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Hace 20 anos en 1989 desarrollé una propuesta para un nuevo régimen fiscal. De acuerdo a las autoridades hacendarias era imperativa una reforma que permitiese mayor captación. La mejor forma es ampliando la base de causantes.
Hace unos días el secretario de Hacienda, Carstens, declaró en USA que este año —2009— era impostergable lograr una reforma fiscal que permita no sólo mantener las finanzas públicas sanas, sino que, de no hacerlo entraríamos en una espiral de crisis recurrentes.
Antes de comentar el alcance de mi propuesta, comentaré lo que ha pasado en más de 35 años con un desarrollo económico verdaderamente magro comparado con otros países. En otros momentos esos países tenían niveles de desarrollo inferiores al nuestro y hoy nos llevan de calle: Chile, Corea, Taiwan, Europa de Este, Irlanda, Singapur, etc., sólo por mencionar algunos.
Esto se debe en buena parte en la inmovilidad que nos ha caracterizado. Intentar resolver nuestros problemas —el fiscal tiene más de 20 años— se nos ha ido discutiendo, sin llegar a soluciones prácticas o de largo alcance.
De esto se desprende el famoso dicho que ha caracterizado a nuestros gobiernos: hay que cambiar para que todo siga igual.
La propuesta fiscal que desarrollé hace 20 años y consensé con núcleos de empresarios y especialistas en la materia —de Mérida y posteriormente se la envié a nuestras diferentes autoridades gubernamentales y políticas— tuvo una respuesta nula, hasta que la presenté en un congreso nacional de Coparmex. La respuesta oficial fue: "Es muy sencilla; no procedería".
Después de esa respuesta decidí publicarla en un artículo en el Diario de Yucatán para dejar constancia de que la propuesta existió.
El principio de la propuesta se basa en que a nadie le gusta pagar impuestos. Es una obligación necesaria, si queremos progresar como país. Por otro lado, el impuesto sobre la renta debía ser equitativo —que los que tuviesen mayores posibilidades económicas deberían pagar más.
Por otro lado todos los mexicanos tenemos una obligación con el fisco pero no creo que ni 0.1% de la población tiene la certeza de que lo que paga de impuestos es correcto, por lo complicado de nuestras leyes fiscales. Esto implica que siempre tendremos una aversión muy fuerte a las auditorias fiscales: ¿habremos pagado bien? Nunca lo sabremos a ciencia cierta.
De lo anterior se concluye que como ciudadanos mexicanos tenemos una obligación pero que en la práctica casi nadie sabe cuál es esa obligación y que aun contratando a contadores especializados siempre existe la duda. ¿Se hizo correctamente? Tiene, además, un costo muy alto e improductivo para las empresas. Merma la competitividad de las mismas en forma significativa, sobre todo en las Pymes.
Por ello propuse que el nuevo régimen fiscal para las empresas fuese calculado sobre un porcentaje de las ventas. Podría estar entre 2.5% y 3%. El pago sería definitivo. Se eliminarían las famosas declaraciones anuales: cada mes pagaríamos por las ventas cobradas en el periodo.
En un análisis de las principales empresas que publica la revista expansión calculé lo que pagan las principales empresas de nuestro país. Encontré que fluctúa entre 1% y 2% de las ventas —ya con la aplicación del IETU.
Se puede concluir que la captación fiscal se podría incrementar en forma significativa por los causantes que hoy se tienen cautivos pero que cuentan con herramientas de planeación fiscal que, dentro de la ley, les permite pagar menos de lo que deberían.
Por otro lado acabaría la evasión de tajo. No hay negocio que no venda aunque puede argumentar que no gana: esto implicaría que todos los que desarrollen una actividad empresarial, tienen la obligación de pagar impuestos.
La decisión de ganar mucho o poco es empresarial. No importa cuánto ganes sino cuánto vendes para calcular los impuestos. Esto traería un gran incentivo empresarial de mejorarar su productividad. Podría ganar más dinero sin que le afecte el pago de impuestos.
Se acabaría ese estar inventando gastos con el objeto de reducir el pago de impuestos.
La aplicación de esta propuesta puede tener detractores con argumentos jurídicos tal vez muy válidos por lo que mi propuesta es que se ponga como optativa con la salvedad de que el que la adopte, acepte que seria en forma definitiva. Se le daría admistía por su pasado con la salvedad de que a partir de la adopción el que no cumpla cabalmente y se le pesque, tendría castigos muy severos: no habría justificación para no cumplir con exactitud, dada la sencillez del cálculo y del registro necesario.
La forma de compulsar y evitar la evasión es con la acreditación del IVA. El costo no tendría implicación desde el punto de vista fiscal pero sí lo tendría en la compensación del IVA. Los mismos causantes serian los mejores auditores.
Yo considero que ha llegado el momento de tomar decisiones practicas y de largo alcance. Es algo que nos alejaría de los tabús que nos hemos formado durante casi un siglo y que están creando un lastre en nuestro desarrollo.
Recordemos que hoy estamos viviendo los efectos de las decisiones y estrategias que tomamos hace más de 30 años. Si queremos dejarle un mejor México a nuestros hijos, es el momento de actuar, sobre todo en lo que respecta a presionar a nuestras autoridades a que se tomen decisiones correctas y de beneficio colectivo.
Sigue disponible una copia electrónica del artículo que publiqué en 1999 en el Diario de Yucatán. Las personas interesadas en conocer con mayor detalle la propuesta lo pueden adquirir enviándonos un correo electrónico a a7finanzas@coinsuy.com.
Deseo por este medio agradecer los correos que he recibido durante los últimos meses. Han sido motivantes para seguir escribiendo para ustedes, amables lectores. Manuel Mier y Teran Fortuny.