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Es el resultado de haber denunciado a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en una entrevista concedida a este semanario Artículo 7.
Fue una acción especialmente dirigida y presenciada por el subprocurador, Rafael Acosta Solís. Se consumó lo que temía Chuc Baas y su familia: la venganza con prepotencia, amparados en subterfugios pseudolegales que violan el estado de derecho en Yucatán.
Ante la presencia de por lo menos dos docenas de vecinos y del diputado local Rodolfo González Crespo —verdaderos testigos de lo que se califica un acto brutal de represión política— el jueves por la noche irrumpieron y allanaron la casa de la familia Chuc Xix y con lujo de violencia se llevaron detenido al ex alcalde de extracción priista. El agente del ministerio público Marco Calderón Patrón fue quien estuvo a cargo de la operación.
La operación —en la que participaron policías uniformados y policías vestidos de civil (policía "secreta")— culminó con la detención arbitraria e ilegal del ex alcalde de Dzemul por el supuesto cargo de romper sellos de la secretaría de salud con los que se clausuraró el mini súper de su propiedad.
El diputado local Rodolfo González acudió al lugar tras recibir una llamada de auxilio que Chuc Baas logró hacer antes de ser detenido.
González Crespo increpó a Rafael Acosta Solís reclamándole la actuación del Ministerio Público y le exigió que le mostrara una orden de cateo y de aprehensión. Acosta Solís respondió con una sonrisa, sin emitir palabra alguna como respuesta.
Acosta Solís permaneció en el interior de una camioneta plateada modelo Durango con placas de circulación YZG 30-67 durante el tiempo que duró el operativo.
En el operativo, el diputado González Crespo fue víctima de agresión física por parte de por lo menos 2 uniformados de la policía estatal al tratar de evitar la detención de Chuc Baas. A ellos no les importó violar el fuero del diputado.
En la edición número 49 del 10 de mayo, Artículo 7 publicó una entrevista que se le hizo al ex alcalde de Dzemul, Eduardo Chuc Baas. Declaró que la gobernadora era una mujer vengativa. "La gobernadora del Estado es vengativa con quienes no comparten su visión política", comentó en aquella entrevista.
En la misma entrevista declaró ser víctima de persecución política, ya que cuando él fue alcalde de Dzemul —después del periodo de Ivonne Ortega— ella le pidió que aprobara las cuentas de su gobierno ciegamente, a lo que él no accedió. Desde ese momento fue amenazado por Ivonne Ortega. También habló sobre el robo de despensas que Ivonne cometió con su gente después del huracán Isidoro y sobre lo que él considera "analfabetismo" de la actual gobernadora de Yucatán.
El mismo día que salió el ejemplar de Artículo 7 en su edición 49, comenzaron las represalias en contra de Chuc Baas: fue clausurado su minisúper ubicado en el fraccionamiento las Águilas —lugar donde finalmente lo detuvieron— lo mismo que una licorería propiedad de su suegro que se encuentra ubicada en Dzemul. De ello dimos cuenta en el ejemplar 50 de Artículo 7.
La noche del arresto, el diputado González Crespo y la esposa de Chuc Baas, Bertha Eugenia Xix Chan, acudieron a la Procuraduría del Estado a tratar de interponer denuncias por la agresión que sufrieron por parte de los uniformados. Fueron acompañados por nutrido grupo entre los que se encontraban Magaly Cruz Nucamendi, presidenta del PAN estatal, el senador Alfredo Rodríguez, el diputado federal Gerardo Escaroz Soler, la diputada local Patricia Gamboa Wong, el diputado Daniel Ávila, otros miembros del PAN y ciudadanos preocupados por la arbitrariedad.
A ambos les negaron su derecho a demandar sin que se les diera algún argumento jurídico satisfactorio.
Primero, el Agente del Ministerio Público de la cuarta agencia, Rudy Armando Cabrera, en acalorada discusión con la Sra. Bertha Eugenia y su abogado se negó a recibir la denuncia con el argumento de que "ella era indiciada en el delito" por el que se le detuvo a su esposo. El agente del Ministerio Público, sin fundamento legal alguno, le informó que le recibiría la denuncia mediante memorial mas no por comparecencia.
Lo mismo sucedió con el diputado González Crespo. Al tratar de presentar su denuncia en la tercera agencia del Ministerio Público a cargo de Carlos Miguel Couoh Salazar, corrió con la misma suerte que la Sra. Bertha Eugenia —aunque sin mencionarle que estuviera indiciado en delito alguno, solo le podían recibir su denuncia por memorial. L.J.M.D.
Rudy Armando Cabrera ante la presencia del senador Alfredo Rodríguez se negó a recibir la denuncia que quiso interponer la Sra. Bertha Eugenia, en contra de sus derechos humanos.
Carlos Miguel Couoh Salazar, agente de la tercera agencia del Ministerio Público, en discusión con el diputado González Crespo. También se negó a recibir la denuncia.
Ayer viernes, poco después del mediodía y tras una frustada reunión con el procurador de Justicia, José Guzmán Pacheco, la presidenta estatal del PAN, Magali Cruz Nucamendi, denunció que lo ocurrido al ex alcalde de Dzemul no fue una detención sino "un secuestro y estuvo a cargo de autoridades que materializaron un acto ordenado desde Palacio de Gobierno" y en el que fueron vulneradas todas las garantías individuales de Chuc Baas.
También acusó al subprocurador de Averiguaciones Previas, Rafael Acosta Solís, de haber encabezado el operativo contra el ex alcalde dezemuleño, por lo que pidió su renuncia debido a su "evidente incapacidad" para tratar éste y otros asuntos.
—Salimos más preocupados que antes —agregó la dirigente— porque si venimos a denunciar un hecho, nos vamos más preocupados cuando nos dicen que [la acción policíaca] fue producto de una denuncia anónima telefónica y que es un procedimiento habitual a cargo de las autoridades de justicia del Estado.
La Profra. Cruz Nucamendi encabezó a un grupo de legisladores locales y federales de su partido que acudieron poco antes del mediodía al edificio de la Procuraduría junto con la Sra. Bertha Eugenia Xix Chan y Eduardo Josué Chuc, esposa e hijo del detenido para entrevistarse con el Procurador.
Sin embargo, los quejosos fueron recibidos por la subprocuradora de Prevención del Delito, Ingrid Priego Cárdenas y el asesor del Procurador, Alejandro Rodríguez Palma. Al salir de la reunión, los quejosos ofrecieron una improvisada rueda de prensa en los pasillos del edificio.
La Profra. Cruz Nucamendi dijo que en menos de 24 horas se ha sucitado una cadena de "represiones e intimidaciones contra yucatecos con el común denominador de que todos se atrevieron a denunciar irregularidades e ilegalidades del poder que está en manos de Ivonne Ortega Pacheco".
—El cuñado de la gobernadora (el diputado priísta Cornelio Aguilar Puc) en claro acto de intimidación ha pedido auditorías contra los ayuntamientos de Cansahcab y Bokobá, cuyos alcades denunciaron "un acto de corrupción en el que está directamente involucrada Ortega Pacheco". Todos conocemos este caso de la famosa cena con el señor Carlos Farjat Sánchez.
—Hay que sumar los excesos cometidos en Sotuta y la auditoría del ayuntamiento de Mérida... Tenemos suficientes evidencias para afirmar que en Yucatán se quiere sembrar una nueva era de temor y intimidación contra todo aquel ciudadano que con todo valor civil denuncie actos de corrupción del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco —enfatizó.
Indicó que en el caso del ex alcalde de Dzemul hubo violación a las garantías constitucionales, pues nadie puede ser privado de su libertad sin que media orden de un juez, y en este caso no hubo investigación previa ni una orden de aprehensióin, "que no nos vengan con el cuento de que fue un acto de flagrancia porque tenemos la evidencia gráfica con los videos, de cómo ocurrieron los hechos".
—Hubo allanamiento de propiedad y uso indebido de la fuerza pública para reprimir a ciudadanos... Ésa es la verdeadera esencia de la guerra sucia; el gobierno nos está demostrando que en este lugar "los sueños" no se hacen realidad, sino que se vuelven pesadillas —aseveró.
Con voz firme, la presidenta estatal del PAN manifestó "este día señalo a Ivonne Ortega Pacheco como la culpable de lo malo que suceda en el estado, sobre todo en materia de justicia, así como a su brazo ejecutor, Rafael Acosta Solís".
A su vez Rodríguez Palma comentó que el detenido fue puesto a disposición de la Procuraduría ayer viernes poco antes del mediodía y que el Ministerio Público dispone de 48 horas para determinar si hubo flagrancia por la ruptura de sellos o se le concede la libertad por falta de pruebas.