Con un tope de 18 millones de pesos establecido por el código electoral de Yucatán, Ivonne Ortega gastó en su campaña por la gubernatura entre 120 y 140 millones de pesos, SIETE VECES MÁS de lo permitido por la ley. ¿Y qué hizo el IPEPAC? Aplicar al PRI una multa inferior al medio millón de pesos, asumiendo que apenas se rebasó el tope legal establecido.

A un mes de que concluyan, las campañas para diputados federales en Yucatán han derrochado varias veces el monto establecido como tope por el COFIPE, que es de 850 mil pesos. El dispendio propagandístico y económico del que han hecho gala los candidatos del PRI es verdaderamente escandaloso: sólo el costo de las carteleras espectaculares (que son muy fáciles de contar y de valorizar) utilizadas por Rolando Zapata o por Angélica Araujo supera la mitad del tope legal. Lo mismo ocurre si se cuentan los cientos de taxis y colectivos que cedieron “voluntaria y gratuitamente” -aportación que la ley obliga a contabilizar al precio comercial- sus cristales traseros para colocar sendas pancartas de los candidatos del PRI. ¿Les gustan 400 vehículos por candidato, entre colectivos y taxis? A cuatrocientos pesos por mes, durante dos meses…nada más en ese rubro, 320 mil pesos.

Deténgase usted a pensar lo que debieron erogar los candidatos del tricolor en pago por las miles y miles de camisetas repartidas; en la compra de espacios publicitarios y en gacetillas periodísticas; por el costo de volantes y trípticos impresos a todo color, por decenas de miles; pendones y anuncios plásticos…

A todo lo que se mira y se reparte súmele usted el costo de las “brigadas rojas” que desde hace cuatro meses recorren los distritos yucatecos, tocando puerta por puerta, promoviendo el voto a favor de los candidatos del tricolor. Estamos hablando de un mínimo de 500 personas, por distrito, a razón de 1200 pesos semanales (entre salario y costos logísticos), en 16 semanas, 19 mil 200 pesos por “activista”. Con estos datos “duros” podemos concluir que las “brigadas rojas” no costaron menos de 10 millones de pesos en cada distrito. Y todavía faltan los “cierres de campaña”, el pago a los “representantes de casilla”, los gastos de movilización durante la jornada electoral y, desde luego, la ya acostumbrada “compra de votos”.

Entiendo que lo que ocurre en Yucatán es sólo una edición local de lo que se vive en cada entidad, en cada distrito electoral (incluyendo las elecciones “estatales”).

¿Y qué dice o qué ha hecho la autoridad electoral ante muestras tan fehacientes de derroche y de ilegalidad? Nada, absolutamente nada, dejar hacer, dejar pasar …

¿Sabía usted, amable cibernauta, que en ninguna elección anterior, jamás en una elección federal, se ha revocado el triunfo de candidato alguno por haber incurrido en exceso de gastos, sanción que sí contempla (o, por lo menos CONTEMPLABA, antes de la rasurada que le dieron) el COFIPE?

¿Cómo se puede sentir motivado un ciudadano cualquiera a participar en la contienda ante muestras tan fehacientes de ilegalidad y ante expresiones tan indignantes de omisión cómplice, por parte de la autoridad electoral?

¿Cómo podemos pensar en dar un paso más en nuestra estructura democrática, promoviendo la REELECCIÓN para representantes populares si no acabamos de controlar el proceso primario, que es la ELECCIÓN LIBRE, sin interferencias, sin los controles perversos que han podido erigir los poderes fácticos sobre procesos y estructuras electorales, desde la postulación de candidatos, el desempeño d elos partidos y de los órganos del IFE, hasta las sanciones del TEPJF?

Por eso propongo y promuevo la opción de ANULAR EL VOTO, como un rechazo total y absoluto de lo que tenemos, sanción moral que lleva aparejada la esperanza de algo mejor.