SALTILLO, Coahuila, 16 de marzo.- El ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, atribuyó su fortuna a "bonos sustanciosos" adicionales a su sueldo que según él recibía.

El ex funcionario estatal alegó ante la Corte Federal de Corpus Christi, Texas, EE.UU., que sus ingresos como servidor público también incluían percepciones adicionales que dependían de la recaudación fiscal.

“Villarreal señala que su salario base era de 100 mil pesos al mes, pero señala que él también recibió bonificaciones sustanciales para complementar su salario base, cosa que se basa en gran medida en los ingresos fiscales recaudados”, justificó su defensa.

Dicho argumento forma parte del proceso de demanda para confiscarle 2.2 millones de dólares detectados en una cuenta de las islas Bermudas.

La defensa del ex tesorero de Coahuila contestó el martes la demanda y aseguró que el dinero fue transferido sin su autorización y falsificando su firma.

"La pura vida"

Además de los bonos que asegura haber obtenido durante la pasada administración, con lo cual busca justificar su fortuna ante autoridades estadounidenses, el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, también se dio la “pura vida” pidiendo “moches” a proveedores del Estado, pues tenía acceso a las obras de todo tipo que se realizaban en la Entidad.

Villarreal Hernández declaró ante una Corte Federal de Texas, en el proceso que se le sigue por lavado de dinero, que sus recursos provienen de las “bonificaciones sustanciales” que recibió para complementar su salario base, que era de 100 mil pesos mensuales como funcionario de Coahuila.

Pero además, según declaraciones de ex funcionarios de la pasada administración, la fortuna que obtuvo Villarreal es presuntamente fruto de actos de corrupción, pues tenía amplias facultades en la contratación de obras y servicios, recibendo sobornos de proveedores.

También del 2007 al 2008, con Javier Villarreal y Jorge Torres al frente de la Secretaría de Finanzas, el crecimiento en el gasto de nómina en la dependencia fue de más del 200 por ciento, sin aumentar el número de plazas ni colaboradores en más del 8 por ciento de un año a otro, por lo que se especula que buena parte de esos recursos fueron repartidos en las “bonificaciones” del tamaulipeco.

Por si fuera poco, como se dio a conocer en enero, dos días antes de firmar su renuncia como titular del desaparecido SATEC en el 2011, Javier Villarreal repartió más de 5.5 millones de pesos entre él y otros ocho funcionarios, aunque esos recursos parecen pocos comparados con la fortuna que logró amasar.

Los recursos presuntamente eran parte de bono por eficiencia recaudatoria del Gobierno Federal, pero estaban destinados a funcionarios de “a pie”, que hacen en campo el trabajo de fiscalización a las empresas, pero Villarreal hizo efectivo su bono por fiscalización por la cantidad de un millón 500 mil pesos; los otros funcionarios recibieron cerca de 500 mil pesos cada uno.

Así, los premios, moches y su salario llegaron a generarle una fortuna cercana a los 30 millones de dólares, mucho mayor que la del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo patrimonio se estima en 10 millones de dólares.

En el 2012, el Gobierno estadounidense incautó al ex tesorero de Humberto Moreira propiedades en San Antonio y Valle del Río Grande, Texas, las cuales estaban a nombre de Lorenzo Shuessler y Teresa Botello, concuño y esposa de Villarreal Hernández, respectivamente, con una valor superior a los 20 millones de dólares. Además le congelaron cuentas por más de 6.5 millones de dólares y se sabe de otras propiedades en Brownsville, Texas, a nombre de otros familiares.

La cultura del diezmo

El llamado moche o diezmo es una de las leyes no escritas del sistema político mexicano, y en las últimas semanas casos como los legisladores señalados de exigir moche a alcaldes para “bajar” recursos federales y aplicarlos en obras públicas, han puesto sobre la mesa este tipo de actos de corrupción.

En casos dados a conocer a nivel nacional se involucra a legisladores de los 3 principales partidos políticos con el cobro de moche para asignar presupuesto a municipios, sin que hasta el momento haya castigo alguno. (Agencias)