Mérida, Yucatán a 12 de octubre de 2010.- Con el fin de evitar que nuevas generaciones de yucatecos terminen pagando deudas excesivas de malos gobiernos Beatriz Zavala suscribió la iniciativa de reforma a los artículos 73 y 117 Constitucional del senador Fernando Elizondo Barragán que regulará el endeudamiento de las entidades federativas y municipios atendiendo a criterios de una administración sana de sus finanzas públicas.

—En Yucatán se llevan ya más de 2 mil millones de deuda contraída en apenas tres años de gobierno, por ello, esta iniciativa tendrá como fin cumplir dos propósitos: Evitar riesgos de incumplimiento y asegurar que no se comprometan en exceso ingresos futuros en detrimento de la población que requiere de buenos gobiernos con recursos suficientes para atender a sus necesidades.

—No queremos más hijos y nietos endeudados de manera injusta, sino que disfruten los efectos de la inversión en bienes, recursos, derechos o servicios —explicó. Por ello, el financiamiento público debe dedicarse fundamentalmente a la inversión, es decir a desembolsos que producirán beneficios para la comunidad que tengan una duración igual o mayor al plazo de la deuda, salvo casos excepcionales de emergencia.

La senadora recordó que a partir del año 2000, las entidades federativas pudieron contratar deuda y garantizarla con participaciones federales a través mecanismos de Fideicomiso con absoluta libertad y sin más limitación que la disposición de las instituciones de crédito o inversionistas para concederles financiamientos.

—Como las participaciones federales afectadas en fideicomiso son una garantía sumamente atractiva y líquida, el resultado ha sido una tendencia al sobreendeudamiento, por ello, indicó, son necesarias normas que definan parámetros fundamentales al financiamiento público subnacional.

—Hay que poner un hasta aquí al uso discrecional de los recursos públicos a futuro: Hoy Yucatán padece de falta de recursos para cumplir sus compromisos con la federación y liquidez para pagar a proveedores —comentó.

Subrayó que con las reformas al artículo 73 y 117 Constitucional debe evitarse que una generación tenga que estar pagando los costos de beneficios ya recibidos y agotados por otras, "como ha sucedido en Yucatán, donde hijos, nietos y bisnietos pagarán una deuda estatal de más de 2 mil millones a un plazo de 25 años", dijo.

—La iniciativa contempla considerar como deuda cualquier obligación de desembolso futuro de recursos públicos, cierta o contingente, contraída por cualquier entidad el sector público a cambio de recursos, bienes, derechos o servicios, en la medida en que la misma no pueda ser reducida o cancelada por voluntad del obligado —explicó.

La senadora agregó que el límite del endeudamiento no puede dejarse a los mecanismos del mercado, que ya han demostrado ser ineficaces para fijarlo en niveles sanos para el desarrollo de las finanzas públicas y aún las privadas.

—A este respecto —dijo— retomando el concepto original del texto constitucional, debe concebirse el financiamiento público como un complemento de la inversión que se realice con recursos fiscales.

La senadora aseguró que con esta visión se plantea que el límite sea fijado tomando en consideración la proporción que representan los desembolsos por servicio de deuda respecto a la capacidad de inversión antes de financiamiento.

—Por un principio de equilibrio de poderes y transparencia, debe también establecerse con claridad que todo endeudamiento, sus términos y su destino deben ser previamente autorizados por el poder legislativo correspondiente, independientemente de la forma o figura jurídica que se utilice y del ente público que lo asuma —explicó. Boletín de la oficina de la senadora Zavala Peniche.