Elizabeth Charnowski, quien vino a nosotros este verano como residente Blackstone (estupendo programa de Alliance Defending Freedom) informa sobre una nueva iniciativa de Amnistía Internacional para que los países legalicen el aborto. Lamentablemente, Amnistía se ha convertido en un violador de los derechos humanos.

Amnistía Internacional, organización de derechos humanos que antes era neutral respecto del aborto, ahora se sirve del problema de la mortalidad materna para defenderlo. En un nuevo informe, que, en apariencia, versa sobre la atención sanitaria de la salud materna, Amnistía insta a los gobiernos a que deroguen las leyes de aborto y las protecciones a las objeciones de conciencia para los trabajadores médicos que puedan oponerse. También exige que los sistemas públicos de salud capaciten y equipen a los proveedores de servicios médicos para que realicen abortos.

La campaña de Amnistía titulada La salud materna es un derecho humano centra la atención en cuatro países: Sierra Leona, Burkina Faso, Perú y Estados Unidos. La organización afirma que la mortalidad materna disminuirá si se la considera como una cuestión de derechos humanos, si los gobiernos cubren los gastos de la atención médica y si se establece un derecho de las mujeres a controlar sus vidas sexuales y reproductivas.

La tasa de mortalidad materna de Estados Unidos es de solo veintiún muertes cada cien mil nacimientos, en comparación con las trescientas muertes cada cien mil nacimientos en Burkina Faso y la cifra de ochoscientos noventa, en Sierra Leona.

El informe de Amnistía afirma que en Sierra Leona, Burkina Faso y Perú las mujeres se enfrentan a la muerte debido a condiciones médicas inadecuadas y a la corrupción. Pero luego va más allá y argumenta que también se necesita el aborto.

Aunque Amnistía dice que Estados Unidos cuenta con el mejor sistema de salud del mundo, la agrupación recomienda encarecidamente que se amplíen los servicios de aborto y que se eliminen los obstáculos, incluso los que ella califica como barreras raciales y de costo. Afirma que los servicios de aborto son limitados para las nativas estadounidenses y para las mujeres que están dentro del programa Medicaid, porque el gobierno subvenciona los abortos solo en casos de violación, de incesto o cuando peligra la vida de la mujer. Dichas mujeres, no obstante, pueden practicarse un aborto, pero el seguro federal no lo cubre.

Amnistía discrepa de las restricciones al aborto, que incluyen cláusulas de conciencia y leyes que permiten a los proveedores de servicios de salud y a las instituciones negarse a practicarlos si ello se opone a sus creencias religiosas y morales.

En otros lugares, Amnistía exigió pequeñas medidas para la legalización del aborto. La agrupación presentó un informe ante el Comité de la ONU para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que solicita la legalización del aborto en México para las mujeres que están embarazadas como consecuencia de una violación o de incesto.

De acuerdo con su postura oficial, Amnistía Internacional considera que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de aborto legal y seguro, sus derechos humanos fundamentales pueden estar en grave peligro.

Cuando Amnistía cambió su postura, numerosos católicos que la apoyaron durante muchos años abandonaron la agrupación y cuanto menos un cardenal del Vaticano instó a los católicos a que no la respaldaran más. En el ínterin, Amnistía se ha convertido en un agresivo defensor público del derecho al aborto e incluso asevera que el aborto es un derecho humano en el derecho internacional.