Mérida, Yucatán, México, 05 de diciembre de 2025

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó la Ley de Fomento y Regulación del Sistema de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos), una propuesta diseñada para enfrentar uno de los mayores pendientes nacionales: la falta de inclusión financiera en las comunidades rurales.

Destacó que las Sofincos han probado ser el modelo más cercano, eficiente y confiable para el ahorro y el crédito comunitario, pero lamentó que su consolidación ha sido frenada por un marco legal que no corresponde a su naturaleza ni a su tamaño.

“Una herramienta para reducir la pobreza, fomentar el ahorro y fortalecer el crédito al campo.”

“Con una ley exclusiva para las Sofincos, los más pobres podrán estar realmente incluidos en el sistema financiero. Y cuando la gente está incluida, dejará de ser pobre”, afirmó.

El legislador del Partido Verde explicó que, a diferencia de otras instituciones como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) o las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sofincos otorgan créditos con mayor eficiencia y menor cartera vencida, porque son estructuras comunitarias que conocen a sus productores y funcionan con reglas claras de confianza mutua.

Durante la sesión del Senado, subrayó que la legislación vigente contiene una “trampa regulatoria”: obliga a pequeñas entidades comunitarias a cumplir los mismos requisitos que empresas financieras privadas, haciendo casi imposible su operación. La prueba es contundente: en 16 años sólo se autorizó una Sofinco, y fue revocada en 2024 por la imposibilidad de cumplir requisitos diseñados para otro tipo de instituciones.

A esto se suma que más de siete expedientes de nuevas Sofincos llevan hasta una década detenidos, limitando el acceso a crédito para productores y frenando el desarrollo del campo.

Otro problema central es la ausencia de un fondo de protección al ahorro rural, lo que deja en total vulnerabilidad a miles de familias. Casos como el de CAME—el mayor desfalco reciente con más de 167 mil afectados— muestran la urgencia de establecer reglas que protejan el patrimonio de quienes menos tienen.

Ramírez Marín afirmó que esta nueva Ley permitirá ordenar, fortalecer y dar certeza al sistema comunitario de ahorro y crédito, al tiempo que impulsará la operación de más sucursales del Banco del Bienestar, generando un círculo virtuoso para las economías rurales.

“Hacer justicia significa dar a las comunidades las herramientas financieras que necesitan para prosperar. Eso es lo que buscamos con esta Ley”, concluyó.