Unos $300 millones por ciclo escolar en todo el estado, el estimado de lo obtenido por inscripciones, ventas, rifas y tiendas escolares

La Asociacion Estatal de Padres de Familia del Estado de Yucatán denuncia colusión de la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) con las escuelas públicas que "exprimen" a los padres para solventar gastos de los planteles y personales.

Gastos personales del director, como tarjetas para teléfono celular, la celebración del "Día del Maestro", el pago de suplencias o de agua potable e incluso la construcción de una bodega son algunos de los usos que directivos de escuelas públicas en Yucatán dan al dinero que ilegalmente "recaudan" de los padres de familia, quienes al desconocer sus derechos son exprimidos por los planteles donde sus hijos estudian, aseguró la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Yucatán (Asepafay) y secretaria de la mesa directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia A.C (FENAPAF), Paula Lira Moguel.

Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Yucatán (Asepafay) al término de la entrevista.

Agregó que lo peor de todo esto es que algunos padres de familia, integrantes de esta mesa directiva, se prestan al juego de directivos y docentes por desconocimiento, complicidad o conveniencia, aunque con eso estén pisoteando los derechos de otros padres.

Estimo que por cada ciclo escolar los directivos de las escuelas públicas —desde preescolar hasta telesecundarias, educación indígenas y Centro de Atención Múltiple (CAMS) de todo el estado— recaudan de manera ilegal unos $300 millones, cuyo destino específico se desconoce porque los directivos se niegan a dar cuentas de ese dinero.

—La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) les da el permiso para actuar con toda la impunidad posible con la única condición de que las escuelas no le pidan a esa dependecia recursos para mantenimiento ni para mobiliario u otros gastos de la escuela.

—Pero si la SEGEY no les está dando ni un peso a las escuelas públicas, ¿dónde está ese dinero que supuestamente se destina a la educación? ¿En qué lo está gastando el gobierno estatal?

Denunció que a pesar de que ha documentado sus quejas sobre las irregularidades con las que actúan directores, maestros e incluso integrantes de la mesa directiva de padres de familia y ha pedido a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco que tome cartas en el asunto, no han recibido respuesta alguna.

Señaló que también han denunciado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) sobre esos atropellos de cobros ilegales como inscripciones o preinscripciones y la recaudación de dinero de ventas y rifas realizadas por padres de familia a orden de las escuelas, pero no pasa nada porque esa instancia también trabaja a favor del gobierno estatal.

—Con este panorama de complicidad, los directivos hacen del dinero que le sacan a los padres un auténtico botín, una mina de oro.

Destacó que el papel de la SEGEY también deja mucho qué desear, pues no sólo le ha negado el paso a las escuelas para que informen a los padres de sus derechos para que no sean manipulados o amedrentados, sino que también ha creado confusión respecto a la Asociación de Padres de Familia al hacerles creer que sólo pertenecen a ella si deciden afiliarse.

Aclaró que sólo por ser padre de familia sus derechos son velados por la asociación a su cargo.

—Además, la SEGEY ha puesto a una funcionaria de la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE) [Jesús María Hernández Cámara] como supuesta presidenta de la Asepafay haciéndola pasar como la verdadera presidenta de la asociación, lo que es totalmente falso.

—La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, María Aurora González Tejeda de Rosas vino a Yucatán el mes pasado a ratificar que la única y verdadera presidenta de la Asociación de Padres de familia soy yo.

Explicó que a la SEGEY le conviene crear esta confusión para que los padres no sepan a quién acudir, aunque su verdadero objetivo, es hacer creer que todas las denuncias son en realidad quejas de padres "conflictivos" y no ilegalidades de las escuelas públicas.

Secuestrada en la escuela por pedir cuentas a la directora

Durante la entrevista, efectuada en las instalaciones de Artículo 7, la Sra. Paula Lira recibió una llamada de la Sra. Juanita Ix Chin, quien denunció que había sido retenida a la fuerza por la directora del preescolar "Nuevo Amanecer", en la Nueva Mulsay, por pedirle cuentas.

La Sra. Carballo dio a conocer a Artículo 7 que acudió a la escuela a una reunión supuestamente convocada por la mesa directiva de padres de familia, pero que al llegar sólo estaban las maestras.

—De todas maneras, la tesorera Martha Graciela Carballo Carcaño y yo quisimos entregarle a la directora un escrito en que le solicitabamos que el dinero recaudado por las ventas y rifas hechas por nosotros los padres de familia desde septiembre pasado -unos $3,000 o $4,000- le fueran entregados a la tesorera, como corresponde. Pero ni la presidenta de la mesa directiva, Rubí Flores Cauich, ni la directora, Alejandra Rog Granado, quisieron aceptarnos el escrito.

Agregó que la directora tampoco las dejó salir de la escuela por haberse atrevido a pedirle cuentas claras del dinero, aunque la directora dice que éste va a utilizarse para la construcción de una bodega.

Las escuelas, verdaderos comercios

Al respecto, la Sra. Paula Lira precisó que en ese preescolar se recaudaron unos $8,000 pesos, de los cuales una parte se utilizó para pintar un salón y comprar alimentos para una reunión de directores que se realizó ahí, todo, sin conocimiento ni aprobación de los padres de familia; y que lo restante es lo que quiere utilizar para la construcción de una bodega.

El desconocimiento de los padres de familia sobre sus derechos los hacen víctimas ideales para directivos y docentes que les piden dinero injustificada e ilegalmente.

—Que quede claro, los padres de familia no tienen por qué pagar un peso por preinscripciones o inscripciones, ni tampoco por el mantenimiento de la escuela o la compra de mobiliario. No pueden obligarlos a hacer ventas de alimentos o rifas porque todo eso es ilegal. Ni siquiera hay recibos o papeles que certifiquen cuánto dinero están recibiendo.

Manifestó que cuando los padres se atreven a pedir una auditoría los directivos les dicen que la SEGEY se encarga de hacerlo, lo cual es una mentira porque no es dinero que ingrese de manera legal y por lo tanto, no hay motivo para hacerlo.

—Las escuelas públicas están aprovechándose del desconocimiento de los padres de familia de sus derechos para convertirse en un verdadero comercio.

Como ejemplo, citó el caso de la secundaria "Eduardo Urzáiz Rodríguez" en el que se cobro mil pesos por inscripción.

—Y la gente lo paga porque no quieren que a sus hijos les pase lo que a muchos de ellos que por no tener dinero para pagar esa inscripción no pudieron estudiar.

Por otro lado, informó que las famosas "tiendas o tienditas escolares" que funcionan en las escuelas primarias públicas de Yucatán lo hacen sin ningún fundamento legal, ni control, como si fueran comercios clandestinos que trabajan a la vista y con anuencia de la SEGEY.

Indicó que de acuerdo a la Ley General de Educación Artículo 14, lo único que se permite son las cooperativas escolares, que según ese documento, su objetivo es que al término del ciclo escolar el dinero recaudado por esa forma sea devuelto a los estudiantes en porcentajes iguales, ya que ellos son los socios de la cooperativa.

—Aqui la llamada cooperativa es una tienda manejada por los maestros y directivos, quienes se quedan con el dinero; lo cual va encontra de lo que dice la ley.

Explicó que al dedicarse los maestros a la atención de las "tienditas escolares" violan la Ley de Educación del Estado de Yucatán en su artículo 34 al abandonar sus aulas para realizar comercio en la escuela, comercio que les está prohibido realizar de acuerdo al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán en su artículo 59 inciso III.

—Un ejemplo de esta situación es la Escuela Primaria Estatal 48 "Ignacio Zaragoza" en la Cortés Sarmiento y cuyo director, José Alfredo Canché Rodríguez utiliza la mayor parte de lo que recauda en la tienda escolar en convivios para él y los docenes, pago a supervisora de zona, pago a intendente para ir por la nómina, agua, tarjetas de celular para él y suplencias cuando faltan los docentes.

Además, esta persona obligó a padres de familia a comprar libros guía, vendidos en la misma escuela cuando la única forma de que los alumnos tengan que adquirir un libro que no sea el gratuito es que la sea a través de una autorización de la autoridad federal a la escuela.-

—El secretario estatal de Educación Raúl Godoy Montañez sabe de esta situación, pero no ha hecho nada por solucionarla.

La Sra. Lira Moguel dijo que para erradicar la corrupción y la impunidad en las escuelas públicas los padres de familia bajo ninguna circunstancia deben firmar informes económicos, documentos u hojas que les den las autoridades [directores, docentes y también integrantes de mesas directivas], ya que con eso pretenden "legalizar" las irregularidades, arbitrariedades y abusos en los que incurren y hacer creer que los padres entregaron "voluntariamente" el dinero, autorizaron y están enterados de su aplicación.

—Ló que en realidad están haciendo es pisotear los derechos de los padres, solapados por el gobierno del Estado que todo ello suceda en total impunidad.

Finalmente, alertó a los padres sobre una práctica en las escuelas en la que los maestros y directivos les piden que firmen un documento en el que exoneran y quitan responsabilidad a la escuela en caso de su hijo o hija salga lesionado o muerto durante las clases.

—No firmen y no permitan que los intimiden, haganlo por el bien de sus hijos. L.I.