México (20 de enero).- Entre los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos (dos de ellos ya ejecutados por autoridades de Texas) que forman parte del “Caso Avena”, hay enfermos mentales y dos personas que fueron secuestradas en México por cazarrecompensas, entre otras irregularidades.

A pesar de que en la gran mayoría de los casos las autoridades policíacas y judiciales sabían con certeza la nacionalidad mexicana de los detenidos, los consulados de México tardaron entre uno y 5 años en enterarse de la detención. Y los procesos penales que los llevaron al “callejón de la muerte”, duraron, en muchos casos, entre 1 y 5 días.

El documento del “Caso Avena”, presentado por México ante la Corte Internacional de Justicia, detalla que en California había 28 mexicanos condenados a muerte; en Texas, 16; en Illinois, 3; mientras en Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon, hay un mexicano condenado a la pena capital en cada uno.

Dos de los mexicanos condenados a muerte recibieron conmutación de la pena por parte de autoridades estatales. Uno de ellos fue Samuel Zamudio Jiménez, en California y el otro Pedro Hernández Alberto, quien es débil mental, en Florida. Por ello, el dictamen de la Corte ampara sólo a 51 mexicanos.

Como es bien conocido, el fallo de la Corte Internacional de Justicia obliga a las autoridades de Estados Unidos a suspender las ejecuciones y revisar de nuevo los procesos, debido a que se violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que concede a los ciudadanos de un país que son detenidos en otro, el derecho de contar con asistencia consular.

Pero más allá de eso, el catálogo de violaciones legales incluido en el “Caso Avena” es grande.

En principio, Texas ya ejecutó a José Ernesto Medellín Rojas, en 2008 y a Humberto Leal García, en 2011, pese a que la Corte Internacional dictaminó detener las ejecuciones. Ahora, pretende hacer lo mismo con Edgar Tamayo Arias, el 22 de enero de 2014.

Entre las violaciones más escandalosas a la ley, destaca el caso de Daniel Covarrubias Sánchez, sentenciado a muerte en California por robo, robo a casa habitación y asesinato múltiple.

Esta persona, después de cometer el crimen en Estados Unidos, huyó a México, donde fue encontrado y capturado el 28 de julio de 1995 por cazarrecompensas estadounidenses, que entraron ilegalmente a México para el secuestro y luego lo entregaron a agentes del FBI en el Condado de Monterey, California.

Los agentes del FBI, además de aceptar este procedimiento a todas luces ilegal, informaron a Covarrubias que su tiempo para recibir asistencia consular había expirado. Así, fue entregado al juez, que lo sentenció a muerte a través de un proceso de un mes y 9 días.

Otro caso similar es el de Ramón Salcedo Bojorquez, acusado también de asesinato en California y quien fue arrestado en México y llevado por la fuerza al condado de Sonoma, en California, donde lo condenaron a muerte en 47 días.

En tan sólo 5 días, Ignacio Gómez fue sentenciado a muerte por homicidio en Texas a pesar de padecer una enfermedad mental. Para cuando las autoridades mexicanas se enteraron de eso, el detenido ya había realizado declaraciones incriminatorias en su contra.

Ramiro Hernández Llamas fue acusado de asesinato, también en Texas. Lo detuvieron el 8 de febrero de 2000 y para el 10 de febrero del mismo año ya estaba sentenciado a muerte. Todo ello, a pesar de que padece retraso mental.

Se le llamó Caso Avena, por Carlos Avena Guillén (primero en la lista), quien fue sentenciado a muerte en California a los 19 años de edad en febrero de 1982, por asesinato, de lo cual se enteraron las autoridades consulares mexicanas 11 años más tarde.- (El Informador)