Especial complacencia de Miguel Castillo

El control absoluto del Ejecutivo del Estado —representado por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco— sobre las instituciones públicas "autónomas" diseñadas para procurar la transparencia y el combate a la corrupción, se hace notar con el evidente encubrimiento por parte de los encargados de dichas instituciones en actos no transparentes o de corrupción en diferentes dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal.

Muy notorio es el caso del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip) —creado para garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Aquí se observan: 1) el encubrimiento, por parte del consejero Miguel Castillo Martínez, 2) la subordinación del consejero presidente Ariel Avilés Marín y 3) la debilidad de la consejera Ana Rosa Payán Cervera.

En múltiples ocasiones se ha visto la férrea defensa por parte del consejero Miguel Castillo para defender al Ejecutivo del Estado en casos que habrían ameritado sanciones administrativas o aplicación de multas. No sucede así en casos que corresponden al Ayuntamiento de Mérida: en ellos se nota la férrea determinación de aplicar la Ley en forma estricta —o incluso estirar la ley para dañar al gobierno de la ciudad— con las más severas sanciones.

¿Por qué la doble moral del consejero Miguel Castillo y demás consejeros? ¿Por qué utilizar dos pesas y dos medidas? Son preguntas que el licenciado Miguel Castillo Martínez y demás consejeros están obligados a reflexionar y en todo caso, explicar sus procederes.

Algunos de los ejemplos que comprueban la doble moral del Inaip, se encuentra en el acta 42/2009 de fecha 27 de abril de 2009, derivada del procedimiento de cumplimiento del Recurso de Inconformidad interpuesto por la Sra. Magaly Escobedo por no haberle proporcionado información solicitada del Programa Cobijar (ver figura 1). El Poder Ejecutivo argumentó que la información contenía datos personales. La realidad es que el Poder Ejecutivo tiene toda la infraestructura para poder ocultar los datos personales, escanear la información y entregarla en tiempo y forma. Simplemente no se quiso dar la información, haciendo sospechar que se trata de ocultar irregularidades que demuestrarían la corrupción imperante en la administración de la Sra. Ivonne Ortega Pacheco.

Aún cuando al titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo se le amonestó, se debió iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. En esa misma sesión de consejo se dio vista a los consejeros no sólo de la falta de entrega de información, sino de la falta de información en la página de Internet del Poder Ejecutivo. Nada de esto se hizo. Se impuso el criterio de Miguel Castillo, en cambio.

El consejero Miguel Castillo Martínez —quién se ha caracterizado desde su llegada al Instituto en diciembre de 2008 por su dura y persistente defensa al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado— ha ignorado irregularidades y ha demostrado actitudes de nula transparencia.

Hay que recordar que Miguel Castillo Martínez —al igual que Ana Rosa Payán Cervera— llegó como consejero del Inaip a propuesta de la C. Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y aprobado por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2008.

A pesar de que se determinó que la Unidad de Acceso del Poder Ejecutivo, incumplió con proporcionar la información solicitada, se notó la férrea defensa del consejero Miguel Castillo para que no se apliquen medidas de responsabilidad administrativa, mediante justificaciones que para todo caso le correspondían a la Unidad de Acceso dar y no a él (ver figura 2).

Consejero presidente a modo

Del mismo modo, se puede apreciar cómo el consejero presidente, Prof. Ariel Avilés Marín, se ha unido a la defensa a favor del Poder Ejecutivo, tratando de excusar a la Unidad de Acceso, demostrando de esa forma su subordinación a las prácticas poco éticas de Miguel Castillo y del Poder Ejecutivo (ver figura 3).

Bien sabe el consejero presidente que la obligación de las Unidades de Acceso es proporcionar en tiempo y forma la información solicitada por los particulares, y es responsabilidad de los consejeros del Inaip que se vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Si alguien no puede realizar su trabajo en tiempo y forma es mejor que renuncie.

Debilidad en la consejera Ana Rosa Payán

La consejera Ana Rosa Payán Cervera —quien llegara al Inaip a propuesta de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco— a pesar de que reconoce y propone que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del responsable de la Unidad de Acceso de la Secretaría de Política Comunitaria y Social (ver figura 4), termina por doblegarse a lo propuesto por los consejeros Miguel Castillo y Ariel Avilés, demostrando así una debilidad que la somete a los caprichos de sus compañeros.

Miguel Castillo defiende a ultranza al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco

Otro caso en el que se ve una defensa inaceptable de Miguel Castillo es el del acta de sesión número 44/2009 de fecha 30 de abril de 2009. En esta acta, el entonces Secretario Ejecutivo, Pablo Loría Vázquez, presentó un informe respecto a la falta de información que el Poder Ejecutivo proporciona en su página de Internet sobre los programas sociales del Gobierno del Estado. Miguel Castillo defendió al Poder Ejecutivo con argumentos carentes de valor y no convincentes, tratando de evitar a toda costa una sanción al titular de la Unidad de Acceso del Poder Ejecutivo.

Prácticas que conlleva a que el Poder Ejecutivo tenga manga ancha para gastar el dinero público con desorden y corrupción. Continuará.