Representantes de organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la república hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno, instituciones y sociedad en general, para que privilegien la defensa del derecho a la vida, sin discriminación alguna.

Conferencia de representantes de asociaciones por el respeto al derecho a la vida

Exhortaron a trabajar, en unidad, para la construcción de una sociedad verdaderamente incluyente en la que la vida de mujeres y hombres sea respetada desde la fecundación y en todas las etapas de su desarrollo.

Debemos enviar a las nuevas generaciones, el mensaje de que sí podemos actuar a favor de una sociedad democrática y un México en paz, en el que verdaderamente se respete la vida de todas y todos, sin discriminación alguna, puntualizó Mague Villarreal, al dar lectura a un pronunciamiento de las representantes de la sociedad civil que trabajan a favor del derecho a la vida desde su inicio en la concepción.

El documento fue suscrito por Ivette Laviada de Yucatán; Mónica Haeckman de Puebla; Lizete Amnaya Sierra de Baja California; Maria del Carmen Alva del Distrito Federal; Nancy Lorena Moreno Ortiz de Durango; María José Noriega Mañez de Veracruz; Olivia Hernández Téllez de Baja California Sur; Patricia López Mancera de Quintana Roo; Verónica Inés Fraire Cruz de Morelos; Eloina Bibbins Ruiz del Distrito Federal; Maviela León Morales y Alma Rodríguez Ángeles de Querétaro; María Antonieta Sáenz Higuera de Tamaulipas y Cynthia Cruz Cortés y Justina García de Oaxaca.

En conferencia de prensa, Ivette Laviada y Mague Villarreal, subrayaron que hace tres años inició en el país un cambio sustancial en la consolidación de los derechos de todas y todos los mexicanos, con la aprobación democrática de reformas en la mayoría de los estados de la república, que elevaron a rango constitucional el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación/concepción.

En respuesta a la solicitud realizada por grupos amplios de la sociedad civil, la mayoría calificada de los diputados integrantes de 18 congresos locales (al menos dos terceras partes en cada entidad), aprobaron legislaciones modernas cuyo propósito fundamental es proteger y garantizar la vida de todas y todos, desde su inicio en la fecundación/concepción, protegiendo así a la mujer y al hombre en todas sus etapas.

Precisaron que dichas reformas ponen en el centro de la atención a la mujer, la madre y los hijos, garantizándoles la solidaridad del estado y el acompañamiento antes, durante y después del embarazo, alejándo a las mujeres de los daños irreversibles y del riesgo de muerte que provoca el aborto.

De manera especial, las representantes de la sociedad civil subrayaron que ninguna de las 18 reformas constitucionales realizadas a favor del derecho a la vida ha incrementado la pena al delito de aborto, el cual, resaltaron, está tipificado desde hace más de cien años en los códigos penales de todos los estados y el Distrito Federal.

Asimismo, dieron a conocer que en casi la totalidad de los códigos penales del país se mantienen intactas las excusas absolutorias que hacen posible que ninguna mujer sea encarcelada si comete aborto en caso de violación, si corre peligro su vida o existe malformación congénita.

Los códigos penales de los estados no aumentaron las penas para la mujer que comete el delito de aborto, pero sí para quien mediante engaño, abuso o presión, obliga o forza a una mujer a acabar con su embarazo, afirmaron categóricamente.

Argumentaron que las 18 reformas constitucionales a favor de la vida expresan el sentir mayoritario de una sociedad civil que está al margen de cualquier partido político y de cuestiones ideológicas. Las reformas tienen el único propósito de proteger el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación/concepción, como el más importante de los derechos del ser humano, agregaron.

Las voceras de organizaciones civiles de todo el país, que trabajan a favor del derecho a la vida, coincidieron en señalar que la mayoría de la sociedad valora las reformas aprobadas y entiende su profundo significado.

La mayoría de los mexicanos tiene claro que todos tenemos el derecho a la vida. Abortar es un delito que está tipificado en la mayoría de los códigos penales de los estados de la república desde hace más de cien años. Todos, por tanto, debemos defender la vida, pues nadie desea que haya madres de hijos muertos, concluyeron.

Los 18 estados que han reformado su constitución local para defender el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación/concepción, son: Chiapas, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Campeche, Colima, Puebla, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca y Tamaulipas.