Felipe Enríquez hace la "polla" para la campaña de Peña Nieto

El delegado del PRI en Yucatán, Felipe Enríquez Hernández, actual diputado federal por el VII distrito de Nuevo León, es acusado por la prestigiada página electrónica de noticias, Reporte Índigo, de traficar en su estado natal con obras carreteras como forma de financiamiento para la próxima campaña presidencial de su compadre Enrique Peña Nieto. De igual forma se haría en el Estado de México.

El compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, conocido como traficante y especulador de tierras ejidales para el mismo objetivo —obtener dinero para financiar campañas del PRI— y como el autor intelectual del Proyecto de Ucú, del cual se esperaban jugosas ganancias, obtuvo el control presupuestal de los casi $8,000 millones de ingresos propios que recibirá para 2011 su estado natal, Nuevo León.

Considerado como el operador del "modelo Peña Nieto" en las contiendas electorales, fue enviado a Yucatán en 2007 para dirigir la campaña que llevó al gobierno a Ivonne Ortega Pacheco.

Diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega.

También conocido como alquimista electoral del PRI, Enríquez Hernández, ubicó como área de oportunidad el presupuesto de egresos 2011. Una zona de negociación y lucimiento, donde Enríquez hizo valer su relación y compadrazgo con Peña Nieto, a través del operador del gobernador en el Congreso.

Reporte Índigo señaló a Luis Videgaray Caso, ex tesorero de Peña Nieto en el Estado de México y actualmente presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara baja.

Peña Nieto, Videgaray Caso y Enríquez Hernández saben que retener el gobierno del Estado de México y mantenerlo en manos del PRI depende de los recursos de que dispongan. Mientras más recursos lleguen, será más probable mantener ese estado bajo el control del PRI.

Con ello, Felipe Enríquez vio la oportunidad de lucirse al llevar más recursos a Nuevo León. Se obtuvieron $7,892 millones, 32% más que el año anterior. Se destinarán $2,691 millones para proyectos carreteros.

Casualmente, Nuevo León, junto con el Estado de México, fueron de los estados más beneficiados con el presupuesto carretero. Reporte Índigo manifiesta que no se trata de una eventualidad. Las balas se preparan para 2012.

Diezmo de 20%

El compadre Conago, como se le conoce en el terreno político a Felipe Enríquez, lleva años operando y negociando con los contratistas y empresas constructoras de infraestructura carretera. En ello es donde el ex tesorero de Peña Nieto vio la oportunidad de recuperar —a través de Felipe Enríquez— una buena tajada de lo negociado y destinarlo a acrecentar el t’áal k’u’ que Peña Nieto tiene para su campaña presidencial de 2012.

Se trataría de una bolsa fuera del control presupuestal en donde por cada peso de recursos carreteros para Nuevo León, 20 centavos regresen a los fondos de proyectos de campaña de Peña Nieto. Una vieja fórmula utilizada por el PRI pero que sigue siendo de utilidad para ellos.

Así, si se tratara de $7,892 millones, regresarían a ese fondo unos $1,500 millones. Y si se tratara nada más para de los proyectos carreteros, de los $2,691 millones regresarían aproximadamente unos $500 millones.

Tráfico de tierras y el Caso Ucú

Además de los trafiques con los empresarios constructores carreteros, Enríquez Hernández maneja una amplia red de especuladores privados de terrenos ejidales que abarca varios estados de la República. Comenzó en su estado natal, luego en Quintana Roo, para finalmente extenderse a Yucatán y otros estados.

Organizó y planeó la compra que el Gobierno del Estado realizó en tierras ejidales de Ucú, cuando la actual alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, era titular del IVEY. Por ello se contrató un préstamo de $360 millones. El "negocio" dejaría varios cientos de millones de pesos que se destinarían a las campañas del PRI.

A la fecha el Gobierno del Estado no ha podido tener la posesión legal de las 3012 hectáreas compradas y pagadas. Legisladores del PAN interpusieron, por ello, una denuncia en contra del Gobierno del Estado, por peculado. La demanda no ha prosperado: la Procuraduría del Estado la ha congelado.