México, Distrito Federal, 25 de Septiembre de 2013.- Aunque es un fenómeno que se registra principalmente en estados del norte y centro del país es necesario proteger a los infantes para que no sean víctimas del reclutamiento de grupos de la delincuencia organizada, señaló la diputada federal del PRI, Guadalupe Ortega Pacheco, secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez.

Para ello, dijo, se reformó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de incorporar todos los elementos del derecho internacional a los derechos humanos en materia de niñas, niños y adolescentes.

La ex presidenta del DIF Yucatán señaló que uno de los sectores más vulnerables de la sociedad son las niñas y los niños quienes en muchos casos han sido victimizados por los diversos grupos delincuenciales y los integran con frecuencia en sus actividades ilícitas.

Esta vulnerabilidad, agregó, ha hecho de los menores blancos perfectos para la delincuencia organizada que, al reclutarlos en sus filas los obligan a cometer actos delictivos.

Por ello, se manifestó a favor de llevar a cabo todas las acciones necesarias para protegerlos, “ya que ellos son la esperanza de un futuro mejor para el país”.

Al abundar, dijo que esta reforma permitirá proteger y prevenir que niños, niñas y adolescentes sean reclutados no sólo en ejércitos militares regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas no estatales, como grupos paramilitares, de delincuencia organizada y compañías de seguridad, tal como lo recomendó el Comité de los Derechos de las Naciones Unidas.

De acuerdo con datos de organizaciones de protección a la infancia, niños de entre 9 y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas, y están involucrados en 22 tipos de delitos, que van desde tráfico de droga, secuestro y trata de personas, hasta extorsiones, contrabando y piratería.

Desde los 9 y 10 años, los niños y niñas se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. A los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros y de levantones. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como secuestros y asesinatos, y todos portan armas.

"Los niños y jóvenes, por sus condiciones de vida, de miseria, de pobreza, de desprotección, están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado" apuntó.

El decreto, enviado al Senado para su ratificación, reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con lo que se establece:

Artículo 2l. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, “emocional y sexual”, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas.

Enunciativamente, se les protegerá que se vean afectados por conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y “de delincuencia organizada”.