La ciudad de Mérida se perfila, en mayo de 2010, a un momento crucial en su historia. Pero la ciudad es habitada por ciudadanos y éstos deciden, cuando votan, según lo que creen que es mejor. Por lo tanto, si están equivocados en lo que creen, entonces tomarán una decisión equivocada y la ciudad sufrirá las consecuencias.

La causa, a final de cuentas, está en la información con que cuentan los ciudadanos. Si esta información es mala, defectuosa, desequilibrada, tendenciosa, sesgada a lo falso, entonces la decisión del ciudadano será equivocada.

¿Puede decirse que la información del Por Esto! ayude a tomar una decisión correcta? Ya sabemos que es un rotativo que ha recibido dinero contante y sonante para decir las cosas a la medida de la conveniencia del grupo que hoy tiene el gobierno del estado bajo su responsabilidad. Por lo tanto, este órgano no es totalmente informativo, sino parcialmente desinformativo.

Surgió, por allí, un impreso que tiene el nombre de "La Verdad de Yucatán". Pero basta con leer los títulos de su portada para saber que tiene una tendencia muy clara a exaltar todo aquello que pueda parecer negativo y en contra del gobierno municipal de Mérida actual. Por lo tanto, es sólo "la verdad" dicha para que favorezca al grupo que no es hoy parte del ayuntamiento, amplificando en forma exagerada errores que realmente no lo son y disfrazando opiniones como si fueran hechos.

Artículo 7 nació con una misión: mostrar las verdades que pueden comprobarse y que otros medios no están presentándole al ciudadano con la contundencia o claridad que ameritan sus temas. Hoy estamos hablando del negocio de las tierras de Ucú, asunto obligado de conocer y entender para cada persona que habita Yucatán.

Tenemos entre manos una vergüenza social, algo de lo que todos los ciudadanos deberíamos estarnos sintiendo mal y buscando la manera de que el asunto se corrija: Lolbé Carrillo ha sido condenada a pagar una multa de $6 millones porque todo el consejo de la JAPAY reunido en sesión, aprobó la entrega de un donativo de $3 millones a una fundación (AC) para el estudio y mejora del agua cuando ella era directora. Los sabiondos en cuestiones legalistas nos dicen que no tiene vuelta para atrás: debe pagar la multa.

Pero, ¿existe realmente algún delito? ¡No, qué va! ¡Éste es un clímax de cinismo perpetrado por el grupo que gobierna el estado de Yucatán hoy! Es un esfuerzo más por tratar de hacerle creer al ciudadano que hubo "gran" corrupción en el sexenio 2001-07: empezaron con Guzmán Alcocer y desde el inicio se le apuntó a Lolbé Carrillo, una persona de calidad moral impecable.

Uno a uno los intentos fueron legalmente vencidos. Sin embargo, el asunto de Lolbé Carrillo llegó hasta las últimas instancias y los jueces emitieron su veredicto condenándola a ese pago. Como es un acto político, con miras a generar una imagen falsa, debe haber manera de amonestar a los jueces por su conducta, en tanto que nos juntamos, en la sociedad, para contribuir efectivamente al pago de esa multa.

Pero, ¿será justo que el gobierno del estado continúe recibiendo más dinero de la sociedad? Aeropuerto de Kaua, tierras de Chichén, pagos al Por Esto!, préstamo a 25 años, terrenos en Ucú, $20 millones por un viejo avión... más todo lo demás que usted y nosotros sabemos. ¿Cuándo va a terminar esta orgía vergonzosa de desgobierno? ¿Será que sufriremos la tragedia de que la orgía, no sólo no terminará, sino que se extenderá al gobierno municipal de Mérida?