Guerrero (27 de julio).- El “boquete financiero” en las finanzas del estado de Guerrero no es una situación nueva: ésta ya había sido expuesta por la administración de Rogelio Ortega Martínez en noviembre de 2014, a solo un mes de tomar el cargo, aunque después dejó de ser destacada.

Ortega Martínez tomó las riendas del gobierno del estado el 26 de octubre del año pasado, justo un mes después de los hechos violentos en el municipio de Iguala, donde policías municipales atacaron a normalistas de Ayotzinapa y entregaron a 43 de ellos al crimen organizado, lo cual desató una crisis que obligó a Ángel Aguirre Rivero a renunciar como gobernador de Guerrero.

Como uno de sus primeros eventos públicos, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, reveló el 27 de noviembre de 2014 que la administración interina estaría “atadas de manos” porque encontraron las “arcas vacías”, deudas millonarias y enfrentaban laudos que los comprometían con más de 1,000 millones de pesos.

“Un gobierno que se encuentra prácticamente atado de manos al llegar y enfrentar las arcas vacías y muchos compromisos ineludibles, y por otro lado muchas promesas que están incumplidas. Esta parte de los rezagos de respuesta a los acuerdos con grupos sociales de toda índole, han marcado este mes de gobierno”, dijo entonces el funcionario estatal durante un encuentro con un grupo de la sociedad civil.

El tema no volvió a ser destacado por las autoridades hasta el pasado jueves, cuando el gobernador Ortega Martínez señaló ante senadores y diputados federales que el estado enfrentaba un “boquete financiero” derivado de recursos invertidos para atender el conflicto con los maestros, en tanto que el secretario de Finanzas, Eliseo Moyao, ofreció una conferencia de prensa esta sábado para abundar sobre el tema.

Irregularidades que quedaron en silencio

Cienfuegos Salgado señaló el año pasado que muchas de las obras iniciadas por la administración de Aguirre Rivero —como el proyecto del Acabús y la edificación del Macrotúnel en el puerto de Acapulco, anunciado como un reto de ingeniería—, tenían un reporte de “gastos excesivos”.

Otras de las irregularidades que habían detectado era que la contabilidad gubernamental presentaba “prácticas inmorales”, como subsecretarios con “compensaciones discrecionales” de hasta 40,000 pesos, mientras que sus salarios oficiales estaban muy por debajo de esa cifra.

El secretario de Gobierno había dicho, a solo un mes de gobierno, que esas “compensaciones discrecionales” las recibían los funcionarios en efectivo y sin comprobar, lo que en términos jurídicos era “lavado de dinero”.

Con esas irregularidades identificadas por el gobierno interino, el funcionario había anunciado un estudio “a profundidad” para determinar cómo procederían a nivel jurídico y legal, y que la administración de Ortega Martínez establecería un sistema para “transparentar” la información administrativa estatal.

Pero hasta ahí quedó el asunto. Tras estas declaraciones, la crisis económica que ya estaba plenamente identificada dejó de ser abordada por el gobierno estatal.

De hecho, el 27 de noviembre de 2014, el secretario general de Gobierno matizó los señalamientos planteado en el sentido de que había habido lavado de dinero, deudas millonarias y crisis financiera, y simplemente habló de “faltantes” que dificultaban el desarrollo de las actividades cotidianas del gobierno.

Además, Cienfuegos Salgado lanzó el balón a la Secretaría de Finanzas estatal, dependencia que dijo era la que tenía que responder sobre la situación económica y el tema de los faltantes en las arcas de gobierno.

Aguirre y sus desvíos de recursos

Tres meses después de que se reveló la precariedad financiera que dejó el gobierno de Aguirre Rivero, la Federación detuvo el 10 de febrero de este año a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exmandatario, y a cinco exfuncionarios, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita superiores a 287 millones de pesos.

Esa mañana, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, dijo a nivel nacional que los indiciados se habían dedicado a desviar dinero provenientes del erario a sus cuentas bancarias.

De enero de 2012 a septiembre de 2014, el monto total de los desvíos ascendía a 287 millones 12,594 pesos.

El secretario Cienfuegos Salgado indicó entonces que al menos una veintena de secretarías, direcciones y áreas de la administración estaban siendo auditadas, entre ellas la Secretaría de Finanzas por ser el área “más sensible”.

Hasta conocer los resultados de esas auditorias, mencionó el funcionario, podrían iniciar procesos de responsabilidad en contra de funcionarios o exservidores públicos.

Sin embargo, hasta el momento el gobierno del estado no ha informado los resultados de esas revisiones.

A ocho meses de que el gobierno señaló haber encontrado “arcas vacías”, el secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, dijo que “no puede emitir una opinión” sin tener toda la documentación, y que no le corresponde investigar si existe o no corrupción de ex funcionarios.

“Ante las instancias que corresponden, se ha explicado el tema”, dijo a reporteros en Chilpancingo, sin ofrecer a la opinión pública mayores detalles sobre los reportes financieros del estado.

Otra de las “instancias que corresponden” es la Secretaría de Hacienda, a la cual el funcionario afirmó que ya entregaron los datos pero agregó que no puede exponer lo presentado sobre la situación financiera.

“Hemos tenido reuniones permanentes ante la Secretaria de Hacienda; nos pidió un informe completo de los últimos 10 años, que se les entregó, pero no pueden decir más del tema”, apuntó.- (Agencias)