impuesto predial. Un gravamen netamente municipal que en México arroja en promedio una recaudación risible. Hoy trata el asunto Diego Petersen en Milenio y las cifras comparativas que ofrece entre lo que se recauda en México de predial y lo que se recauda en el Reino Unido o en Canadá son para irse de espaldas.

Pero no, el cuento del municipio pobre es muy rentable. Y eso que mejor dejamos para otro día hablar de cuántas camionetas Suburban, Lobo, Explorer y similares han pagado las participaciones federales que llegan a los municipios. Incluso a los más pobres... Algún presidente municipal de uno de los municipios más pobres del estado de Veracruz le decía, sin rubor, hace unos años al reportero de televisión Samuel Prieto que lo de las camionetotas era de rigor, porque "ni modo que lleguemos a las reuniones con el Gobernador en un pinchurriento carrito, ¡como te ven, te tratan!".

El municipio, escuela de democracia. ¡Oh, sí!