Las cifras oficiales muestran que las causas y destino del crédito de $1,870 millones son diferentes a los señalados por el gobierno estatal

Mucho se ha dicho en favor y en contra del polémico crédito de $1,870 millones que el Congreso del Estado, con los votos a favor de los diputados priistas y de la diputada del PT-Convergencia, Doris Candila Echevería, le autorizó contratar al gobierno del Estado.

Sin embargo, la información que se ha divulgado ha resultado insuficiente, inconsistente y, en algunos casos, falta de toda veracidad —los $500 millones que según la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda Pública, Gabriela Santinelli Recio, "se deben desde la administración anterior" y que en realidad ascendían a $288 millones al 31 de julio del 2007— o con altas dosis de ignorancia —los US$45 mil millones de dólares de deuda que, según el diputado Gaspar Quintal Parra, "el gobierno federal ha contraido", en aparente alusión a la Línea de Crédito Flexible (que en tanto no se aplique no implica deuda alguna) que el Fondo Monetario Internacional le otorgó a nuestro País para mitigar los efectos de la crisis global— o con un claro propósito de confusión —la elocuente entrevista radiofónica concedida por el secretario técnico de la gobernadora, Doctor Ulises Carrillo, a conocida radiodifusora, en la que no tuvo empacho en mencionar el "bajo porcentaje" que este préstamo significa en relación con el PIB de nuestro Estado.

En virtud de lo anterior, Artículo 7 realizó un análisis de las cifras oficiales para conocer el contexto en que se autorizó este préstamo, así como sus verdaderas causas, el destino que se le dará y las implicaciones que tendrá para nuestro Estado. Aquí los resultados:

Lo que se ha dicho del préstamo

Condiciones: Que se trataría de un empréstito "bursatilizado" —colocado a través de la bolsa para conseguir las mejores condiciones— por $1,870 millones, pagadero a 25 años y garantizado hasta con 30% de las participaciones federales.

Destino: Se destinaría exclusivamente a inversiones públicas productivas —sin especificarse cuáles y por qué montos— y al refinanciamiento o reestructuración de hasta $500 millones de deuda pública vigente.

Justificación: Que su contratación se justifica principalmente por una importante disminución de las participaciones federales y de los ingresos propios y por haber tenido la necesidad de usar recursos no presupuestados para hacer frente a la contingencia por la influenza AH1N1.

Lo que no se ha dicho del préstamo

No es el primero de esta administración: Este crédito no es el primero que ha gestionado el actual gobierno estatal, pues el 25 de abril de 2008, mediante el decreto 77, se le autorizó contratar un préstamo por $360 millones para la adquisición de tierras del ejido de Ucú, de los cuales a la fecha el gobierno estatal ha utilizado $343.4 millones ($240 millones en 2008 y $103.4 millones en 2009).

Ni parece que será el último: El 14 de septiembre pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Conago anunciaron mediante un comunicado de prensa la bursatilización de los recursos del Fondo de Estabilización (FEIEF) a fin de "potenciarlos". Estos recursos servirán de garantía para la obtención de deuda por aproximadamente $32 mil millones, de los cuales a nuestro Estado le corresponderán $505 millones. Esta operación es una obligación financiera de pago que adquieren los estados participantes y que se irá descontando de los recursos futuros que reciban de la Federación. Es decir, se trata de un nuevo crédito que estaría por adquirirse —faltaría que el gobierno de Yucatán suscriba el convenio con la SHCP, previa autorización de su Congreso— y que se agregaría al empréstito ya autorizado.

Su contratación no es tanto por la disminución de los ingresos...

Si bien durante el primer semestre del presente año los ingresos propios y los de origen federal de libre disposición fueron $649 millones menos de los originalmente estimados tal y como se observa en el Cuadro 4 —tomado del Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre 2009— para compensar esa baja en participaciones, dentro de los ingresos extraordinarios enviados por el gobierno federal al estatal, están incluidos $178 millones del Fondo de Estabilización (FEIEF) que son de libre disposición, $224 millones del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) para obra pública y $292 millones del Fondo de Apoyo al Desarrollo Regional también sin mayores "candados" para su ejecución (ver Cuadro 5). Estas cantidades suman $694 millones que con una adecuada planeación financiera hubieran compensado sin problema los $649 millones de libre disposición recibidos de menos y, por tanto, hacían innecesario algún financiamiento adicional por esta situación.

Pero aún hay más: a nivel global, el gobierno del Estado dispuso de casi $570 millones más de ingresos de lo originalmente estimado... ¿Problema de ingresos?

Como se aprecia en este cuadro tomado del Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas al 2º trimestre del 2009, el gobierno estatal obtuvo casi $570 millones de ingresos adicionales a lo estimado originalmente para el primer semestre del presente año... ¿era necesario un préstamo por esta supuesta "caída" en los ingresos?

Con una adecuada planeación financiera, la disminución en los ingresos propios y los de origen federal de libre disposición era fácilmente compensable con los recursos extradordinarios de FIES, FEIEF y del Programa de Apoyo al Desarrollo Regional, sin embargo el gobierno estatal optó por el endeudamiento...

...como por un irresponsable incremento de los egresos

Como se puede ver en el Cuadro 7, en los primeros 6 meses del presente año 5 dependencias prácticamente habían agotado su presupuesto de los 12 meses, y no sólo eso, 2 de ellas lo habían sobregirado ya 81% y 71%, respectivamente. En total, son 16 las dependencias que habían ejercido más de lo que su presupuesto acumulado al 30 de junio les autorizaba —considerando, inclusive, que los aguinaldos se prorratearan en los doce meses— lo que arroja que a nivel global a esa fecha ya se hubiera ejercido casi 61% del presupuesto, y que en pesos ya se hubieran gastado $1,824 millones más de lo que responsablemente correspondía.

No es nuevo que sea la Coordinación General de Comunicación Social la que más haya sobregirado su presupuesto anual en sólo seis meses. ¿Cuántos de sus prestadores de servicios publicitarios y de "cobertura informativa" no aplaudieron el empréstito con la promesa de que ahora sí podrán cobrar sus facturas atrasadas?

El Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas del segundo trimestre del 2009, en su página 15, justifica así esa situación: "El ritmo más rápido del ejercicio del gasto, en comparación con el que sugeriría una calendarización simple (50%), fue reflejo de varios factores. El de más peso es el compromiso incorporado en el Pacto Económico por Yucatán (PEY) de agilizar la ejecución del gasto público, a fin de mantener el nivel de empleo y la actividad económica..." Sin embargo, el sobregiro porcentual de la Coordinación General de Comunicación Social en primerísimo lugar del Cuadro 7 referido, así como el adeudo a proveedores por más de $500 millones —lo primero que se buscaría cubrir con el millonario crédito— desmienten categóricamente esa "elaborada" justificación.

Esta "agilización en la ejecución del gasto público" no abarcó todas las áreas ni todas las acciones que, en un momento dado, lo hubieran podido justificar. Así por ejemplo, por lo que se refiere a la influenza AH1N1, el gobierno estatal no ejerció ni un peso que no haya provenido de la Federación vía ingresos adicionales del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud ($10 millones) o de Ingresos Extraordinarios para la Secretaría de Salud ($398 millones), como es apreciable en los Cuadros 4 y 5, respectivamente, amén de que el programa de apoyo a empresas por esa contingencia fue operado por NAFIN sin participación alguna del gobierno del Estado.

Para cubrir los sobregiros señalados presuntamente se autorizaron $2,266 millones de ampliaciones presupuestales (ver Cuadro 8), que fueron sustentadas con los casi $570 millones de excedentes (obtenidos por encima de lo estimado) de ingresos del primer semestre del 2009, con $893 millones de remanentes de ejercicios anteriores (que, para efectos prácticos, fueron más recursos adicionales de los que dispuso el gobierno estatal este ejercicio) y con $803 millones (que en el cuadro referido del Informe Trimestral de las Finanzas Públicas del segundo trimestre del 2009 le llaman "Resto") que según el gobierno estatal provinieron de "la activación de las líneas de crédito de corto plazo previamente concertadas con la banca comercial" y que, por tanto, según la lógica del diputado Quintal Parra, se trataría de más deuda... Cabe mencionar que por no haber información al respecto, hasta ahora se desconoce(n) la(s) sesión(es) de la Comisión de Seguimiento del Ejercicio de los Ingresos Excedentes del Estado de Yucatán en la(s) que supuestamente se autorizaron estas ampliaciones.

El gobierno estatal destinó casi $2,266 millones como ampliaciones presupuestales para cubrir los sobregiros que el uso "eficiente y responsable" de los recursos públicos generaron sólo durante el primer semestre

El destino que se le dará contraviene el artículo 117 constitucional: A diferencia del crédito de $300 millones que el 28 de septiembre del 2006 le fue autorizado a la pasada administración para la realización de diferentes obras que en el decreto se relacionan —e inclusive del que le fue autorizado a la presente administración el 25 de abril del 2008 para contratar deuda hasta por $360 millones para adquirir tierras ejidales en Ucú— el decreto en el que fue autorizado el crédito hasta por $1,870 millones al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco plasma el destino del mismo de manera general al asentar que será "para inversiones públicas productivas", sin precisar de qué obras o acciones se trata ni cuánto se destinaría a cada una de ellas. Esta información, que, sobra decirlo, es de vital importancia, debió haber sido valorada por los diputados al aprobar el crédito. No fue así, lo que pudiera traducirse en una solicitud de juicio político por su negligente actuar.

A diferencia del polémico y millonario crédito autorizado al gobierno actual, el decreto por el que le fuera autorizado uno similar hasta por $300 millones al gobierno de Patricio Patrón Laviada ( y del cual únicamente se ejercieron $180 millones) contenía el detalle de la "inversión pública productiva" que se pensaba financiar con esos recursos

Por otro lado, el artículo 117 constitucional establece que los estados únicamente podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando éstos efectivamente se destinen a inversiones públicas productivas; sin embargo, aprovechando la ambigua e inconstitucional definición que de ese término contempla la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán reformada por los diputados locales el 24 de julio pasado, diversos funcionarios públicos estatales han señalado la intención oficial de que parte de los recursos del crédito se destinen al pago a proveedores, aguinaldos, "paripasos" y otros conceptos que claramente corresponden a gasto corriente, lo que de realizarse constituiría una clara violación a nuestra Carta Magna.

No podía ser más ambigua la definición de inversiones públicas productivas que nuestros diputados diseñaron en contradicción con la Constitución Federal, con la intención de abrir sin pudor alguno el posible destino de los empréstitos que se le autoricen al gobierno del Estado

De igual manera, ese artículo constitucional establece que las deudas contraídas sólo podrán ser hasta por los montos y conceptos que las legislaturas locales fijen anualmente en los respectivos presupuestos. En el caso que nos ocupa, el monto de endeudamiento autorizado en el presupuesto para este año es únicamente por $280 millones, por lo que obviamente no contempla este nuevo empréstito ni mucho menos refiere los conceptos —destino— del mismo.

Se comprometen las finanzas públicas de los próximos cuatro sexenios: Actualmente la deuda pública asciende a $503 millones, de los cuales $160 millones corresponden a un préstamo utilizado por el gobierno anterior para la realización de miles de acciones de vivienda y otras obras de reconstrucción en apoyo a las familias afectadas por el huracán Isidoro, empréstito por el que restan aproximadamente 3 años de pagos. Los otros $343 millones corresponden al monto ejercido del préstamo contratado por la presente administración para la adquisición de tierras en Ucú al que nos referimos antes, cuyo plazo máximo de pago es de 6 años, restando por tanto unos 4 años y medio de pagos.

Con el nuevo empréstito se pretende reestructurar estas deudas a un plazo de 25 años a fin de que la presente administración realice cómodos pagos, lo que implica transferir el costo de las acciones pasadas y la deficiente disciplina fiscal de la administración actual a las cuatro siguientes administraciones gubernamentales.

Hay que mencionar que el plazo de un crédito se estima por el tiempo de recuperación de la inversión o la vida útil del bien o beneficio de la acción a financiar. El presente crédito tendrá como destino el financiamiento de necesidades transitorias de recursos, por lo que el plazo del mismo no debiera exceder 3 años, tiempo que debería ser suficiente para enmendar las deficiencias administrativas que lo generaron.

A lo anterior hay que agregar que con el nuevo préstamo se afectarán en garantía hasta 30% de las participaciones federales, también por los próximos 25 años. Si consideramos que 27% de las participaciones que el Estado recibe están etiquetadas para los municipios, sólo quedarán "libres" 43% de las mismas, lo que evidentemente será un obstáculo para la contratación de otros empréstitos y un serio obstáculo para el desarrollo futuro de Yucatán. JECM