México (26 de octubre).-

El gobernador con licencia en Veracruz, Javier Duarte, se hizo de un patrimonio inmobiliario de casi mil millones de pesos, a través de una red de empresas fantasmas, propiedades que no estarían a su nombre.

El reportero de Animal Político, Arturo Ángel en colaboración con “Atando Cabos”, señaló que el abogado Alfonso Ortega López, uno de los operadores de Javier Duarte y quien fuera presentado como testigo por la Procuraduría General de la República (PGR), relató que desde que Duarte llegó al gobierno en diciembre del 2010, se reunió con un grupo de abogados de confianza a los que les propuso que le ayudaran a crear sociedades anónimas en Estados Unidos y en México, pero que su nombre no apareciera.

El abogado precisó que quien daba el dinero y administraba los recursos, a través de otros abogados, era el gobernador de Veracruz, lo cual permitió que se creara un patrimonio inmobiliario de casi mil millones de pesos, a lo largo de estos cinco años.

Alfonso Ortega López habría relatado que él se encargaba de constituir las empresas a nombre de las cuales iban a quedar las propiedades, precisó que a él le hacían llegar el dinero, y que desconocía el origen; lo que él hacía con el dinero era constituir las compañías para comprar las propiedades.

El abogado Alfonso Ortega López relató que en el 2011, durante el primer año de Javier Duarte, ya se estaban adquiriendo departamentos de lujo en Nueva York, en complejo St. Regis; para el 2012, fueron al menos dos departamentos en Ixtapa Zihuatanejo; en 2013 inmuebles en Lomas de Chapultepec en la Calle Sierra Fría con un costo de 49 millones de pesos.

Mientras que en el 2014 se adquirió un conjunto de alrededor de 30 departamentos en Miami, y terrenos, comprados a nombre de sociedades anónimas que él creó a nombre de Javier Duarte.

Ortega López, quien se presentó a declarar como testigo único de forma voluntaria, dijo que no tenía conocimiento de dónde venía el dinero en todos estos años, más allá de un salario que recibía de 300 mil pesos mensuales, que le entregaban en efectivo en un sobre.

Señaló que desconocía lo que sucedía, pero cuando se enteró a través de los medios de comunicación de las operaciones de desvíos, se decidió a denunciar y reconoce que fue instrumento para el lavado de dinero, pero desconocía de dónde venía.

La PRG anunció que solicitó un plazo de tres meses al juez, en el que enviará diversos oficios en Estados Unidos, para pedir información sobre quiénes aparecen como dueños de las sociedades fantasma, las operaciones bancarias y las propiedades que se adquirieron a nombre de las compañías.