A poco más de un año de haber tomado las riendas del transporte urbano de pasajeros en Mérida, el gobierno del Estado aún no logra cristalizar sus planes para mejorar ese servicio. Ni siquiera hay fecha tentativa para que la sociedad comience a ver resultados. Los permisionarios se encuentran agobiados.

Según dicen, el costo del combustible y el rezago en las tarifas les dificulta cada vez más la posibilidad de pagar los casi $300 millones que adeudan a los bancos por créditos que les otorgaron para renovar parte de sus flotillas.

Además, según el empresario transportista David Quintal Medina, la situación de ese sector es muy grave, pues los problemas financieros les han generado otros conflictos a las empresas del ramo. Ahora tienen atrasos en el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y al Infonavit. Por si fuera poco, los bancos les cobran 2% por hacer depósitos de más de $25,000 al mes. Ante esta situación, considera que el sector camionero ha despedido ya al menos 10% de su personal. La situación tiende a empeorar.

Recordó que desde 2007 solicitaron que las tarifas aumentaran a $6 adultos y $4 estudiantes,  niños y personas de la tercera edad. Esperaban una recaudación de $12,000 mensuales por unidad. El Ayuntamiento no se los concedió. En 2008,  cuando el Ejecutivo del Estado se hizo cargo del servicio de transporte, tampoco autorizó  incremento a las tarifas. A cambio le concedió a los empresarios un subsidio de $2,107 por vehículo. Esto ya resulta insuficiente.

David Esteban Quintal Medina, presidente de Micro Servicio Urbano.

—Nosotros firmamos un pacto con el gobierno del Estado con la expectativa que a partir de enero de este año se iba a actualizar dicho subsidio. Eso nos permitiría seguir operando el servicio. Lamentablemente vemos que el equipo de técnicos que está en la Dirección de Transporte es insensible y da sus opiniones desde el escritorio. Ya los invitamos a que vayan a las empresas y a las gasolineras para que constaten que lo que estamos diciendo es verdad. No es inventado y no nos han dado una respuesta —agregó.

Señaló que en febrero ppdo. recibieron el último pago de ese subsidio y están en negociaciones con el Ejecutivo estatal para ver cuántos más les pueden aportar mientras llega agosto, cuando esperan que se legislen en el Congreso del Estado los incrementos a las tarifas, con base en una fórmula revisada por matemáticos y economistas.

—Estamos buscando también una entrevista con la gobernadora para plantearle la situación crítica que tiene el sector y esto va a traer como consecuencia una baja en las frecuencias y calidad del servicio... Algunos empresarios ya estamos racionando el servicio, es decir, si empezábamos a las 4:30 de la mañana, ahora lo hacemos a las cinco. Si la frecuencia era cada cinco minutos, ahora se extiende cada cuarto o media hora —enfatizó.

Las empresas transportistas en Mérida cuentan con unas 1,700 unidades. Hacen unos 23,800 recorridos diariamente, a partir de las 4:30 AM, hasta la medianoche. Los martes, miércoles, jueves y sábados movilizan a cuando menos 600,000 pasajeros. Los lunes, viernes y días de quincena se mueven unos 700,000 y los domingos baja a unas 300,000 personas.

El gobierno del Estado se hizo cargo del transporte público de Mérida en marzo de 2008, ante la decisión del Ayuntamiento de Mérida de no ratificar el convenio que en materia de transporte se firmaba cada año entre ambas autoridades. Seis meses después la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco anunció una derrama económica por $16.5 millones en apoyo de ese servicio en la ciudad capital y la zona conurbada. Esto se hizo a fin de evitar un incremento en las tarifas en lo que restaba del año.

En ese entonces la titular del ejecutivo estatal se comprometió a "poner orden donde hoy sólo tenemos descuido y abandono; construir consensos donde hay divisiones, y hacer realidad un servicio de calidad donde hoy sólo hay quejas; mi gobierno tendrá un Plan Integral de Transporte para el presente y el mañana".

También instruyó  a los integrantes del Consejo Consultivo sobre los cinco grandes temas que debían abordar de inmediato para tener el servicio público de transporte que la sociedad reclama: un nuevo marco legal, tarifas, otorgamiento y operación de las concesiones; calidad del servicio y capacidad del personal operario. Todo esto con respeto el medio ambiente.

En relación con el segundo punto antes mencionado, la gobernadora se justificó: "el de las tarifas es un tema que hasta ahora ha sido rehén de negociaciones políticas o privadas, pero nunca ha sido objeto de un análisis sobre lo que de verdad hay que hacer; urgen tarifas para jóvenes estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad; pero también tarifas que permitan que la industria prospere y se modernice".

"El reloj ya está corriendo  y la ciudadanía quiere ver resultados, por eso le señalo a este Consejo Consultivo un  plazo máximo de SEIS MESES para elaborar y presentar un PLAN INTEGRAL DE TRANSPORTE para un Yucatán exitoso" -enfatizó la gobernadora.

Y agregó: "los ciudadanos de Mérida ahora sí verán un gobierno firme en materia de transporte, un gobierno con ideas que funcionan y atienden sus necesidades".

Sin embargo, no fue sino hasta UN AÑO después, el 27 de marzo ppdo., cuando la Dirección Estatal del Transporte le presentó a los concesionarios un plan general en materia de transporte con el siguiente diagnóstico:

"el transporte público de pasajeros en el Estado presenta una problemática ocasionada por diversos factores como son: nula inversión en infraestructura para el transporte público de pasajeros, servicio desordenado, mala imagen entre la ciudadanía, carente de un servicio ágil y eficiente de cobro, congestión vehicular, contaminación ambiental, accidentes viales y mal estado de las unidades".

Hablan los empresarios camioneros

En amable entrevista con este semanario, Quintal Medina dijo sentirse satisfecho con el plan que presentó el gobierno del Estado, aunque reconoció que no todos los puntos que plantea tienen un cronograma o calendario, ya que no se trata de imponer nada, sino de consensar entre los socios.

—Hemos insistido con el gobierno federal que no siga aumentando el diesel porque de cada peso que invertimos, 45 centavos son para el combustible, 40 se van en el operador y sus prestaciones y el saldo es para llantas, filtros... No hay ganancias, sólo operamos el servicio, usamos refacciones reconstruidas, desde clutches, motores... estamos reciclando todo lo que se pueda.

Indicó que hoy en día circulan en la ciudad más de 400 unidades con más de 16 años de antigüedad

Por su parte, Raymundo Vargas Cruz, líder de la Unión de Camioneros de Yucatán (UCY), dijo no entender hasta ahora la manera en qué el gobierno planea mejorar el transporte urbano de Mérida. Sólo se ha mencionado de manera muy general lo que se pretende hacer, pero sin abundar en detalles sobre cómo y cuándo se realizará ni cuánto tiempo durará o para cuándo se esperan resultados.

Raymundo Vargas Cruz, presidnete de la UCY

—De entonces a la fecha —agregó el empresario— el precio del diesel ha tenido 50 incrementos, los que sumados dan dos pesos, es decir, un porcentaje de 36.42%.

Según el veterano líder de la UCY, del último incremento tarifario a la fecha, los transportistas del servicio urbano  de pasajeros de Mérida han adquirido 350 nuevas unidades que tuvieron un costo global de $293.529,533 obtenidos mediante créditos de los cuales "hay atrasos en los pagos y los empresarios ya se están comiendo su capital".

—Las compras fueron de esta manera: del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 fueron 101 unidades que tuvieron un costo de $94.959,624. A partir del 1 de agosto de 2007, cuando tomó posesión la gobernadora, se han adquirido 249 unidades que costaron $198.569,909.

La postura de la ACY

En breve entrevista, el vicepresidente de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY), Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, comentó que una de las ventajas del plan general de transporte que les presentó el gobierno es que busca implementar un servicio más equitativo, sobre todo para las clases más vulnerables.

Dijo que, sin embargo, están en espera de conocer los detalles, pues aunque han participado en algunas reuniones y han hecho observaciones, "en lo que es el contexto general del plan falta mucha información".

"...la administración anterior... no tuvo la suficiente capacidad de estar al frente del servicio del transporte... la señora gobernadora, con la mejor de las intenciones, asumió el reto..." Xavier Arturo Rodríguez Berzunza

—Escuchamos por allá que no hay inversiones, pero en la calle están a la vista de todos las unidades nuevas con las que la Alianza cuenta y todos los días estamos en un proceso de mejora continua —enfatizó Rodríguez Berzunza.

Indicó que la ACY tiene 344 unidades, de las cuales "si acaso" unas 10 son modelo 1999; 12, 2001; 30, 2003; 55, 2005 y todas las demás son 2008 y 2009.

El directivo aseguró que en los últimos dos años se han renovado unas 234 unidades con una inversión global de $150 millones, pero con las actuales tarifas no pueden pagar sus deudas.