La semana que empieza podría ser el marco en el que, con la participación de las fuerzas parlamentarias del PRD y PAN en el Senado de la República, se pueda consolidar un esfuerzo por darle a los mexicanos una nueva ley que garantice el derecho a la información y al acceso a las tecnologías digitales en un esquema de verdadera democracia y equilibrio.

Nunca hemos estado tan cerca de la decisión legislativa. Aún cuando el sistemático golpeteo de quienes detentan el control de los medios para dirigir la opinión pública a través del régimen duopólico de la televisión no se han hecho esperar en el juego de presiones de toda la vida: ese de la zanahoria y el garrote en el que sólo resta apostar a que la clase política resista por el bien del país.

La presentación de las iniciativas en esta materia se nutre del trabajo, del esfuerzo e interés de la sociedad civil, organismos académicos e intelectuales que han mantenido vivo un esfuerzo que hacia el interior del Partido Acción Nacional tomó 9 años afinar. Hoy las condiciones están dadas.

Es que las reformas a la ley de radio y televisión pueden ser una realidad tras la vigencia del compromiso que el pasado 14 de abril se estableció entre el PAN y el PRD. Ahí, Senadores y Diputados convenimos que las iniciativas presentadas el 8 de diciembre por el PRD y la del 8 de abril por el PAN serían la base para conformar un proyecto que venga a dar certidumbre jurídica a los industriales del sector, al tiempo de apuntalar las bases para garantizar el desarrollo de un régimen de avanzada que ya le urge a México.

Las comisiones dictaminadoras se han reunido para unificar el proyecto de ley que podría ser votado esta semana por el senado. De manera que antes de que concluya el período ordinario de sesiones, la mayoría que conforman el PAN y PRD en la cámara alta pueda consolidar la iniciativa de ley de medios.

Ahí se ha concentrado el esfuerzo de los senadores panistas Santiago Creel, Gustavo Madero y Ricardo García Cervantes, decantando el acuerdo con el senador perredista Carlos Sotelo. En el proceso de acuerdo se ha considerado entre otros temas la iniciativa de reforma constitucional en materia de refrendo, así como una reforma a la ley federal de radio y televisión para establecer un plazo al gobierno federal a fin de que emita la convocatoria para licitar frecuencias de radio y tv, buscando así impulsar un modelo desconcentrador de los medios televisivos.

La industria de la televisión y sobre todo la radio lo requiere; indiscutible el derecho de sus audiencias. En voz del senador Sotelo, el dictamen es una propuesta técnicamente construída y políticamente solida: " A los propios grupos industriales les conviene la reforma", ha dicho.
La realidad es que los tiempos están recortados, sin embargo es posible y necesario que el Senado concrete la aprobación con la suma del PAN y el PRD; restarían cuatro meses de receso que permitirían incluso abrir una consulta para fortalecer el concenso social, político y parlamentario más amplio para su discusión y aprobación en la Cámara de los Diputados.

En este momento de definiciones, pesa mucho la voz creciente de la sociedad civil. Tal es el caso de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) que en desplegado emitido el pasado 20 de abril "exhorta al Congreso a aprobar, sin dilaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales"

En el documento, la asociación y el frente de organizaciones civiles que han impulsado la causa de una nueva ley, consideran que en dicho proyecto se encuentra incluida la mayoría de las propuestas "que hemos presentado a los legisladores".Ese proyecto de ley tiene virtudes que se desarrollan en 252 artículos ordenados en 13 títulos: se trata de una visión integral, de vanguardia, que amplía los derechos de los usuarios y consumidores y fortalece la competencia, la pluralidad y el derecho a la información. El núcleo que integra estos objetivos es la visión de que la radio, la televisión y las telecomunicaciones son una actividad de servicio público que utiliza bienes de la nación y necesita ser regulada de forma democrática y transparente por el Estado mexicano.
Lo avala el Consejo Consultivo integrado por Néstor García Canclini (presidente del Consejo) Carmen Aristegui, Alberto Aziz Nassif, Virgilio Caballero, Jesús Cantú Escalante, Jorge Carpizo McGregor, Felipe Cazals, Miguel Concha Malo, Javier Corral Jurado, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Fátima Fernández Christlieb, Jorge Fernández Ruiz, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, María Teresa Gómez Mont, Miguel Ángel Granados Chapa, Raúl Padilla López, Carlos Padilla Ríos, José Francisco Paoli Bolio, Inna Payán, Elena Poniatowska Amor, Agustín Ramírez Ramírez, Ricardo Raphael, Gustavo Reyes Terán, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Francisco Valdés Ugalde, Ernesto Velázquez Briseño, José Woldenberg.

Por su Consejo Directivo lo firman Raúl Trejo Delarbre (presidente), Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Aleida Calleja, Daniel Contreras Henry, María del Carmen de Lara Rangel, José Agustín Pineda Ventura, Jerónimo Repoll, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Aimée Vega Montiel. José Luis Domínguez (presidente del Capítulo Yucatán), Rafael Gustavo Hernández García Cano (presidente del Capítulo Puebla), José Luis Muñoz Pérez (presidente del Capítulo Chihuahua), Cristina Romo Gil (presidenta del Capítulo Jalisco).

Incluye además a otros socios de la AMEDI: Felipe Ahumada Vasconcelos, Elisa Alanís, Ricardo Alemán, Jorge Alonso Sánchez, Alma Rosa Alva de la Selva, Pablo Arredondo Ramírez, Agustín Basave, Ricardo Becerra, Graciela Bernal, Fernando Butler, Lorenzo Córdova, Javier Esteinou Madrid, Jaime García Chávez, Daniel Gershenson, Salvador Guerrero Chiprés, Juan Larrosa Fuentes, Sergio López Ayllón, José Carlos Lozano, Mónica Lozano, Alejandro Madrazo Lajous, Bernardo Masini, Rocío Morgan Franco, Patricia Ortega Ramírez, Francisco Ortiz Pinchetti, Jaime Preciado Coronado, Graciela Ramírez, Celeste Sáenz de Miera, Pedro Salazar, Dulce María Sauri Riancho, María Magdalena Sofía Paláu, Víctor Ugalde, Felipe Vicencio Álvarez.

Adicionalmente, agrega las firmas de ciudadanos de peso que se adhieren a este documento: Blanca Acedo, Francisco Aceves, Sergio Aguayo Quezada, Damián Aguilar, Laura Almela, Lucía Álvarez, Patricia Arriaga, Fernando Arruti, Rosalinda Ávila, Antonio Ávila Díaz, Ma de Lourdes Barbosa Cárdenas, Eli Bartra, Mario Bellatín, Claudia Benassini, Leopoldo Best, Norma Blázquez, Rene Bueno, Jorge Bustillos, Teresa Candela, Mardonio Carballo, Jaime Casillas, Ana Patricia Castellanos Ávila, Mariana Chenillo, Elsa Conde, Arnaldo Córdova, Busi Cortés, Alan Coton, Delia Crovi, Alfonso Cuaron, Carlos Cuarón, Álvaro Curiel, Kate del Castillo, Aline Davidoff, Elizabeth Diaz Garduño, Amat Escalante, Lynn Fainchtein, Margarita Favela, Aarón Fernández Lesur, Marcela Fernandez Violante,Darwin Franco Migues, Raúl Fuentes Navarro, Rubén Galindo Aguilar, José Luis García Agraz, Carola García Calderón, Pablo Eugenio Giles Ritter, Luis Emilio Giménez Cacho, Rodrigo Gómez, Rodrigo González Mendoza, Carlos González Sariñana, Gustavo Gordillo, Blanca Guerra, Óscar Guerra Ford (comisionado presidente Instituto de Acceso a la Información Pública del DF), Rafael Gutiérrez Rodríguez, Elsa Guevara, Rogelio Hernández López, María Elena Hernández Ramírez, Leticia Huijara, Eduardo Hurtado, Octavio Islas, Bernardo Jaén Jiménez, Salma Jalife Villalón, Mauricio Jimenez, Alan Jonsson, Julio Juárez, Marcela Lagarde, Amor Lajud Rivero, Samuel Larson Guerra, Jacobo Lieberman, Iván Lipkies, Silvia Elena Llaguno, Tita Lombardo, Francisco Javier López Pérez, Mariana López Salazar, Marta Lamas, Paul Leduc- Director, Maricarmen Legorreta, Estela Leñero, Alejandra Liceaga, Carlos Martínez Assad, Pilar Ixquic Mata, Elsie McPhail, Jorge Medina Viedas, Rogaciano Méndez (Sindicato Nacional de Redactores de Prensa), María Elena Meneses Rocha, Gustavo Montiel Pages, Alberto Montoya, Juan Mora Catlett, Myriam Moscona, Francisco Muñoz Flores, Humberto Musacchio, Jorge Eduardo Navarrete, Miguel Necoechea, Jaime Netzáhuatl Jiménez, Yulene Olaizola, Guillermo Orozco, María de los Angeles Pensado, Pablo Pérez Lombardini, Rodrigo Plá, Eugenio Polgovsky, Emilio Portes, Maricela Portillo (presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación), Jorge Prior, Gloria Ramírez (presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos), Rafael Reséndiz, Ezequiel Reyes Retana, Sonia Riquer, Enrique Rivero, Rodolfo Rodobertti, Gabriela Rodríguez, Ismael Rodríguez Vega, José Romay, Jorge Javier Romero, María Guadalupe Rosete, Eduardo Rossoff, Jorge Leonel Salazar Pérez, Natalia Saltalamacchia, Adolfo Sánchez Rebolledo, Enrique Sánchez Ruiz, León Serment, Sebastián Silva, Alejandro Springall, Carlos Tabares Luna, Carlos Tello Díaz, Carlos Tello Macías, José Luis Urquieta Padilla, Rene u Villareal, Rafael Villaseñor Kuri, Susana Vidales, y Rosalía Winocur.

Es así como se ha concretado un pivote comunicacional; pero es importante que los ciudadanos estén enterados de lo que está pasando en el Congreso, pues la toma de decisiones no tiene mejor contrapeso que el de la opinión pública. Y la realidad es que no hay profusión informativa en este tema.

El mayor reto para los legisladores consiste en evitar caer en la dinámica de chantaje en la que al final lo único que puede pasar es que sólo salgan adelante modificaciones legales menores con beneficios al sector industrial por encima del sector ciudadano.
Es pues imprescindible que las miradas y oídos ciudadanos estén atentos a lo que hacemos los legisladores en su representación. Las reformas en México no solo podrían hacer avanzar al sector de los medios públicos: No está en el canal 34 de TV mexiquense la edificación monumental de la imagen de Peña Nieto, sino en el canal 2 de televisa. No se construyen los propósitos electorales de los gobernadores en la televisión pública, sino en el duopolio televisivo que concentra el 96% de las frecuencias de explotación en televisión abierta del país.

En el decantamiento de las posiciones se obligará al dictamen final, es imprescindible intentarlo en aras del equilibrio de intereses sociales y comerciales genuinos. Priva para ello un acuerdo esperanzador que ha concretado un grupo de trabajo con una visión integral de radio y televisión que incluye el tema de medios públicos.

Este periodo es pues el adecuado para el acuerdo, pero requiere definiciones no solo por parte del PAN y sus legisladores, también del PRD, y para que esta etapa no sea de simulaciones hay que aclarar posiciones a la vista de los ciudadanos. Creo que si hay decisión y voluntad política se puede sacar adelante el dictamen. De cara a la sociedad hay que tomar una decisión. Si se asegura la mayoría en comisiones el avance es posible. En tanto, es necesario apuntar que el PRI en el Senado no va, que prefiere mantener el acuerdo político electoral con la industria de la radio y televisión en reformas parciales y no en la reforma integral.

Reformar pues el todo o las partes marca la gran diferencia; el problema de las reformas parciales deriva de que el complemento a las reformas que en legitimo derecho los concesionarios reclaman, son reformas que al darse detienen la reforma integral pero que además, en términos reales no equilibran pues aunque estuvieran planteadas en la ley, dependerá de la autoridad y su discrecionalidad el que se avance. En cambio las reformas que benefician al sector empresarial de la industria de radio y televisión son de aplicación automática que se operan al día siguiente de su emisión, gracias a los grandes mecanismos de presión que logran el doblegamiento de un conjunto muy diverso de instituciones.

Por otro lado, es de justicia aclarar que el sector de la radio y la televisión no piensa igual ni tiene las mismas preocupaciones en su conjunto. Muchos concesionarios podrían ver con buenos ojos el proyecto. El problema es que a la CIRT no la dejan actual como tal; se le imponen criterios y distorsionan los contenidos de la iniciativa en una cámara en la que las televisoras imponen criterios e incluso distorsionan los contenidos de la iniciativa.
La radio en México ha sido desdeñada más que por el gobierno, por la propia CIRT. Los radiodifusores han entrado en combinación inexplicable de defensa de los intereses de las televisoras que han sido las únicas con refrendo al 2021, canales espejo, digitalización gratuita. Las televisoras han obtenido así privilegios insospechados a nombre de toda la industria.
Los legisladores por nuestra parte, hemos hecho un esfuerzo por disolver la preocupación del tema de refrendo de concesiones y combos. En el grupo de trabajo avanzaron los temas, pero a la CIRT se le ha ocultado por parte de las televisoras que existe un acuerdo político para establecer un transitorio constitucional que permitiría la asignación de modo administrativo de las concesiones vencidas para superar así el retraso e incertidumbre jurídica que mantienen aquellos concesionarios con títulos vencidos.
Adicionalmente, el proyecto de iniciativa desarrolló un criterio de refrendo con licitación, dejando claro el derecho preferente de terceros, en consideración a la inversión que han realizado. En la CIRT a muchos concesionarios se les dice que la licitación es una subasta y habría que dejar muy claro que la licitación es un concurso y la subasta es improcedente por criterio constitucional de acuerdo a la SCJN
En el necesario equilibrio también tiene un papel importante la industria de la radiodifusión y hay que darle certeza jurídica; la iniciativa prevé así el tema de refrendos, garantiza la convergencia tecnología de AM a FM, pues no hay desacuerdo para que los concesionarios puedan adoptar el nuevo estándar tecnológico digital para adoptar la frecuencia modulada (FM).
Tampoco podemos dejar de lado la posición del PRI en el tema, que no solo lo resiste sino que lo combate con indolencia transformada en complicidad con el status quo. Si no señalamos estas cosas pareciera que existen las mejores circunstancias para lograr el dictamen. La realidad es que hay un escenario complicado en el Congreso que no garantiza la democratización de los medios de comunicación.

El tema de la dominancia es el corazón de la reforma de medios: puede abrir la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Nada detonaría más la competencia que el establecer en la ley con mecanismos claros de asignación de nuevas frecuencias en procedimientos objetivos, reglas de competencia que fijen limites a la propiedad cruzada de medios a través de la dominancia.

Hay esquemas de reforma constitucional que debemos seguir planteando, y dentro de la figura del órgano desconcentrado dotarlo de facultades amplias que le mantengan libre e independiente de los entes regulados y que no tenga en sus resoluciones la definición en base a criterios políticos.

Que ese órgano se integre en forma plural, que se evite el conflicto de intereses y que tenga las mayores atribuciones.
Finalmente, en el tema de interconexión se abre la posibilidad de bajar las tarifas a los usuarios de telefonía en el país, además de democratizar el internet expandiéndolo a los más amplios sectores de la población. Se trata de un tema muy técnico que requiere decisión de los legisladores para obligar el acceso desagregado a la red a fin de que los competidores tengan condiciones de verdadera competencia.

En los temas esenciales de la ley de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, la industria tiene que pensar hoy si quiere estar bajo el gobierno de la televisión, la CIRT secuestrada por la televisión, haciendo avanzar sus intereses dejando de lado los de los radiodifusores.