El regidor Luis Ariel Canto García, coordinador del grupo de regidores panistas del ayuntamiento mencionó que la controversia constitucional 96/2008 promovida por el ayuntamiento 2007-2010 de esta ciudad contra el decreto 92 que crea la Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY) que proporciona asesoría técnica y atiende asuntos vinculados al desarrollo integral de la zona metropolitana, siendo Mérida, de todo el estado, la única entidad considerada zona metropolitana —pues en su área hay municipios que convergen como Umán, Ucú, Conkal, y Kanasín— deberá llegar hasta el fin: la suprema corte de justicia se encuentra a punto de dictar sentencia, por lo que consideró que el desistimiento de la acción legal emprendida por la administración anterior, carece de validez.

Luis Canto García

Indicó que en la sesión de cabildo de ayer, Angélica Araujo puso a consideración del cabildo desistirse de la controversia constitucional y pedir que el asunto se sobreseyera. Consideramos que si el recurso de controversia ya se había presentado, habría que esperar el fallo de la corte, toda vez que las partes involucradas ya han aportado las pruebas que tenían al respecto y no es posible que Angélica condescienda a que se vulnere la autonomía del municipio libre, tal y como se establece en el texto del artículo 115 constitucional, pues queda establecido que el trato entre diferentes niveles de gobierno, es directo y sin intermediarios.

Consideró que el desistimiento afectará a los meridanos, pues ni la gobernadora ni Angélica están cumpliendo sus obligaciones y con lo planteado por Angélica, el gobierno del estado intervendrá abiertamente en Mérida o en los 106 municipios, pues la medida implica ceder prácticamente la resolución de los conflictos de Mérida al gobierno del estado, por lo que sería mejor que Angélica Araujo reconozca que no es capaz de resolver los problemas de Mérida, agregó.

Angélica argumenta que hay recursos de la COMEY que no puede allegarse y que deben manejarse coordinadamente con el gobierno del estado. Al respecto expresó que el marco legal no debe violentarse y que ella solo puede y debe hacer lo que la ley así le marca y permite.

Confió en que los magistrados no acepten el sobreseimiento por tratarse de un asunto de interés colectivo y porque existe un ordenamiento que indica que no procede el sobreseimiento en asuntos de interés general, que es el artículo 20 de la ley reglamentaria para interpretar las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

En relación al concierto ofrecido por el cantante colombiano Juanes, destacó que los regidores estarán muy pendientes de cuestionar a Angélica Araujo respecto de los beneficios arrojados por este evento a nuestra ciudad, que costó a Mérida 2.6 millones de pesos y 4 millones de pesos al gobierno federal, via CONACULTA. Agregó que entre febrero y marzo, contarán con la información necesaria para saber si se aplicaron debidamente esos recursos y finalizó diciendo que a este paso, a más tardar este semestre, veremos al municipio en quiebra, cosa que no ocurría hace más de veinte años.