SAO PAULO, Brasil, 12 de agosto.- El gobierno de Dilma Rousseff pretende obligar a Google y a Facebook a trasladar sus bases de datos y las informaciones de sus ciudadanos a Brasil. Con ello, quiere someter a los gigantes de Internet a su legislación y captar inversiones millonarias, según explicó el ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo.

La iniciativa sería también una respuesta al episodio de espionaje, revelado por Edward Snowden, en el que Brasil habría sido blanco prioritario de los estadounidenses.

“Los datos [de esas empresas] tienen que almacenarse en nuestro país. Creemos que es necesario que cuando nuestra justicia determine el acceso, estén sometidos a nuestra legislación. Hubo una ocasión en la que la Justicia Federal determinó que Google facilitase el acceso al email de una persona acusada de tráfico y de blanqueo de dinero y la empresa se negó. Eso nos deja vulnerables”, expone el ministro desde Brasilia.

Bajo su legislación, Bernardo defiende también que los usuarios podrían recurrir judicialmente en el caso de que sus informaciones se usen indebidamente, pero lo cierto es que Brasil aún no tiene una ley sobre privacidad.

La decisión ya ha provocado los primeros roces entre gigantes. Google, con sede en el país desde el 2005, se opone a cambiar el lugar de almacenamiento de datos de los brasileños. La empresa de California argumenta que la exigencia del Gobierno puede limitar el acceso de los brasileños a los servicios de compañías extranjeras de internet, según recogió el diario Folha de S. Paulo.

Google defiende también que la obligatoriedad de almacenar los datos en Brasil, cuarto mayor mercado de telecomunicaciones, implicaría grandes costes. Facebook, con sede en el país desde el 2011, evitó posicionarse sobre la iniciativa.

El Gobierno mantiene que la exigencia, además de proteger a los usuarios, atraería nuevas inversiones y supondría un importante ahorro en la cuenta que Brasil paga por sus conexiones centralizadas en los EE.UU- -650 millones de dólares anuales-. “Google va a facturar 2,500 millones de dólares este año sólo con publicidad. ¿Por qué se quejaría?", dijo Bernardo en una rueda de prensa.

Varios especialistas consultados, sin embargo, se oponen frontalmente a la imposición. Critican que el Ejecutivo no tenga una planificación para afrontar la era digital y que esto no es más que un amago de dar respuesta al caso de espionaje, hasta ahora considerada tímida.

“El ministro ha adoptado un tono casi nacionalista atacando la hegemonía de Estados Unidos. La propuesta es ineficaz desde el punto de vista de la privacidad y de la protección de datos. Si la empresa matriz está en los EE.UU., seguirán bajo su legislación y esta obliga a esas empresas a entregar información a las agencias de seguridad americanas cuando lo soliciten”, explica Sérgio Amadeu, profesor de la Universidad Federal de ABC y miembro del Comité Gestor de Internet, que integra las iniciativas de los servicios de internet en Brasil.

Brasil perdió este año frente Chile la oportunidad de albergar el primer centro de procesamiento de datos –data center- de Google en América Latina. Es el ejemplo que los especialistas citan para exigir al Gobierno más competitividad y superar el llamado “coste Brasil”, la enorme carga tributaria. “Brasil es el país más caro para la construcción de un data center”, afirma Nelson Worstman, de la Asociación Brasileña de Empresas de Tecnologia de la Información y Comunicación (Brasscom), fuente que Google indicó. “En Argentina costaría 46 millones de dólares su construcción; en Colombia 44 millones. ¿Quién va a querer traerlo a Brasil cuando cuesta 61 millones de dólares?”, se pregunta Worstman. El especialista apuesta por acuerdos bilaterales para conseguir los objetivos del ministro.

La Constitución de Internet

La polémica medida se incluirá en el Marco Civil de Internet, la llamada Constitución de la red que debe votarse este mes en el Congreso. El proyecto era revolucionario en el sentido de que diseñaba un marco legal para garantizar la privacidad, la neutralidad de la red -navegación sin restricciones ni alza de precios dependiendo del tipo de dispositivo o de información– o la protección de datos, pero lleva dos años sin salir del papel. Ha sido ahora, tras el caso del espionaje, que el gobierno de Brasil ha decidido que debe ser prioritario.

Uno de los impulsores del Marco Civil y profesor de la Fundación Getúlio Vargas, Ronaldo Lemos, mantiene que tener los datos en Brasil no significa nada. “Los datos pueden estar en cualquier lugar del mundo, lo que necesitamos es tener acuerdos bilaterales que permitan el acceso,” dice Lemos. El profesor califica de “desacertada” la idea del Gobierno porque no resuelve la cuestión de la privacidad.

“La manera de atraer data centers aquí es teniendo una estructura jurídica adecuada. Sin la aprobación del Marco Civil hay una gran incertidumbre respecto a la responsabilidad de esos datos. No tenemos una ley que aborde la privacidad. En la práctica, tenemos jueces que dicen que puedes solicitar datos con una orden judicial y otros defienden que no, que es la propia policía quien tiene autoridad para reclamarlos”.

Ante la oposición en bloque, este periódico consultó al gabinete de comunicación del ministerio de Comunicaciones si conocía algún experto que defendiese su postura. “No tenemos a quien indicar”, respondió. (Agencias)