MEXICO, D.F., 30 de agosto.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de los documentos que acrediten la repatriación de restos de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) -foto superior- ordenó a la PGR entregar una versión pública de los documentos que acrediten la repatriación de restos de los migrantes asesinados por Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010.

Cabe recordar que el 22 de agosto, hace una semana, fue el aniversario luctuoso de la masacre en San Fernando. Se cumplieron 3 años de que sicarios de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes.

La masacre de San Fernando ocurrió entre el 22 y 23 de agosto del 2010, cuando sicarios de Los Zetas asesinaron 72 migrantes, principalmente centroamericanos y sudamericanos, al negarse a formar parte de ese grupo criminal y por no pagar el dinero que les exigían cuando fueron secuestrados. Las víctimas fueron asesinadas por la espalda, apilados y puestos a la intemperie.

Por su lado, sobre la orden del IFAI, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer lo mismo en respecto a los cadáveres hallados en fosas clandestinas en el poblado referido en abril del 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, en mayo del 2012.

En la sesión de hoy, el pleno del IFAI resolvió revocar la respuesta de clasificación de reserva para los casos de Tamaulipas y de inexistencia para el de Nuevo León que la PGR dio a la solicitud de un particular.

Señaló que por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la PGR manifestó que la información sobre los casos de San Fernando está reservada, con fundamento en los Artículos 13, fracción V, y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que la misma obra en una averiguación previa.

Agregó que su difusión causaría un daño presente, porque menoscabaría las acciones contra la delincuencia organizada; probable, porque disminuiría la eficacia de las acciones y las estrategias establecidas.

Además, argumentó en su respuesta, obstaculizaría las acciones de inteligencia y permitiría que grupos delictivos estén en posibilidad de contrarrestarlas, comprometiendo la seguridad pública.

El Instituto estableció que el sujeto obligado deberá buscar y entregar a la particular versión pública de las actas u oficios que den cuenta de la repatriación de los restos de migrantes, hallados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y de los ubicados en las 49 fosas clandestinas del mismo poblado, en 2011.

En la versión pública, se tendrá que omitir el nombre de las personas fallecidas y de los familiares de éstas, el perfil genético y aquella información que permita identificar a las víctimas de manera plena, como fotografías.

Sobre el caso de Cadereyta, Nuevo León, la PGR indicó que no cuenta con información, por lo que el Ifai consideró que no se realizó una búsqueda exhaustiva y le instruyó realizar una nueva, y en caso de no localizar algún documento, deberá declarar formalmente su inexistencia. (La Jornada)