Ricardo Andrade Jardí

Nada peor para construir una cultura democrática que apostar por el silencio o la censura del Estado. Ningún beneficio hay en ocultar la legitima protesta social y hacerlo como política es impulsar que la protesta busque formas más radicales para hacerse escuchar.

No conviene gobernar escuchando los chantajes de empresarios rapaces y desoyendo las demandas de grandes sectores sociales, que saben, que los chantajes empresariales, son una amenaza latente a sus bolsillos, los argumentos falaces, "de que el costo actual del servicio es muy bajo y no alcanza para operar el bien público, como los expresados por los concesionarios, del trasporte público de Mérida, debería ser suficiente para quitarles la concesión, ya que tampoco están obligados a continuar ofreciendo un servicio si consideran que no es un buen negocio.

Las demandas de una gran parte de los estudiantes yucatecos, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, por transparentar la pretendida credencialización que les permita seguir gozando a todos los estudiantes de un descuento en la tarifa, de suyo muy elevada para la calidad pésima del servicio que los privados empresarios ofrecen. La credencialización, que de hecho se tiene en la credencial expedida por las escuelas, y que no tiene porqué volver a hacerse, es doblemente inaceptable que sólo se haga para algunos de los estudiantes: los más pobres. Los más pobres según un estudio socio-económico que valora la pobreza en función de la cantidad de focos o aparatos electrodomésticos que se tenga en un hogar determinado. Y, peor aún resulta el argumento de que "hay estudiantes que parece que pueden pagar más", esgrimido por los empresarios que prestan el servicio.

El descuento no debe estar en función de la clase social del estudiante sino en la calidad misma de ser estudiante.

Si como intentan torpemente argumentar, que se trata es de crear una "tarjeta inteligente". Lo que quiera decir eso. No hay razón para un estudio socio-económico. Puesto que si el beneficio será igual para todos los estudiantes debe bastar con el comprobante que demuestre que el sujeto en cuestión está matriculado en una escuela pública o privada.

La alerta que ha obligado a una buena parte de los estudiantes yucatecos a constituir el Comité General de Estudiantes, es el hecho de que los voceros del gobierno estatal afirmen que se otorgarán tan sólo 70 mil credenciales, cuando se calcula que la matricula de estudiantes con derecho al descuento son más de 100 mil.

El sábado 23 de enero del 2010, cientos de estudiantes acompañados de padres de familia, jubilados y pensionados, así como con el solidario apoyo de diversos movimientos sociales, salieron a las calles de Mérida, para seguir informado sobre el porque de su resistencia a la credencialización y a la discriminación que, supone, cuando menos, la forma de querer implementar esa credencial inteligente, así como de las negativas a ser escuchados por el gobierno estatal, al tiempo que se les abren los espacios a las federaciones de estudiantes de las escuelas publicas, denigrando, una y otra vez, a los jóvenes que se organizan al margen de esas federaciones presumiblemente ligadas a los diferentes partidos políticos y que en la práctica, basta con darse una vuelta por cualquier facultad de la UADY para ver cómo, carecen de una representatividad real esas federaciones.

La lucha, en realidad, va más allá de los estudiantes y de la credencialización. El movimiento que crece cada día tiene que ver también con el pésimo servicio que los concesionarios ofrecen, además de ser uno de los más peligroso y caros de México y en el que el usuario se ve obligado a recibir sistemáticamente un trato denigrante por parte de los imprudentes chóferes que causan más del 40% de los accidentes automovilísticos de la ciudad de Mérida (conservadoramente hablando), mientras gozan de una absoluta IMPUNIDAD, por parte de la autoridad, sin importar el color del partido en el gobierno estatal, que está siempre dispuesto a "ajustar" el costo del pasaje, a aumentarlo en realidad, pese a las miles de quejas que los ciudadanos expresan sobre el mal servicio del transporte público concesionado.

No es un buen augurio, ver en vísperas de elecciones, a un gobierno, que lo mismo promulga leyes contra los derechos de la mujer o contra la diversidad sexual, al tiempo que intenta una ley mordaza contra la protesta social ante un acto que supone la discriminación de un sector social. Callar o ignorar como política de Estado la legitima defensa de un derecho es una forma también de violencia, lo que nos aleja abismalmente de una sociedad plenamente democrática.

El sábado 23 de enero cientos de estudiantes yucatecos tomaron de forma simbólica la Plaza Grande de Mérida para anunciar, una vez más, su rechazo a lo que consideran un acto discriminatorio y sobre todo para hacer patente su rechazo a la majadera forma con la que se pretenden ignorar sus demandas.

La sociedad yucateca tiene derecho a conocer todas las versiones del hecho y no sólo la que convenga a los intereses creados de grupos de poder económico o político, apoyados en las mafiosas federaciones estudiantiles, dispuestas a organizar novatadas y banalidades, pero siempre tan ausentes cuando se trata de defender los derechos estudiantiles.

¡Hoy más que nunca Estudiantes Tod@s!