Dip. Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado.

—No está claro cómo se está llevando a cabo este proceso de regulación porque hasta donde sabemos no se han liberado los títulos de propiedad a los ejidatarios... Entonces ¿qué está comprando el gobierno? -se preguntó.

La legisladora ya presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y a fines del año pasado envió un escrito al Presidente Felipe Calderón explicándole el problema y pidiéndole que se abra una investigación al respecto.

—¿Cómo es posible que el Ejecutivo estatal haya utilizado prácticamente todo el crédito autorizado para pagar unas tierras de las que no tiene la propiedad? ¿Qué compró y cómo está acreditando la compra? —insistió la legisladora.

—Yo pedí información directa a la Secretaría de Gobierno y no me han contestado y un ciudadano lo solicitó a la Unidad de Acceso a la Información y le fijaron un plazo de seis meses para que se la proporcionen —enfatizó.

Documentos de la Conafor confirman que las tierras ejidales de Ucú son eminentemente forestales.

El proyecto, denominado Plan Maestro Ucú y dado a conocer en 2008 por la entonces directora de la ya desaparecida Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), Angélica Araujo Lara -actual candidata del PRI a la alcaldía de Mérida- incluirá la construcción de 56,880 viviendas.

También se prevé la edificación de 16 mercados, dos centros comerciales (Issste), una farmacia (del Issste), 20 tiendas de autoservicio, 12 plazas de usos múltiples para mercados sobre ruedas, un almacén y una unidad de abasto al mayoreo.

El ejido de Ucú vendió 3,012 hectáreas a la Cousey, a razón de $100,000 por hectárea, en beneficio de 256 ejidatarios con derechos agrarios y reconocidos en el padrón ejidal.

Ahora se habla de que la venta global fue de 3,593 hectáreas por las que el gobierno del Estado habría pagado poco más de $370 millones. Hasta ahora cada campesino ha recibido poco más de un millón de pesos y se sabe que a los ejidatarios les queda, al menos, un pago pendiente de unos $80,000 por persona, lo que ha generado molestia porque, al parecer, se los están reteniendo hasta que estén más próximas las elecciones de mayo.

En su escrito al Presidente Calderón, en noviembre ppdo., la diputada Gamboa Wong relata que en abril de 2008 el Congreso del Estado le autorizó al Ejecutivo estatal la contratación de un crédito por $280 millones para la compra de unas 3,000 ha en Ucú con el propósito de ampliar su reserva territorial.

Parte del documento que la diputada Gamboa Wong envió al Presidente de la República para informarle de las presuntas irregularidades que se cometen en el ejido de Ucú

—La intención de llevar a cabo la regularización de terrenos ejidales a favor del gobierno del Estado llama la atención -afirma la legisladora- aún más cuando son tierras eminentemente forestales, violando con esto el Artículo 59 de la Ley Agraria, que a la letra dice: "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales".

—Por lo anterior -continúa el escrito al Primer Mandatario- solicito que se abra una investigación para determinar:

1.- Qué polígonos se pretenden regularizar a favor del gobierno del Estado, en particular del municipio de Ucú.

2.- Si se han realizado visitas de campo por la Conafor y la Semarnat para emitir dictamen relacionado con las tierras en comento.

3.- Si se emitieron dictámenes de la autoridad correspondiente, es decir, la Semarnat, para determinar si son o no bosques o selvas tropicales.

4.- Si existe algún proceso de registro ante el Registro Agrario Nacional para regularizar el polígono de referencia y si en este proceso se ha verificado el cumplimiento de las normas agrarias y forestales.

Entrevistada en sus oficinas del Congreso, la diputada Gamboa Wong dijo que de las indagaciones realizadas se sabe que tanto la Conafor como el Inegi tienen registros y plenamente documentado que las tierras del ejido de Ucú son eminentemente forestales.

—¿Cómo es posible que el gobierno del Estado esté comprando tierras para desarrollar proyectos urbanos en zonas que prohíbe la ley? -insistió.

Comentó que aunque cada campesino ha recibido poco más de un millón de pesos, las tierras en cuestión valen muchísimo más.