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Los rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico, que van de los 1,710 a los 1,770 megahertz y la que va de los 2,100 a los 2,160 megahertz, es una de las bandas de frecuencia más codiciadas por los operadores de televisión y telecomunicaciones, pues dará movilidad y les permitirá asociar varios de los servicios que ya prestan a sus nuevas concesiones móviles. Es la ahora multicitada banda 1.7 para servicios móviles de tercera generación, y el que esté fuera de ella, estará fuera del mercado. Por eso la SCT ha cometido todo tipo de absurdos para garantizarle a Televisa un pedazo de este espectro, jugoso negocio que debemos suponer se recompensará de alguna manera por los beneficiarios.
Concebida desde su inicio para beneficiar a esa televisora y su socio Nextel, la denominada licitación 21, es un capítulo más de la vergonzosa historia de claudicación y complicidad que funcionarios públicos de distintas instituciones tienen ante el monopolio de la televisión, y fue el resultado más anticipado y también el más denunciado.
En la componenda participó la Cofeco, la Cofetel y por supuesto, quien ha encabezado las gangas disfrazadas de subasta: el Secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas. Se construyeron así una serie de decisiones para que a cambio de favores estrictamente políticos, televisa pudiera obtener un segmento de treinta megahertz a precios irrisorios, y además, con una condonación fiscal en el pago de derechos durante los primeros dos años.
Primero se diseñó segmentar los noventa megahertz de la licitación en dos bloques de treinta; y tres de diez, esa sola división del espectro, relacionada con el límite que ya tenían otros incumbentes en telecomunicaciones de hasta 80 megahertz, le aseguraba a televisa no tener competidor alguno en cualquiera de los dos segmentos. Se le confeccionó a modo; luego se le buscó por parte de legisladores priístas en el Congreso, un incentivo fiscal para que una vez que obtuviera la frecuencia se le difiriera el pago de derechos a lo largo de los primeros cinco años bajo la monstruosa idea de estimular al operador entrante.
En la disputa por congraciarse de mejor manera con la empresa de Emilio Azcárraga, el secretario de comunicaciones y transportes Juan Molinar, impulsó que en lugar de un diferimiento se le diera una condonación total por dos años en el pago de derechos, y para taparle un ojo al macho se le hizo extensiva a todos los que participaran en la licitación. Constituyendo esta excensión fiscal un monto total de 5,680 millones de pesos, lo que sólo a Televisa le representará un beneficio directo por 1,800 millones de pesos.
Desde el mismo Presidente de la República, pasando por el Congreso y el propio Secretario de Comunicaciones, se aseguró que el Estado no perdería, porque la licitación, a través del mecanismo de subasta ascendente le daría al megahertz su real valor en el mercado, mediante la puja que suponía la competencia.
Por supuesto que todo era una simulación, porque sabían lo que iba a suceder. Que con Televisa no entraría en competencia nadie y pagaría así un monto mínimo de entrada a cambio de la concesión que usufructuará a lo largo de 20 Años.
Mientras que a Telcel y Telefónica, que obtuvieron 20 y 10 megahertz respectivamente, la subasta les impondrá pagar 5,070 millones, a Televisa los mismos 30 megahertz le costarán 180 millones de pesos. Porque en su voracidad insaciable, no fueron capaces de aumentarse ellos mismos el monto mínimo de referencia, como lo podrían haber hecho, si por lo menos hubieran colocado el monto promedio más bajo en las otras pujas que tuvieron sus competidores.
Pero la ambición es vulgar en este caso, porque tratan de demostrar que son capaces no solo de doblar a las instituciones del estado en sus propósitos de acaparamiento del espectro y obtención de privilegios y canonjías, sino además, de exhibir públicamente a los funcionarios que los favorecen, dejando asentado con toda claridad que se constituyen en sus objetivos por encima del interés público, del gobierno y del Estado mismo.
Por eso ha resultado tan escandaloso este hecho, porque además de todo lo anteriormente expuesto, esas decisiones eluden la concentración de espectro que por sí mismo tiene Televisa para servicios de radiodifusión, lo que a su vez trata de ignorar el fenómeno de la convergencia digital, como bien lo apunta la Asociación Mexicana de Derecho a la Información: “Las frecuencias que usufructúa el consorcio Televisa tan solo para difundir televisión y radio, superan el espectro que manejan otros operadores en telefonía. Si se quiere promover una auténtica diversificación hay que tomar en cuenta el espectro radioeléctrico que administra cada operador, independientemente del uso que tengan las bandas de las que es beneficiario: telefonía, transmisión de datos, televisión o radiodifusión. Hoy en día el mercado de las telecomunicaciones es uno solo y amalgama varios de esos servicios o todos ellos. Considerarlo de manera segmentada implica desconocer la convergencia digital que define la utilización del espectro radioeléctrico”.
No puede el Gobierno del Presidente Calderón a través de su Secretario de Comunicaciones y Transportes concretar otro regalo más a Televisa, después del muy cuestionable precio en que se arrendó por 15 años la fibra obscura de CFE. Debe declararse desierta la licitación en la parte correspondiente a los 30 megahertz para Televisa-nextel, de concretarse esa decisión se atenta contra dos principios constitucionales asentados en los artículos 28 y 134 de la carta magna.
La SCJN ha dictado jurisprudencia en la materia, al considerar que el espectro radioeléctrico es un recurso económico que al ser enajenado a los particulares debe asegurar las mejores condiciones para el Estado, y eso es precisamente lo que no se logra; de ahí que puede aplicarse el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que a la letra dice: “Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria”.