En Yucatán, los pocos medios de comunicación que no están controlados por el gobierno del Estado están dando a conocer noticias donde el común denominador son las numerosas irregularidades del gobierno que encabeza Ivonne Ortega Pacheco.

De entrada, dichas irregularidades constituyen un gran escándalo que en otras sociedades significaría la renuncia inmediata del Ejecutivo y, porqué no decirlo, la exigencia de la apertura de expedientes judiciales. Sin embargo, la respuesta de la gran mayoría de los yucatecos a esta situación es una gran pasividad.

La razón de dicha pasividad tal vez tenga su origen en el control que tiene el gobierno del Estado sobre la información gubernamental, tanto en lo general como en la que se ofrece a través de la mayoría de medios de comunicación yucatecos, muchos de los cuales, vía publicidad, se han convertido en portavoces, y en algunos casos, defensores a ultranza de la figura de la gobernadora.

Estos medios están retratando un Yucatán que no corresponden a la realidad.

Existen, particularmente en los medios escritos, una o dos honrosas excepciones a esta situación, pero en general muchas publicaciones, y sobretodo la radio y la televisión locales, han demostrado por medio de sus contenidos que están del lado de los intereses de la gobernadora.

El efecto de dicho control se está reflejando en una sociedad que al parecer está ignorando los ya constantes excesos que encabeza la gobernadora de Yucatán y por ende dicha sociedad está perdiendo la capacidad de analizar, constatar y por supuesto criticar la labor de sus autoridades.

Este gran aparato de desinformación ha creado un sistema efectivo que tiene como prioridad el control de lo que se dice en los medios de comunicación "a modo", sin olvidar que el gobierno del Estado cuenta con amplios espacios de publicidad que son utilizados para privilegiar el mensaje oficial.

Es de llamar la atención que la información que genera la autoridad tiene muchos tintes de artificial con el propósito de que la gente no perciba lo que está pasando en Yucatán o, peor aún, cuando los pocos medios críticos que existen hacen preguntas incómodas o publican notas que denuncian las irregularidades de esta administración, se opta por el silencio, apostando al olvido y protegiendo en todo momento la imagen de la gobernadora.

El mejor ejemplo del control informativo y la respectiva manipulación que se ejerce desde el Palacio de Gobierno es lo relativo al origen, manejo y destino de los recursos públicos (dinero) que gasta el Ejecutivo.

A nivel de medios de comunicación oficialistas no hay un análisis sobre cómo se está ejerciendo el gasto público, pero si hay una constante celebración a los anuncios de la gobernadora: primeras piedras, viajes o cualquier acto que merezca la presencia de Ortega Pacheco

A nivel Congreso del Estado, donde el partido de la gobernadora (PRI) es mayoría, no hay el interés de fiscalizar las acciones del Ejecutivo, por el contrario, hay toda una estrategia para evadir los reclamos de una oposición (PAN) que hasta la fecha no sabe cómo trascender más allá de una crítica repetitiva que lejos de crear simpatías, desemboca en más de lo mismo.

De igual manera, es preocupante que las instancias creadas para velar por el derecho a la información son administradas por gente con "peligrosos guiños" hacia el gobierno del Estado.

No hay que olvidar que la administración de Ortega Pacheco se ha destacado por no informar en tiempo y forma las diferentes peticiones que se le han hecho sobre el manejo de la administración pública. Bajo el argumento de la reserva y sigilo se ha ocultado información que por su naturaleza debería ser pública e inmediata. En el mejor de los casos, la información es entregada a cuentagotas.

Ante esta embestida oficial, en donde el derecho a ser informados está siendo trastocado y con ello violentado el estado de derecho, uno se pregunta en donde están las voces ciudadanas que en el pasado han defendido ese derecho.

Es necesario que la sociedad civil y sus grupos representativos analicen su agenda y prioricen la necesidad de exigir la verdad sobre el estado que guarda Yucatán. Danville, Kentucky, 3 de noviembre de 2010.