Rocío Rodríguez Alayola, quien ha promovido diversas acciones legales contra su aún esposo, el notario público número 16 Carlos Alfredo Hevia Salazar, por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en perjucio de su hija Monserrat Hevia Rodríguez, indicó que el día de ayer pretendió dar cumplimiento a un requerimiento del Lic. Luis López Martín, presidente en funciones del consejo de notarios, que solicitó diera copias de una documentación que a ella interesa, al ejecutivo estatal, pero que personal de la oficialía de partes, se negó a recibirlo.

Carlos Alfredo Hevia Salazar, padre incumplido y fedatario público.

Destacó que para que pueda proceder la suspensión temporal del fedatario público, que infringe la ley del notariado por hacer caer en descrédito al gremio con su conducta, López Martín, presidente en funciones del consejo de notarios, solicitó al juez octavo de defensa social, se sirviera proporcionarle copias certificadas, del auto de formal prisión dictado en contra de Hevia Salazar, en mérito del juicio por ella interpuesto por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, con número de expediente 197/8/2009.

Como nuestros lectores podrán recordar, Hevia Salazar es el notario que avaló con su fe pública, la asamblea espuria que fue convocada por los disidentes de la Fundación Produce Yucatán y en la que supuestamente se eligió como presidente de la referida agrupación a Carlos Ramayo Navarrete, nombramiento que, según pudo comprobar Pedro Cabrera Quijano, presidente de la asociación antes citada, carece de legalidad.

La señora Rodríguez Alayola refirió que ante la lentitud de las vías institucionales, solicitó en el juzgado donde se sustancia la causa penal, le certificaran las copias, para efecto de llevarlas ella misma ante las instancias pertinentes.

Luis López Martín, (segundo de izquierda a derecha) presidente del consejo de notarios del estado de Yucatán

Lo anterior, para que al reunirse en asamblea, el consejo de notarios pudiera imponer alguna sanción a Hevia Salazar e inmediatamente, girarle copia a la titular del ejecutivo, para que esta, a la vez, decretara la suspensión temporal del progenitor incumplido.

El caso es que al presentarse ayer por la tarde a la oficialía de partes de palacio de gobierno, un empleado se negó contra todo buen sentido, a recepcionar la documentación que llevaba.

Cuando lo cuestionó respecto de su negativa, el empleado le dijo que no era posible acceder a su solicitud, pues no era instancia la oficialía de partes. Al insistirle ella, que era obligatorio que le recibieran los documentos, puesto que a esto se reducían las funciones de oficialía de partes, el empleado se dirigió al jurídico de palacio de gobierno, saliendo minutos después, diciendo que por órdenes del titular del departamento jurídico, no era posible recepcionar los documentos.

La señora Rodríguez Alayola se retiró sucedido esto. Finalizó mencionando que es lamentable que el ejecutivo estatal niegue a la ciudadanía el derecho constitucional de audiencia y que, a pesar de la evidente complicidad del aparato gubernamental con su aún esposo, continuará luchando por los derechos de su hija.