El gobierno no puede acreditar manejo de $360 millones para adquirir terrenos

En 2007, Felipe Enriquez Hernández fue el artífice en la tarea de recaudar sustanciosos fondos para llevar a Ivonne Ortega Pacheco a la gubernatura del Estado de Yucatán. Enríquez Hernández es hoy diputado federal por Nuevo León y delegado especial del PRI en Yucatán. Su especial encargo es hacer ganar "cueste lo que cueste" y obtener para Angélica Araujo Lara la presidencia municipal de Mérida.

En 2007, el diputado neolonés recibió instrucciones del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto para realizar —con la ayuda del gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto— lo necesario para acumular grandes cantidades de dinero. Para ello fueron convocados varios empresarios, en especial los del ramo inmobiliario que originalmente operaban en el estado de Quintana Roo y en menor grado en Yucatán. Se buscaba que hicieran importantes aportaciones económicas para financiar los gastos de campaña que llevaron a Ortega Pacheco a la gubernatura de Yucatán.

Para los inversionistas inmobiliarios que no se convencían fácilmente, Enriquez Hernández diseñó un mecanismo mediante el cual recuperarían su inversión, con creces, una vez que Ivonne Ortega llegase al poder.

El modelo se materializó en "el" gran Proyecto de Vivienda de Ucú: el plan sería el pretexto para comprar, mediante remate, las tierras de ejidatarios, pagándoles un precio muy inferior al valor futuro, con dinero del erario público. Luego la tierra sería vendida a precios preferentes, muy por debajo del precio comercial —pues ya incluiría inversiones en infraestructura urbana realizadas por el gobierno estatal— a los "empresarios" que aportaron dinero para la campaña a la gubernatura de Ivonne Ortega, o bien, a quienes se comprometieran a hacerlo ahora, por la candidata del PRI a alcaldesa.

La operación que al final dejaría cuantiosas ganancias, serviría no sólo para que el empresario recupere lo invertido en la campaña, sino para que puedan seguir financiando nuevas campañas políticas en Yucatán, en la Península y aún fuera de ella.

Felipe Enríquez Henández, quien se desempeña ahora como delegado del PRI en Yucatán, por poseer el "know how" ("cómo hacerle") en la compra-venta de tierras ejidales, opera el proyecto como un plan global y cíclico a nivel nacional, en varios estados del país.

Diputada Patricia Gamboa Wong, exige se informe sobre los $360 millones prestados para la compra de tierras en Ucú.

"Filete de tierra" para los inmobiliarios

La ejecución o implementación del Proyecto de Ucú tiene dos vertientes: la oficial y la no oficial.

La versión oficial consistió en que el gobierno de Ivonne Ortega obtuvo un cuantioso crédito para adquirir 3000 hectáreas de tierra ejidal, para luego venderla ya con un proyecto y desarrollo a precios preferentes a los "inversionistas" —que, por cierto, serían privilegiados. El proyecto fue elaborado por el Gobierno del Estado y el Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY), entonces encabezado por Angélica Araujo Lara. Se le dio el nombre de: "Plan Maestro Ucú".

Por otro lado, la versión no oficial consistió en la compra a ejidatarios de otras 600 hectáreas de tierra que se ubican en el centro del terreno —entre el "Plan Maestro de Ucú" y otra zona de proyecto urbano ya en desarrollo desde el sexenio anterior, denominada "Ciudad Caucel".

El filete de "en medio" (entre Ciudad Caucel y los terrenos del Plan Maestro de Ucú) es un sector de tierras que fue pagado simultáneamente a los ejidatarios a partir de información privilegiada —conociendo, con antelación, el Plan Maestro de Ucú antes de que se hiciera público— con fondos del grupo de empresarios-políticos del país, cuya coordinación se le encargó a Felipe Enríquez Hernández como punta de lanza del proyecto Salinas-Peña Nieto. Se estima que solamente el valor de estas tierras puede generar entre 500 y 1000 millones de pesos de utilidad para los "inversionistas".

Llama mucho la atención que la porción de tierra más cercana a Mérida —en donde están las calles y vías de comunicación y la mayor parte de los servicios de infraestructura urbana— no fue la pagada por el Gobierno del Estado a través del IVEY, sino que "se las dejan" al grupo "privado" no oficial —a pesar de que el Gobierno tuvo primero la Asamblea para definir la parcelación con los ejidatarios y sólo posteriormente se efectuó la del grupo "privado". Esta valiosa porción de tierra, comprada y una vez regularizada, sería objeto de proyectos de vivienda con una consecuente plusvalía muy especial. Una vez incrementado el precio sería vendida, nuevamente, obteniendo jugosas ganancias que alcanzarían para pagar a los que hicieron —mediante su dinero— que Ivonne Ortega llegara a la gubernatura y de la misma forma obtener nuevos fondos para las próximas campañas políticas, aquí y en otros estados del país. Claro que los inversionistas y los políticos allegados al gobierno estatal se quedarían con una buena tajada del "pastel".

Angélica Araujo Lara fue la encargada de realizar el plan para la obtención de tierras en Ucú

Plan Maestro Ucú: vía oficial y no oficial

La arquitecta Angélica Araujo Lara, en aquel entonces Directora del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, fue la encargada de la obtención de tierras por la "vía oficial". Quien dio el soporte jurídico fue la abogada Carmen Magaña y el soporte operativo es dado por un asesor externo contratado o recomendado por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a cargo del Sergio Cuevas González.

Para la obtención de las 3000 hectáreas de tierra en Ucú por la "vía oficial", en el mes de abril de 2008 el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso del Estado de Yucatán autorización para la contratación de un crédito por la cantidad de $360 millones para la compra. A dos años de otorgarse dicho crédito la compra aún no se ha materializado, ya que el gobierno del estado de Yucatán no cuenta aún con los títulos de propiedad. Es decir, que al día de hoy los terrenos siguen siendo ejidales.

Con fecha del 19 de mayo de 2008 se celebró la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de Ucú. En ese acto se autorizó el cambio de destino de tierras de uso común —el cual comprende a todos los ejidatarios— a tierras parceladas (de unos cuantos) del total de 3,012 hectáreas (tres mil doce hectáreas y fracción). Sin embargo, por diversos motivos, el gobierno o el IVEY no cuentan con títulos de propiedad, ya que el proceso no ha concluido. Desde el punto de vista legal, el gobierno o el IVEY no están autorizados a liberar recursos económicos si no cuentan con un título que garantice la propiedad gubernamental de las tierras. Por tanto, se presume que existe una desviación de recursos públicos, toda vez que se sabe que ya se han realizado pagos a los campesinos, sin que documento alguno garantice la propiedad estatal. Se asume que quienes recibieron los recursos pueden ser empresarios o corredores "amigos" o cercanos al gobierno, particularmente a la exdirectora del IVEY.

Solicitud realizada por la Dip. Patricia Gamboa Wong al Secretario General de Gobierno, Víctor Sánchez Álvarez, para que se le informe sobre la documentación comprobatoria de los pagos realizados para la compra de terrenos en Ucú

Dudas sobre los $360 millones del préstamo

A la fecha el Gobierno del Estado ha mantenido en total hermetismo el manejo del dinero del préstamo para el proyecto del "Plan Maestro Ucú". Se sabe que la institución bancaria que otorgó el préstamo es Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte). Sin embargo, no se sabe a cuántos años se contrató ni la tasa de interés. Por otra parte, no se conoce el destino del dinero. ¿Cuánto ya se pagó a los ejidatarios? ¿Quién pagó a los ejidatarios? ¿Fue IVEY quien ejerció el dinero? Son preguntas que la diputada Patricia Gamboa Wong ha realizado por diferentes instancias de gobierno y a la fecha no le han contestado. Mediante una carta con fecha del 13 de enero, la diputada solicitó al Secretario General de Gobierno, Víctor Sánchez Álvarez, copia de la documentación comprobatoria mediante la cual se pagó a los ejidatarios, recibiendo respuesta casi dos meses después (9 de marzo) en la que le "informan" a la diputada que le enviarán la documentación requerida cuando se haga acopio de la extensa documentación. No refieren cuándo sería esto.

Ya antes, a través de su asistente, Sonia Quintal Acereto, había solicitado lo mismo a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UNAIPE): con los mismos resultados. Le informaron de una prórroga de 6 meses para entregar la información solicitada.

También hizo la solicitud al actual director del IVEY, licenciado Antonio Humberto Gómez Mendoza, para que informe sobre todo lo referente a la compra de tierras en Ucú. Pero éste tampoco respondió.

En un informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, al 30 de septiembre de 2009 ya se habían dispuesto $321,914.000.00 del préstamo otorgado por Banorte para la compra de terrenos en Ucú.

Muchas son las preguntas que requieren de una respuesta pronta y clara: ¿Cómo se califica el uso de información privilegiada que tuvieron los socios privados para la compra de las 600 hectáreas adyacentes al Plan Maestro de Ucú? ¿Cómo se justifica la intervención del corredor inmobiliario que intervino en la operación de las 600 hectáreas? ¿Le pagó el Gobierno del Estado? Si al día de hoy los terrenos del Plan Maestro de Ucú son ejidales ¿cómo se pudo disponer de fondos del erario público? ¿Qué documentos respaldan la operación? Son preguntas que merecen una pronta respuesta.

Respuesta que dio el Secretario General de Gobierno, Víctor Sánchez Álvarez, a la solicitud realizada de información solicitada por la Dip. Gamboa Wong sobre el destino del prestamo para la compra de tierras en Ucú

Informe trimestral al 30 de septiembre de 2009 de la Secretaría de Hacienda sobre el dinero dispuesto del préstamo hecho a Banorte para la compra de tierras de Ucú

Felipe Enríquez, pieza clave en Ucú

Financiamiento nacional de campañas a través de terrenos

El diputado neolonés Felipe Enríquez Hernández es considerado la pieza clave en el diseño, la elaboración y la ejecución del proyecto Plan Maestro Ucú. Enríquez Hernandez cuenta con una larga carrera en asuntos inmobiliarios y gran experiencia en la regularización de tierras ejidales.

Su experiencia en la regularización de tierras ejidales la adquiere cuando fue Secretario Particular de la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la licenciada María Teresa Herrera Tello, entre el 2001 y 2003, durante el mandato de Vicente Fox Quezada. Herrera Tello y Enríquez Hernandez, ambos abogados neoloneses, fincaron amistad cuando se desempeñaron en cargos del gobierno priista en Nuevo León.

Durante su estadía en la SRA se asoció con la "mafia agraria peninsular" —varios de ellos, los principales financiadores de la campaña de Ivonne Ortega al gobierno de Yucatán— lo cual le permitió tener el dominio de los parcelamientos de la mayor parte de los ejidos del Estado de Quintana Roo. La "mafia agraria peninsular" desfalcó tanto a ejidatarios como a los inversionistas que creían en ellos. Falsificaron documentos que eran avalados por autoridades del RAN para emitir los documentos agrarios correspondientes como certificados parcelarios, títulos parcelarios, títulos solares, etc., procedimiento, por demás, fraudulento. Las maniobras del fraude funcionaban a la perfección ya que la mafia agraria contaba con la supervisión y la coordinación de Felipe Enríquez, a quien se le conoce como el jefe de la "mafia agraria del norte".

En 2003, cuando la Secretaria de la Reforma Agraria fue removida de su cargo para pasar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Felipe Enríquez regresó a su estado natal, Nuevo León, para ocupar la titularidad del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY), durante el gobierno priista de José Natividad González Parás. Permaneció en el cargo hasta 2005, cuando se fue a coordinar la campaña del Lic. Arturo Montiel Rojas, como precandidato a la presidencia de la República.

Fue durante su paso por FOMERREY donde perfeccionó sus conocimientos sobre asuntos inmobiliarios y urbanísticos. Tenía la función de elaborar y desarrollar proyectos urbanísticos, ejecutivos, de infraestructura y urbanización, equipamiento, construcción de vivienda y obra pública en general que el Fideicomiso requiriese. También se encontraba entre sus funciones la de atender la demanda de lotes de las familias de escasos recursos económicos, mediante un proceso de asignación, formalización de venta de lotes y su entrega física a los beneficiarios, además de intervenir en la regularización de los asentamientos humanos irregulares hasta la escrituración.

Las similitudes entre las funciones del FOMERREY y el IVEY de Yucatán son evidentes. Con la función que desarrollaba en FOMERREY, Felipe Enríquez logró tener gran poder político —así como económico— al controlar extensos grupos de personas que eran beneficiarias con el feideicomiso.

Una de las características de la manera de operar de Enríquez Hernández es la distribución de grandes cantidades de efectivo a traves de vehículos para su reparto en las secciones electorales el día previo y el mismo día de la elección. Estas operaciones suelen ser comandadas por sus operadores, traídos especialmente del Estado de México y de Monterrey.

Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, considerado el artífice en la compra de terrenos de Ucú.