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En un hecho inédito, el diputado panista Daniel Ávila Ruiz denunció este fin de semana en la capital del país, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), el incumplimiento en la ejecución y entrega de 120 acciones de vivienda en comisarías de Tizimín, al parecer, imputable a la entonces Cousey (ahora Ivey) y cuya titular era la arquitecta Angélica del Rosario Araujo Lara, actual candidata del PRI a diputada federal por el III Distrito con sede en Mérida.
Para los trabajos se destinaron casi tres millones de pesos que aportaron en forma tripartita los gobiernos federal y municipal, así como los beneficiarios. Al gobierno del Estado, a través de la Cousey, le correspondió administrar los recursos y ejecutar las obras del programa denominado "Vivienda Rural" que —de acuerdo con el convenio respectivo— debieron estar listas en diciembre de 2008.
En sus escritos, dirigidos a Salvador Vega Casillas y Arturo González de Aragón, titulares de la SFP y ASF, respectivamente, el diputado Avila Ruiz solicita "investigar y revisar los hechos... y en caso de existir irregularidades proceder en contra de quien o quienes resulten responsables, iniciando el o los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes para fincar responsabilidades a la institución o a personas que incurrieron en ello", toda vez que causan perjuicio social a familias de menores ingresos.
El legislador panista relata en su denuncia que el 11 de julio de 2008 el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la entonces Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey) firmaron un convenio de ejecución del programa "Vivienda Rural", con el fin de apoyar a familias rurales e indígenas de menores ingresos, a través de subsidios para la ampliación o mejoramiento de sus viviendas.
En el convenio se especificó que serían 120 acciones en las comisarías de Dzonot Box (4), Dzonot Tigre (6), Dzonot Carretero (32), El Cuyo (14), La Sierra (8), Luis Rosado Vega (4), Popolnah (14), San José Montecristo (7), Santa Rosa Concepción (4), Sucopo (12), Xmaculán (4) y Xpahantoro (11).
El Fonhapo aportó $2,087,415; el Ayuntamiento de Tizimín, $556,647 y cada uno de los 120 beneficiarios, $1,157.96.
En la cláusula cuarta del convenio se estipula que la Cousey se comprometía a la radicación de los recursos de las tres partes en una cuenta bancaria a nombre de Cousey-Programa Vivienda Rural.
Otros compromisos asumidos por la Cousey fueron: cumplir estrictamente con lo establecido en el convenio, las reglas de operación del programa "Vivienda Rural", así como los instrumentos normativos y/o convenios o contratos que deriven de éstas, hasta la conclusión y entrega de las obras, siendo la responsable del ejercicio y comprobación de los subsidios federales, además de realizar las acciones de vivienda acordados con los beneficiarios.
Además, al final debía elaborar un acta de entrega-recepción por cada acción de vivienda terminada para comprobar la entrega de los subsidios a los beneficiarios.
En la cláusula décimo octava se estipula que en el caso de incumplimiento, siempre y cuando no haya cerrado el ejercicio fiscal 2008, y la causa sea imputable a la Cousey, ésta se obliga a reintegrar a Fonhapo el importe de los recursos que como subsidio federal les fue otorgado a los beneficiarios y los rendimientos generados por la tenencia de los mismos.
El legislador espera que alguna autoridad explique por qué si la federación, los beneficiarios y el ayuntamiento cumplieron, la instancia local ejecutora no hizo lo mismo, pese a que ya pasó incluso el tiempo de la subsistencia del convenio firmado por las partes para la construcción de las viviendas, cuya terminación no debió exceder del 31 de diciembre ppdo.
—No omito señalar —destaca el legislador en su denuncia— que la Cousey fue absorbida en sus derechos y obligaciones por el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey), siendo titular de la misma Angélica Araujo Lara, instituto que recibió los pagos que realizaron los beneficiarios y emitió los recibos correspondientes.
El diputado insistió en que el gobierno del Estado no cumplió en el tiempo estipulado en el convenio con la federación, porque no fue sino hasta marzo de este año cuando, a raíz de una denuncia pública que hizo, se empezaron a licitar algunas obras y a fines de ese mismo mes se concretaron algunas acciones en Xpahantoro.
—Por cierto -agregó- ya vinieron inspectores de Fonhapo a revisar las obras que se están haciendo en esa comisaría porque son de dudosa calidad... Los mismos albañiles que trabajan en las obras ya le advirtieron a los beneficiarios que "no vayan a colgar tres hamacas en los hamaqueros porque se pueden venir abajo las paredes".
¿Dónde quedaron los recursos? ¿Por qué no se hicieron las obras en tiempo y forma? —se preguntó el legislador, oriundo de Tizimín y enseguida agregó— "los beneficiarios son de alta marginación e hicieron un sacrificio para dar la parte que les correspondía, pues para ellos $1,150 es mucho dinero".
—¿Dónde está la sensibilidad del gobierno del estado? ¿Hubo ineficiencia o desvío de recursos? —se preguntó.
Por último, recordó que en la cláusula décimo novena del convenio se establece que la Cousey se compromete a reintegrar a la tesorería de la federación los recursos que no se encuentren devengados junto con los rendimientos generados hasta la fecha en que se efectuó el reintegro dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2008), de acuerdo con el artículo 54 de la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria, lo cual también fue incumplido por dicha dependencia.