En un calco de lo que ocurrió hace un año en Arizona, la Casa Blanca salió otra vez a combatir una ley estatal contra la inmigración ilegal, esta vez con la novedad argumental de que su normativa atenta contra personas que "están residiendo legalmente en el país".

La embestida del gobierno de Barack Obama apuntó contra la legislación aprobada en Alabama, considerada la más rigurosa del país y defendida por sus impulsores como un instrumento ideal para "liberar puestos de trabajo que ahora están ocupados por extranjeros que residen de forma ilegal".

El Gobierno del presidente Barack Obama ha pedido a un tribunal de apelaciones federal que bloquee la nueva y estricta ley de inmigración ilegal de Alabama, después que una juez federal permitiera que algunas partes clave entraran en vigor.

En su espíritu, el texto apunta a cortar las posibilidades de vínculo de inmigrantes irregulares con el resto de la sociedad. Prevé sanciones para quienes les den trabajo, alquilen una casa, los auxilien en caso de necesidad o que, incluso, los transporten en sus vehículos.

Pero lo que terminó de encender la llama de la resistencia fue el punto que obliga a las escuelas a "identificar" a los alumnos que sean hijos de residentes sin documentos.

"No pueden pedirnos que hagamos eso, es inconstitucional", reaccionaron miles de maestros, decididos a no ir en contra de la norma básica que, en este país, asegura el derecho a escolaridad de todos los pobladores, sean ilegales o no.

El gobierno demócrata tomó el guante y ayer, a través de su Departamento de Justicia, solicitó al Tribunal de Apelaciones que bloquee su entrada en vigor. "Se trata de un texto que incita a discriminar a personas en situación legal" -afirma el documento- y apunta a que "expone a muchas de ellas, incluidos los escolares, a sufrir dificultades en sus actividades diarias".

La ley de inmigración de Alabama se aprobó el 9 de junio pasado, quedó luego en el limbo ante una serie de recursos y fue ratificada recientemente por la justicia estatal. Es ahora la autoridad federal la que arremete en su contra.

La embestida se conoció al mismo tiempo en que legisladores republicanos insisten en la necesidad de sancionar leyes que criminalicen la residencia irregular, considerada, tradicionalmente, una infracción pero no un delito.

El congresista republicano por Arizona Russell Pearce, promotor de la controvertida legislación, defendió la persecución como "una buena herramienta" para poner orden en la sociedad y en la economía.

Las pancartas preguntan: 'Gobernador Bentley, ¿usted va a ser padre de mis hijos? ¿los va a mantener? ¿Usted compró mi coche?'. La de la niña dice: '¡Educación, no deportación! ¿De veras va a sacar a mis papás?

Bracero en una plantación de tomates en Steele, Alabama. (AP)

"No se equivoquen. Arizona sufre por una gran reputación, no por una mala", dijo, y se enorgulleció de "haber cambiado" el debate en esta capital, a la que reprochó sostener posiciones "dictadas desde un escritorio, que nada tienen que ver con la realidad y no consiguen respuestas" para impedir la entrada y permanencia de indocumentados.

Las expresiones de Pearce van en línea con las del gobernador de Alabama, Robert Bentley, que dijo sentirse "orgulloso" de haber firmado la sanción de la normativa, ahora puesta bajo la mira de la justicia federal.

Aunque en total los latinos no superan el 4% de la población, algunos condados del norte de Alabama tienen amplias comunidades que hablan español y escuelas donde la mayor parte de los estudiantes son de origen latino, lo que empieza a generar tensiones.

Se estima que en todo el país hay no menos de 12 millones de residentes indocumentados. En los últimos dos años y ante la persistencia del desempleo, su presencia se convirtió en el blanco del debate político, que la responsabiliza por la falta de puestos para la población local.