Silencioso y peligroso acto de intimidación al semanario A7

La Procuraduría del Estado envía dudoso cuestionario como parte de "una averiguación".

La situación de la libertad de prensa pasa momentos vergonzosos en Yucatán. A partir de la última campaña electoral para presidencias municipales y diputaciones locales, se han intensificado las maniobras del gobierno del estado para acallar a la gente que escribe o manifiesta desacuerdo con la forma de gobernar de Ivonne Ortega Pacheco.

En una acción, que no es más que un atentado contra la libertad de desempeñar su trabajo, el periodista Hansel Vargas Aguilar, quien labora en el Grupo Megamedia —propietaria del Diario de Yucatán— fue acusado por Gabriela López Gómez —asesora de imagen de la gobernadora y propietaria de Local Consultores— de "hechos posiblemente delictuosos", cuando acudió a la Quinta Montes Molina a cubrir el evento de "Mi Stilo es Yucatán". Vargas Aguilar es acusado de haberse introducido, sin permiso, al camerino en que se encontraban modelos que portarían los diseños de la marca Ibónica. Él niega los hechos.

Hansel Vargas Aguilar, periodista del Diario de Yucatán, demandado penalmente por Gabriela López Gómez.

Detención ilegal de repartidores de Artículo 7 e intimidación al director del semanario

Días previos a la elección a diputaciones federales, se consumó un grotesco ataque a la libertad de expresión. Repartidores del semanario Artículo 7 fueron víctimas de la represión del gobierno. La policía municipal de Tizimín, bajo las órdenes del entonces alcalde, José Luis Peniche Bates, detuvo a los jóvenes que repartían ejemplares en la localidad.

Hace poco más de un año, Artículo 7 denunció en su edición 57 del 5 de julio de 2009 la detención ilegal —con lujo de violencia— de seis repartidores que realizaban su trabajo en el municipio de Tizimín. El semanario estaba siendo entregado, como es costumbre, todos los fines de semana en la población.

El vehículo en el que se transportaban los repartidores fue detenido por más de 30 policías municipales, quienes golpearon brutalmente al chofer. Varios elementos policíacos que acudieron al operativo comentaron que la orden venía directamente del entonces alcalde José Luis Peniche Bates. Incluso el presidente del comité municipal del PRI, Luis Trejo Cervera ordenaba personalmente los movimientos de la policía municipal.

Un año después del atentado a la libertad de expresión —a principios de este mes, agosto de 2010— el director de Artículo 7, Franz Fortuny Loret de Mola, recibió una carta de la Procuraduría del Estado, evidentemente con carácter intimidatorio, en la que se le hacen preguntas cuyas respuestas son todas del dominio público.

¿Cuál es la finalidad de circulación de la revista? ¿Son de circulación gratuita o tiene un costo? ¿A qué tipo de lector va dirigido? Que proporcione los títulos y lugares de distribución entre el 1 de junio de 2009 y el 1 de julio de 2009.

Cuestionario enviado al director de Artículo 7 por la Procuraduría del Estado con claras intensiones intimidatorias.

Intento de acallar a Artículo 7

El semanario Artículo 7, medio de comunicación comprometido con informar de forma libre, veraz y con responsabilidad, ha sido objeto de presiones e intimidaciones por parte del gobierno del estado para amordazar a sus ejecutivos. Para ello, el gobierno de Yucatán se ha aliado con Mario Renato Menéndez Rodríguez director de la gacetilla Por Esto!.

Durante el primer año de existencia de A7, voceadores que lo distribuyen fueron objeto de amenazas por personal del Por Esto!. Si seguían distribuyendo A7 les dejarían de suministrar el Por Esto! para su venta y no les darían la despensa navideña —por cierto, una de las más raquíticas— afectándolos económicamente. Los voceadores que fueron objeto de esas amenazas y chantajes dijeron que no sucumbirían a esas presiones ya que no son empleados del Por Esto!, que ejercen su labor libremente y que por ende pueden distribuir las publicaciones que ellos consideren.

Suprimen a A7 de la lista de medios de comunicación

La Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, comandada por Jesús Rivero Covarrubias, dejó de enviar la agenda de la gobernadora y los boletines informativos a Artículo 7 en un intento de coartar la libertad de información a que todo ciudadano tiene derecho. El director de Artículo 7, Franz Fortuny Loret de Mola, envió una carta dirigida a Rivero Covarrubias solicitando se envíen los boletines y fotografías de los eventos en los que participa la gobernadora y demás funcionarios públicos. A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna, violando así los preceptos de transparencia a que todo gobierno democrático se debe sujetar.

Solicitud enviada por el director de Artículo 7, Franz Fortuny Loret de Mola, al director de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Jesús Rivero Covarrubias, en el que se pide envíen los boletines y fotografías de los eventos de la gobernadora y funcionarios públicos a este semanario.

Más ataques intimidatorios a personal de Artículo 7

Dos semanas después de la detención ilegal de los repartidores de A7, un vehículo estacionado en el interior del edificio de este semanario fue lapidado, destruyéndole cristales y causando daños a la carrocería. Evidentemente la intensión era intimidar a los que laboran en las oficinas del semanario.

A principios de este año (2010), varios ataques cibernéticos, perpetrados por profesionales, hackearon la página web de Artículo 7, dejándola totalmente fuera de servicio. Especialistas señalaron que debido a los candados de seguridad implementados para evitar este tipo de acciones, tuvieron que ser expertos en informática los que ocasionaron el daño. Gente que, por dinero y bajo contrato, destruye o daña páginas web.

Dos meses después, la página web de Artículo 7 fue atacada nuevamente. El invasor atacó la base de datos, al parecer, insertando un disparador que tenía como objetivo el desencadenar miles de intentos de consulta por segundo. Posteriormente el invasor destruyó la base de datos para así borrar el disparador que había colocado.

El 6 de mayo, unos días antes de la elección para presidentes municipales y diputados locales, el teléfono del domicilio de Luis Jorge Montalvo —socio activo del semanario— sonó y fue contestado por su hijo Luis Carlos. Se le pidió le transfiriera a su padre el siguiente mensaje: "Dile a tu papá que le vamos a poner en su pinche madre y de paso a ti". Luego colgaron.

Amenazas e intimidaciones ocurren con frecuencia, sobre todo a periodistas que cumplen cabalmente con su trabajo y no se prestan al maiceo por parte del gobierno del estado con la intensión de acallarlos.