La semana pasada un empleado del Poder Judicial del Estado terminó en el hospital para ser atendido de una severa crisis nerviosa que sufrió -según dijo- por el intenso estrés a que está sometido en su centro de trabajo.

El afectado es Julio Ricardo Grajales Pavón, archivista del PJE desde hace casi 10 años e integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado y quien acusó a los magistrados de presionarlo a él y a muchos otros de sus compañeros, aunque no todos están dispuestos a denunciar por temor a represalias.

Explicó que los obligan a realizar labores que no les corresponde, por lo que descuidan su trabajo y si no terminan a tiempo les levantan actas, incluso los amenazan con despedirlos.

El pasado 25 de noviembre surgió un incidente con el actuario Abel Pamplona, quien lo acusó ante el abogado Raúl Cano Calderón, titular del Juzgado Segundo Mercantil, de haber tomado un documento importante.

Ante esta situación, el trabajador fue llamado al despacho del juez, donde fue severamente interrogado durante poco más de una hora y se le advirtió que se le fincaría responsabilidad penal si el documento no aparecía.

Grajales Pavón negó en todo momento la acusación en su contra, pero ante la presión y las amenazas comenzó a sentir dolores de cabeza y en el pecho, se le alteraron los nervios, la presión le bajaba y subía, empezó a vomitar y a final de cuentas se desmayó, por lo que sus compañeros del sindicato pidieron una ambulancia y lo trasladaron al IMSS del fraccionamiento Juan Pablo.

En el documento, del cual se hicieron llegar copias al Lic. Angel Francisco Prieto Méndez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Congreso del Estado y a la misma gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, explican que su petición obedece a las constantes alzas en alimentos, ropa, medicamentos, educación y transporte.

De igual manera, solicitaron que el impuesto sobre la renta que se genera en términos de las disposiciones fiscales aplicables, en relación al aguinaldo y demás gratificaciones que percibirán este año y los siguientes, sea cubierto por el Poder Judicial del Estado, para no infringir el principio de equidad tributaria contenida en la fracción IV artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el contrario significaría una atenuante a nuestras percepciones.

—Esta medida no sería inédita -aclaran- pues ha sido aplicada a los empleados de la Administración Pública Federal.

—La situación económica es deplorable, por lo que pedimos se tomen en cuenta nuestras peticiones en el siguiente presupuesto del Poder Judicial del Estado, etiquetando el recurso para que sólo pueda ser usado en el aumento a los trabajadores, reflejándose realmente en su sueldo base y no en prestaciones, como ha ocurrido anteriormente.