Ante las numerosas y reiteradas violaciones a las leyes y ordenamientos federales, estatales y/o municipales; ante el creciente desorden financiero y administrativo; ante el derroche económico que se practica, sin hacer caso a la gran cantidad de denuncias acompañadas de pruebas y documentos con datos específicos sobre facturas falsas y empresas fantasma; ante la nula intervención de las autoridades responsables, en especial, el sometimiento del Poder Legislativo del estado y la inacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus órganos fiscalizadores, así como el silencio de la Secretaría de la Función Pública, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, en pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos, acudimos ante esta Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracely Ortega Pacheco.

Desde el inicio de su administración, la titular del Poder Ejecutivo yucateco se ha caracterizado por:

1.- Mantener un alto desorden financiero en el manejo de los recursos públicos;

2.- La falta de transparencia y de rendición de cuentas.

3.- El incumplimiento de convenios con la federación mediante la falta de aportación de recursos estatales a programas federales.

4.- El atraso injustificado en la construcción de obras vitales para el Estado.

5.- El permanente desvío de fondos etiquetados, aún de origen federal, para usarlos como de libre disposición.

6.- Así como por cometer actos de represión como forma de ahogar libertades ciudadanas y la indebida utilización de la fuerza pública, tanto por acción como por omisión.

Los hechos que se hoy se denuncian no son los únicos, apenas constituyen una breve muestra de lo que significa el ejercicio equivocado del poder.

Los que suscribimos este boletín somos quienes firmamos y presentamos la denuncia de juicio político, pero no estamos solos: hay junto con nosotros una gran cantidad de ciudadanos inconformes que sigue creciendo, conforme se suman nuevos actos ilegales y se agregan casos de represión, injusticia y de desvío de recursos.

En la denuncia que hoy se presentó, se consignan hechos relacionados con el desorden financiero, utilizando para ello los números oficiales que el propio gobierno del Estado se ve obligado a proporcionar, cuyo análisis demuestra que la administración que encabeza Ortega Pacheco incurre en contradicciones en sus informes de la cuenta pública, realiza ajustes contables sin sustento ni explicación algunos a fin de "acomodar" los números a su conveniencia, utilizando recursos etiquetados como si fueran de libre disposición y gastando más dinero que el autorizado en los presupuestos de egresos, lo que viola de manera grave preceptos de las constituciones políticas federal y local.

Deuda sin precedente

Igualmente se expone en la denuncia las serias irregularidades, violatorias de la constitución federal, en que ha incurrido el gobierno de Ortega Pacheco con el manejo desaseado de empréstitos cuyo destino hasta hoy, no queda claro en su totalidad. La actual gobernadora ha generado una deuda sin precedentes para el Estado de Yucatán, cuyo pago afectará por lo menos a las siguientes tres administraciones gubernamentales. Lo peor es que no ha sido clara en cuanto al destino de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento, en clara violación a la constitución federal que impone su utilización única y exclusivamente para inversiones públicas productivas.

Gobierno de primeras piedras

Las obras inconclusas han sido un sello característico de la gobernadora de Yucatán. Obras en proceso que le fueron heredadas por la administración anterior a ella, incluso con fondos disponibles para su conclusión, siguen sin terminarse, destacando entre ellas dos hospitales generales, el de Valladolid y el de Tekax. Solo eso, el no haber podido o querido terminar obras vitales para la población como son los hospitales, son razones más que suficientes para la procedencia del juicio político y su destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Gobierno represor

En materia de seguridad, no solo ha utilizado la fuerza pública para reprimir a quienes en alguna forma disienten de ella, sino que en el colmo de la desvergüenza, ha admitido públicamente ser la responsable de impedir que la policía estatal evitara las salvajes agresiones de que fueron objeto ciudadanos que participaban en una manifestación pacífica, por un grupo de gamberros comandados por un empleado público, apenas el 4 de julio pasado, hechos delictuosos que trascendieron fronteras gracias a las violentas escenas que fueron grabadas por ciudadanos y enviadas a las redes sociales, rompiendo el cerco mediático que suele imponer la propia gobernadora a las frecuentes violaciones que comete.

Conclusiones

Estamos conscientes de que en la historia de México nunca ha procedido un juicio político contra un gobernante en turno, no obstante, estamos aquí para presentar este recurso, en espera de que los diputados federales cumplan con su deber, den entrada al expediente, lleguen al análisis de fondo, y envíen una señal positiva a los ciudadanos de este país, en el sentido de que los gobernantes, sin importar el nivel, cuando violan la ley, serán sancionados en los términos que lo disponen las leyes de México. No nos defrauden.

Atentamente:

Marisol Canto Ortiz, Blanca Estrada Mora, Mario Cerón Grajales, Arturo Cetina Bautista, David Contreras Celis, Jorge A.López Pacheco, Guillermo Vela Román.

Entre los que firman, están representantes de 7 organizaciones ciudadanas en su carácter de solicitantes del juicio político como también otras 2 agrupaciones adherentes a esta petición: Sociedad en Movimiento, Acciones Líderes, Red de Maestros, Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán, Red Social contra la Represión, Frente Cívico Familiar, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, y Comité Vecinal Manzana 115.

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La documentación fue recibida en la Cámara de Diputados por los Licdos. José Ricardo Jiménez Ramérez, director de Servicios Legales, y Ernesto Ramírez LLanos, subdirector de Apoyo Normativo del organismo.