Hablando de los derechos de la mujer en Yucatán y al revisar diversos acontecimientos locales, uno percibe que la violencia hacia ellas sigue estando presente en muchos hogares de la entidad, y que, lejos de presentar una tendencia a la baja, el problema sigue ahí y pareciera ser más palpable que nunca.

Datos del sector salud revelan que la entidad ocupa el nada honroso quinto lugar a nivel nacional de casos de violencia hacia la mujer.

En un principio se pensó que este tipo de violencia iba de la mano del nivel de educación y economía del hogar, sin embargo, el tiempo ha venido a demostrar que no importan los estudios, ni el nivel social: los golpeadores están ahí manejando un Mercedes Benz o en un triciclo de alguna calle de la geografía yucateca.

Recientemente se supo que un secretario de gobierno estatal hizo gala de su calaña golpeando a su esposa. Uno pensaría que ante este tipo de hechos un gobierno encabezado por una mujer actuaría en consecuencia ante la gravedad del caso y, sin pensarlos dos veces, el cobarde —porque no existe otro calificativo para quien golpea a una mujer— estaría inmediatamente en la calle. Sin embargo esa mujer prefirió mirar hacia otro lado y dejar que el tiempo y su silencio enterrara el escándalo.

Según se dice, la esposa del cobarde golpeador recibió por callar y no denunciar una serie de beneficios de parte del gobierno estatal. No obstante, el hecho sobrepasó el "control de daños estatal" y se hizo público de tal manera que es inevitable que cuando ese funcionario hace acto de presencia en eventos públicos, surja el comentario acerca de lo “cariñoso” que fue con su señora.

Ojalá este penoso asunto sólo fuera un caso aislado; sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. La violencia intrafamiliar o de género hacia la mujer se ejerce día a día en mucho hogares yucatecos, siendo  los más conocidos aquellos casos retratados en la nota roja.

Estimaciones de organismos no gubernamentales calculan que por cada caso denunciado tres se ocultan, esa es la famosa "cifra negra". Según estimaciones del sector salud yucateco, la cifra conocida ronda los 1,600 casos por año. Entonces, si tomamos los casos no denunciados y los sumamos al dato oficial, estaríamos hablando de unos 6,400 caso anuales, es decir, casi 17 casos diarios, cifra realmente alarmante.

Preocupa mucho también que ante esto, nuestro Congreso local de mayoría priísta no haya creado las leyes que ayuden a disminuir esta problemática. Preocupa también que no exista una política pública efectiva por parte del Ejecutivo que coadyuve para frenar esta clase de violencia, no obstante existir un Instituto para la Equidad de Género que en realidad sirve para muy poco. Prueba de lo anterior es que jamás se pronunció por el asunto del secretario de gobierno. Los datos están ahí para corroborar la ineficacia del aparato gubernamental.

Por si hiciera falta algo, por todos son conocidas las actitudes del Ministerio Público que necesita que una mujer llegue literalmente bañada en sangre para iniciar una averiguación previa, pues sino es así, difícilmente la autoridad abrirá una indagatoria.

Un gran avance sería que la violencia hacia la mujer se persiguiera de oficio, dándole mayor peso al dicho de la mujer. Naturalmente habrá voces que indiquen que puesta así, la ley pueda ser aprovechada por algunas mujeres para perjudicar a algún hombre en casos distintos a la violencia que pudieran tener su origen en otra clase de asuntos.

De nueva cuenta el Congreso y el Ejecutivo tendrían que trabajar para diseñar los procedimientos que generaran certeza jurídica al momento de investigar la violencia hacia la mujer.  Es una tarea que se puede hacer y que sin duda sería un buen regalo hacia las mujeres... amén de que es lo mínimo esperable de una autoridad encabezada por una de ellas.