La periodista Ixtli Martínez, corresponsal de MVS Noticias en el Estado de Oaxaca, fue herida de bala la semana pasada en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mientras cubría una gresca estudiantil. Se trata de un grave suceso de la violencia porril que una y otra vez hace su presencia en esta entidad dentro de la violencia política que, de insólita se ha vuelto cotidiana.

El escenario que rodea a este hecho es el ambiente de impunidad que priva en diversas regiones y sectores del entramado oaxaqueño, alentado por el propio gobierno estatal que no tiene reparo en utilizar al ministerio público para fines de persecución político-electoral a sus adversarios o para proteger, literalmente, a sus bandas de porros. El fin de semana se produjeron por lo menos tres hechos violentos protagonizados por porros del PRI – en Huajuapan, Loxicha y Acatlán de Pérez Figueroa - en torno de la repartidera de despensas que ya trae por toda la entidad el PRI y su coordinador de campaña Ulises Ruiz, en donde jamás quiso intervenir un solo agente del ministerio público. Ellos no intervienen “en esos casos”.

Diversos asuntos y varias zonas del Estado han sido declaradas oficialmente impunes. La Procuradora  al mismo tiempo que declara su fracaso para proteger la vida y la integridad de las mujeres y los niños de San Juan Copala, acechados por los grupos armados que se disputan el control  municipal, es capaz de formalizar la inacción ministerial al declarar que en esa región Triqui, el gobierno de Ulises Ruiz no se hace cargo de la seguridad pública y declara que no hay condiciones para el libre tránsito de las personas.

Aún cuando ya está detenido un presunto responsable del atentado a Ixtli,  Salvador Hernández Bustamante, apodado el “taquero”, el caso debe ser investigado con mucho mayor cuidado y profundidad, pues es muy probable que por salir al paso de lo que evidentemente se veía venir como una gran presión del gremio periodístico, se haya generado una detención fácil; esa primera captura no debe conformarnos tan rápidamente. Al menos es lo que se sugiere desde dentro del propio ministerio público estatal.

El “taquero” es, en efecto, un porro que se disfraza como asesor académico del cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la UABJO. Eso es cierto, pero cada semestre tiene su “asesor” y alrededor de ese grupo tan “académico” hay una extensión de las otras disputas electorales y étnicas que se dan en Oaxaca.

Llamé la atención del asunto desde el primer momento porque me parece muy grave y delicada la intención original y apresurada de hacer creer  a la población que se trata de una bala perdida dentro de una trifulca estudiantil  en la que la reportera ha jugado el riesgo de su profesión intrépida. La contundente declaración de la propia periodista sobre la forma en que fue baleada, exige la intervención y el seguimiento puntual de los organismos de derechos humanos del país, y de las organizaciones que defienden el trabajo de los periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión. El trabajo periodístico que ella, y su esposo Virgilio Sánchez, corresponsal del periódico Reforma han venido realizando en torno de la violencia en la zona triqui y los reportajes sobre el ilegal como inmoral uso de recursos públicos del gobierno de Ulises Ruiz a favor de Eviel Pérez Magaña, así como de los asesinos que lo acompañan, son hechos informativos que constituyen un contexto que la autoridad no puede eludir en su investigación.

La Fundación Manuel Buendía, a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, a la Asociación de editores de los Estados,  a la Federación Internacional de Periodistas, a Reporteros Sin Frontera y a la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa debieran colocar su mirada y atención especial al estado de Oaxaca:  en poco más de un medio y medio han sido agredidos de bala dos periodistas, y en la emboscada a la caravana internacional, perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la comunidad Triqui de San Juan Copala, la tarde del 27 de abril pasado en la que murió Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandes, y en la que también resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea. Estos hechos deben preocupar al periodismo libre y libertario, más allá del momento político electoral, tenso y complicado que vive el Estado de Oaxaca.

Atentar contra cualquier persona como se hizo la semana pasada en contra de Ixtli Martínez, es un hecho condenable, y lo es más, porque se trata de una periodista. Cuando se atenta contra un periodista no sólo se vulnera la integridad física de una persona, sino se atenta contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el derecho a la información. Se vulneran muchos bienes de suma importancia para la democracia y la convivencia social.

Con el ministerio público que se desempeña en Oaxaca, todo debe ser revisado dos veces.