Con la aparente "complascencia de las autoridades judiciales del Estado que le facilitaron las cosas a un presunto delincuente", dos yucatecos fueron despojados de una propiedad de 345 hectáreas que adquirieron hace tres décadas y que, a precios actuales, tiene un valor estimado en $100 millones por su cercanía con nuevos desarrollos habitacionales, la planta de agua potable Mérida IV y el frustado proyecto de la nueva terminal aérea internacional.

Los afectados son el empresario Pedro Manuel Rosado Reyes —radicado en Los Angeles, California desde hace 42 años— y su socio y apoderado, Dr. Tomás Díaz Echeverría, quien en amable entrevista con este semanario recordó que el despojo ocurrió hace casi año y medio cuando un grupo de hombres armados al servicio de Guy Boyancé Cervera, tomó violentamente el predio y sacó a sus pocos trabajadores sin mediar orden de juez ni notificación oficial.

Lo anterior dio pie a la averiguación previa 1339/6a/08 que interpusieron los legítimos propietarios del predio y quienes a lo largo de 17 meses, junto con su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea —Procurador de Justicia durante la administración de Víctor Cervera Pacheco— han tenido que sortear, incrédulos, los numerosos obstáculos que, inexplicablemente, les han puesto las autoridades judiciales y ministeriales, todo ello en beneficio de Boyancé Cervera.

El asunto ha llegado ya a los tribunales federales y se espera una resolución a principios de 2010. En tanto, los afectados han interpuesto otra denuncia en la Agencia 32 del Ministerio Público debido a que en el proceso que se inició con la 1339/6a/08 "se ejercitaron acciones deshonestas y de colusión de funcionarios con particulares".

El predio en disputa es el rancho Chacsiniché marcado con el tablaje catastral 9797, enclavado en los linderos ejidales de Hunucmá, Ucú y Mérida. De acuerdo con mapas de la región, ese rancho también sería afectado por el proyecto carretero Mérida-Celestún que pasaría a espaldas de Ciudad Caucel, Ucú y Hunucmá.

Una amplia lista de sucesiones entre el propietario original, que data de 1907, complica la historia del predio. En 1963 aparece como posesionario Enrique Ancona Capetillo y a fines de los 70, cuando fallece, se lo deja a su viuda, quien a su vez se lo cedió a su hija Flor Eloísa Ancona González, quien en 1979 se lo vende a Rosado Reyes y Díaz Echeverría.

Guy Boyancé Cervera —casado con María Eugenia Ancona González, hermana de Flor Eloísa Ancona Gonzáez— intenta años más tarde hacerse de las tierras para su esposa, pero al carecer de la documentación original legal, decide hacerlo por la fuerza, después de 2 intentos previos con trucos que no funcionaron. Aunado a ello interpuso una denuncia en la Agencia 35 del Ministerio Público —aparentemente con absoluto conocimiento de demanda con falsedad— argumentando que es a él a quien se le quiere despojar de su predio.

Díaz Echeverría asegura que al carecer de documentación original, Guy Boyancé se "fusiló" planos municipales, estatales y del RAN para formar su propio expediente y crear un tablaje catastral falso: el 914.

—Nos copiaron las colindancias, el levantamiento topográfico del tablaje 9797 y arman un expediente en el Catastro con base en nuestro estudio topográfico realizado hace muchos años, para darle "vida" al tablaje 914 que no existía -enfatizó.

La defensa de Rosado Reyes y Díaz Echeverría explicó que solicitaron que a la denuncia de Boyancé Cervera se le acumulara la de ellos que es más antigua, como la contempla la ley y se empezó a integrar la averiguación. Las primeras sospechas de que algo andaba mal surgieron cuando les empezaron a negar información y ni siquiera la titular de la agencia podía acceder al expediente por los medios electrónicos porque "tenía candado", por lo que tuvieron que ampararse para ver el expediente.

Mediante acciones legales simuladas, utilizando la figura de "sentencia de prescripción positiva" en el que se le declara propietario del predio 914, Guy Boyancé pide que se levante el aseguramiento del predio y en virtud de haber acreditado ser el propietario legítimo solicita a las autoridades se le entregue.

—En forma por demás sorprendente -afirma Díaz Echeverría- la autoridad levanta el aseguramiento y se lo entrega al indiciado y presunto responsable del delito de despojo, Guy Boyancé.

—Por si fuera poco -continuó- las autoridades también decretan el no ejercicio de la acción penal en ese expediente, cuando ni siquiera se había terminado de integrar la averiguación, ya que estaban pendientes testimoniales por recibir; una inspección ocular e informes de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que acudieron en auxilio al predio en los tres intentos de despojo.

—También estaban pendientes de recibirse informes solicitados al Registro Público de la Propiedad y al Catastro para que manifestaran el historial, la ubicación y la realidad para poder identificar el predio y determinar si se trataba del tablaje 9797 o del 914... Todo eso "le valió" a la autoridad y a fuerza cerraron el expediente, en una muestra de abuso de autoridad y poder —aseguró indignado Díaz Echeverría.

Los quejosos acuden entonces con el ahora ex Procurador, José Guzmán Pacheco, quien le asegura a Echeverría Bastarrachea que apenas la noche anterior se enteró del problema, pero que no se preocupara porque él tenía la razón jurídica y aunque le costaría un poco más de trabajo, iba a ganar el caso.

Al respecto, Echeverría Bastarrachea comenta: "ésa no debe ser la actitud de la autoridad judicial, cuya función constitucional es investigar y perseguir los delitos. Si no investigas, pues no tienes por qué perseguir, pero si te coludes con los delincuentes, pues con mayor razón ya no persigues".

Los quejosos interpusieron un recurso de revisión administrativo para que el Procurador revisara si el expediente estaba listo para poderse dictar el no ejercicio de la acción penal o faltaba realizar actos de investigación de integración del expediente.

La autoridad tenía 10 días para responder, pero transcurrieron más de dos meses y no lo hizo, sino hasta que la parte demandante amenazó con ampararse por no darle una solución. El dictamen sólo confirmó el no ejercicio de la acción penal, por lo que los quejosos se amparan contra esa confirmación.

No obstante, el juez federal también sorprende a los quejosos al afirmar que no tiene personalidad.

Díaz Echeverría considera que el Juez de Distrito no estudió el problema porque al decir que no tiene personalidad es porque a Guy Boyancé le devolvieron el predio 914, pero el que a él le quitaron es el 9797, el mismo que le dieron a Guy Boyancé como si fuera el 914 ¿Qué es lo que pasa... si yo tengo la posesión por qué me la quitan para entregársela a otro que no la tenía?

Por cierto, el director del Grupo Bepensa, Juan Manuel Ponce Díaz, aparece ahora como posesionario del predio en disputa.

El Dr. Díaz Echeverría dijo que está pendiente de resolverse el recurso de revisión que se interpuso en contra de la resolución del amparo, que debe resolver el Tribunal Colegiado Especializado en Materia Civil y Administrativo, lo cual debe ocurrir a principios del próximo año.

—Creo que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde -añadió- y aquí veo que al gobierno no le preocupa que se tenga confianza en la impartición y administración de la justicia; esto para el gobernado es alarmante porque se ha perdido confianbilidad, certeza y seguridad en nuestras propias autoridades.

Por último, comentó que resulta peligroso mandar el mensaje de que en el Estado no hay garantías para invertir porque en cualquier momento te puedan quitar una propiedad, como les está sucediendo a ellos.