De miedo las intenciones del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, para que dentro de  la reforma a la Ley de Amparo se contemple que los amparos locales se resuelvan en tribunales locales o estatales y no en la instancia federal como se hace hoy en día.

Repito, de miedo sería si se aprueba esta intención del tricolor porque podría ser  la antesala de muchos casos de impunidad e injusticia, ya que no están dadas las condiciones para una reforma en ese sentido. Primero tendría que haber una real separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto sí sucede el ámbito federal, pero lamentablemente en los estados nos es así.

Actualmente en las entidades el Ejecutivo, si no controla, si tiene una gran influencia en los otros dos poderes.  Entonces habría un poder que controlaría de facto todo el proceso de administración de justicia y eso lo volvería un todopoderoso y peligroso actor de la vida de los estados.

¿Quién va a fiscalizar la actuación de los jueces y magistrados locales? Tan sólo la palabra judicatura causa recelo entre los integrantes del poder judicial

Pienso que de ser aplicada la propuesta tricolor sería el marco ideal para un oscurantismo legal sin precedentes, ya que al no tener los Tribunales Colegiados la responsabilidad de resolver los amparos locales, sería entonces el Tribunal Superior de Justicia de las entidades quien asumiera esa facultad.

Y el problema radica que dichos tribunales estatales lejos de ejercer la separación de poderes se someten al Ejecutivo en turno, ya sea para quedar bien, para llevársela tranquila o para ganar más recursos económicos a la hora de los presupuestos.

Y la realidad nos indica, por ejemplo, que muchos poderes judiciales tienen entre sus filas a magistrados o jueces, vinculados con el PRI, lo cual de entrada todo aquel que no es priísta tendría la duda de la imparcialidad de la resolución de la autoridad, y por el contrario, todo aquel priísta tendría un apoyo en éstas instancias.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán habría que analizar quienes tienen vínculos con el priismo para  señalar lo peligroso que sería reformar la Ley de Amparos en los términos que señala la fracción tricolor en el Senado de la República. Sin duda hay más de un magistrado que no cumple con el ideal de la separación de poderes ya que presenta vínculos con el tricolor y eso haría pensar que en un momento dado  se sometería al  poder del Ejecutivo.

Es cierto que abiertamente “los magistrados yucatecos” no expresan sus preferencias partidistas, pero en otros ámbitos, como el social, no tienen empacho en asistir y convivir con los tricolores en sus fiestas, reuniones, bacanales, pachangas, bodas, bautizos, etc.

Repito habría que checar sus trayectorias para ver de qué lado está su corazón.

Hasta hoy, el hecho de que el Poder Judicial de la Federación sea la instancia que resuelve los amparos locales da un equilibrio jurídico que  no permite que muchos jueces estatales comentan injusticias, ni abusen de sus facultades en perjuicio de algún ciudadano, que no tienen ni los conectes, ni el dinero para hacer frente al embate de la autoridad.

Ojalá la sociedad y los abogados pongan atención a los movimientos que se están haciendo en el Senado de la República, en cuanto a la reforma a la ley de la materia,  porque estaría en juego el equilibrio de poderes, de por sí muy frágil.