Según el PRI, la entrega de autos y puestos públicos a promotores del voto es "normal". "Es legítimo". "Es legal". Sin la menor vergüenza, Eruviel Ávila incluso reconoce que él mismo es producto de esa práctica tradicional de su partido: "Si otras opciones políticas no lo hacen aquí, nosotros sí lo hacemos. De hecho yo soy producto de que en su momento fui apoyado, fui estimulado". Estimulado por regalos, favores, prebendas y puestos públicos como los que ahora ofrece. Estimulado por lo que el PRI considera legal y aceptable, pero no lo es ni debería serlo. Lo que él y sus subalternos defienden con tanto entusiasmo se llama clientelismo. Se llama patrimonialismo. Se llama patronazgo. Se llama corrupción.

Se nutre de una red compleja de lazos personales entre "patrones" y sus "clientes". Entre Arturo Montiel y quienes lo llevaron a la gubernatura. Entre Enrique Peña Nieto y las mujeres a las cuales les regala despensas. Entre Eruviel Ávila y los promotores del voto a los cuales les ofrece participar en las planillas de los municipios y en el gobierno del estado. Lazos fundados sobre las ventajas materiales mutuas: el patrón provee recursos -dinero y empleos- a los cómplices que dependen de él. Y ellos, a cambio, le dan apoyo, cooperación, asistencia a mítines y votos. El patrón posee un poder desproporcionado y una amplia latitud sobre la forma en la cual distribuye los recursos bajo su control. Y los pobres y los marginalizados y los manipulados aceptan esta relación transaccional porque resuelve los problemas inmediatos de su vida económicamente precaria. El voto a cambio del saco de cemento. El voto a cambio de la oferta de trabajo. El voto a cambio del premio prometido.

Eso que al PRI le parece tan "normal" es absolutamente antitético a las reglas, a las instituciones, a los procedimientos de la democracia. El clientelismo no está construido sobre la "transparencia" -de la que se jacta Eruviel Ávila- sino sobre fuentes veladas de poder e influencia. Sobre la lealtad comprada. Sobre formas de comportamiento que inhiben la participación popular autónoma, subvierten la legalidad, fomentan la corrupción y distorsionan la entrega de servicios públicos. Sobre dinero en efectivo, cachuchas, camisetas, lápices, desayunos, lavadoras, machetes, fertilizantes, pollos, vacas y borregos. Y como el clientelismo corre en contra de los incentivos para el buen gobierno, el Estado de México no puede presumir que lo tiene. Allí está, entre los primeros lugares de feminicidios y entre los últimos en transparencia.

Aún así, no deja de sorprender el desparpajo priista. La ausencia de recato. El cinismo explícito. La defensa de prácticas criticables que presenta como apropiadas. La frescura con la cual Eruviel Ávila responde cuando se le pregunta cuál es la base jurídica sobre la que va a regalar puestos: "los estatutos y normatividades del partido". O las declaraciones de Luis Videgaray: "Nos parece absolutamente legítimo y normal ofrecer premios a quienes logren las mejores metas de promoción del voto". El PRI no entiende o no le importa que el clientelismo se encuentre en el polo opuesto del espectro democrático. Que es antitético a procedimientos legales e institucionales. Que la toma de decisiones en una democracia se centra en la producción y transferencia abierta de bienes públicos. Que el poder político lo ocupan quienes rinden cuentas y no quienes regalan autos. El clientelismo no se basa en la transparencia sino en la opacidad; no funciona con reglas legales sino a base de decisiones discrecionales; no se aplica de manera neutral y equitativa sino de forma parcial y preferencial; no recompensa la honestidad o la competencia sino la disciplina y el sometimiento.

Y es por ello que el Estado de México cuenta con un gobernante popular pero con un mal gobierno. Con un superávit de segundos pisos pero un déficit de democracia. Con políticos que dan regalos pero no rinden cuentas. Con funcionarios que se aprovechan de sus puestos para promover intereses particulares. Una entidad repleta de abusos como sobornos y extorsión y nepotismo y favoritismo y criminalidad a la alza. Realidades que el PRI tolera. Realidades que el PRI acepta. Realidades que el PRI justifica. Realidades que el PRI fomenta al prometer 3 autos y 27 cargos públicos, estatales y municipales, repartidos entre 6 mil 634 presidentes de comités seccionales y 4 mil comisionados de ruta. Basándose en argumentos como el de Eruviel Ávila que constituyen una racionalización del crimen y la explotación. Fomentando el "dilema del prisionero" entre votantes que preferirían una alternativa distinta al clientelismo pero votan por el PRI ante el temor de ser excluidos de sus beneficios. La "normalidad" priista que es la anormalidad condenable en países verdaderamente democráticos o países que aspiran a serlo. La normalidad de "una comunidad de pillos que se decían personas comunes y corrientes", en palabras de Kafka. O sea, la normalidad kafkiana en la que prometer puestos a cambio de votos es conocido como un "estímulo".