La periodista, asilada en Alemania, acusa al diputado de tratar de inhibir su actividad profesional

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo.- Desde Alemania, donde se encuentra asilada luego de las amenazas de muerte que recibió en 2008 y la persecución judicial en su contra, la periodista Ana Lilia Pérez informó que este martes fue notificada de otra demanda en su contra promovida por el exdirector de Refinación de Pemex y actual diputado federal, Juan Bueno Torio.

En una carta, la reportera de la revista Contralínea y autora de los libros Camisas azules, manos negras y el Cártel Negro, refiere que el legislador panista la acusa del presunto delito de daño moral, con lo que, dice, el político veracruzano pretende inhibir futuras investigaciones sobre su persona.

Luego de recordar que en 2010 el Congreso de la Unión creó una fiscalía especial para investigar los señalamientos contenidos en el libro Camisas azules, manos negras, la reportera explica que en la demanda “el diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace 12 años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión”.

El diputado federal panista veracruzano Juan Bueno Torio estaría involucrado, al lado de Javier Fox Quesada y Carlos Medina Plascencia, en la presunta triangulación de compra de aceite a Pemex para revenderlo a Mexicana de Lubricantes. La denuncia, que es investigada por el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, se suma a las afirmaciones de la periodista Ana Lilia Pérez, quien, exiliada en Alemania, asegura ser blanco de nuevas amenazas del legislador blanquiazul.

En su carta, Ana Lilia Pérez explica brevemente algunos de los actos de corrupción detectados en su investigación periodística y que después se tradujeron en sanciones administrativas e inhabilitación para funcionarios que colaboraron con el panista.

“En enero del 2012, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer, mediante un boletín de prensa, que en diciembre inhabilitó a 14 funcionarios de la subsidiaria a cargo de Bueno Torio, por ‘manipular procesos de licitación y contratar a sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques-tanque a casco desnudo por cinco años’.

“Los involucrados fueron inhabilitados por 10 años, además, la SFP impuso multas a ocho de ellos por 500 millones, 913 mil pesos; a dos más por 355 millones de pesos; a uno por 145 millones de pesos; y a los tres restantes por 90 millones 415 mil pesos. Casos como el citado evidencian que en el periodo en el cual el hoy diputado dirigió Pemex Refinación su desempeño no fue cabal”.

La periodista puntualiza que la demanda de Bueno Torio tiene la finalidad de inhibir su labor como periodista, “y con ello menguar la independencia intelectual necesaria para ejercer el periodismo crítico que la sociedad mexicana demanda, y pretende que se le dé validez legal a sus intimidaciones”.

Del documento que le llegó hasta Alemania donde se encuentra refugiada, tras recibir severas amenazas de muerte, la periodista señala que en los documentos no hay “prueba del supuesto daño moral en su contra; en cambio, exige pretensiones que atentan contra mis garantías individuales”, además de que la demanda ocurrió sólo después de que el Congreso federal integró una comisión especial para abundar sobre la investigación periodística.

Para la periodista el juicio que la persigue hasta Alemania no es ajeno al contexto nacional en donde Pemex forma parte de los principales temas de la agenda de México: “los recientes ‘incidentes’ y la discusión de la nueva reforma energética, de nuevo coloca los reflectores sobre la actuación de sus funcionarios y exfuncionarios”.

Es por ello que la periodista considera que el exdirector de Pemex Refinación “se empeña en colocarme una mordaza, y pretende que el juez me prohíba a priori escribir o siquiera pensar en escribir una sola línea sobre su desempeño público”.

Ana Lilia Pérez concluyó su comunicado firmado en Alemania que “el juicio en cuestión es contrario al supuesto interés del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República de salvaguardar los derechos de los periodistas, y ha significado un gasto de recursos públicos que  bien podrían asignarse a otros asuntos”. (Proceso)