MEXICO, D.F., 22 de noviembre.- Once de los quince detenidos la pasada noche del jueves 20 de noviembre durante las protestas en el Zócalo de la Ciudad de México serán trasladados a penales de máxima seguridad. Los hombres serán trasladados a Nayarit, y las mujeres al Estado de Veracruz. En las próximas horas, la PGR informará sobre cuáles son los delitos por que fueron consignados.

De acuerdo a funcionarios del Poder Judicial Federal, los primeros reportes que se tienen de las consignaciones de la PGR es que a los 11 consignados se les violaron sus derechos procesales, pues durante sus declaraciones ministeriales no se les permitió el cambio de defensa y la oportunidad de que estuvieran presentes abogados particulares.

En esta imagen tomada por la mamá de uno de los detenidos se muestra que la averiguación previa es por delincuencia organizada y terrorismo.

La noche del jueves 20 de noviembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó de la detención de 15 personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera. Los 11 detenidos que, ayer noche se encontraban en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y que van a ser trasladados a penales de máxima seguridad, son: Ramón Domínguez Patlán, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Anali González Olguín, Liliana Garduño Ortega, Hugo Bautista Hernández, Tania Ivonne Damián Rojas y Roberto César Jasso del Ángel.

Los alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda emitieron un comunicado en el que denuncia la detención de Atzin Andrade González, quien “no tuvo ni ha tenido en lo absoluto, conductas que estén penadas bajo el marco jurídico” .

Asimismo, en el comunicado resaltan que Atzin Andrade no ha cometido ningún delito por el que deba ser procesado bajo los términos de delincuencia organizada o terrorismo. Lee aquí el comunicado íntegro:

“No sé quiénes exactamente hayan declarado, lo que sé es que Atzin (Andrade) no declaró, se reservó hasta esperar abogado. Laurence (Maxwell) el chileno sí declaró porque vino un cónsul de Chile, quien estuvo presente en la declaración y ayudó a compartirla con los amigos de Laurence”, detalló el abogado Alejandro Jiménez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

“La preocupación por los cuatro detenidos restantes es porque posiblemente hayan sido hospitalizados”, dijo el abogado, quien aseguró que alcanzó a escuchar una conversación entre observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la PGR.

En dicha plática, personal de la CNDH se habría percatado de la huida de uno de los pacientes en calidad de detenido, reveló Alejandro Jiménez en entrevista.

En las afueras de las instalaciones de la SEIDO, cerca de 150 personas, en su mayoría estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, de la Escuela Nacional de Teatro, del Centro Nacional de las Artes, y de escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, se manifestaron la noche de ayer viernes 21 de noviembre para exigir la liberación de los detenidos en los hechos violentos del Zócalo, en especial, la del joven Atzin Andrade González, de 29 años de edad, estudiante de La Esmeralda, y del chileno Laurence Maxwell Ilabaca, candidato a Doctor en Letras en la UNAM.

El integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez, explicó vía telefónica que la defensa de los detenidos se ha complicado porque de inicio no han podido siquiera reunirse con ellos. El Ministerio Público se lo prohibió con el argumento de que poseen un defensor de oficio.

“Estamos en la pelea para cambiar al defensor de oficio. Como se trata de delincuencia organizada, pueden pedir una ampliación de 48 a 96 horas para elaborar una acusación, retenerlos el mayor tiempo posible” señaló Cortez, especialista en Derechos Humanos y administración pública.

Salen bajo fianza 11 de los 15 detenidos por protestas en AICM

Por otra parte, 11 de las 15 personas detenidas el pasado jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México, antes y después de las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya se encuentran en libertad.

Los estudiantes Cuauhtémoc Navarro, Daniel Camacho Domínguez, David Nava Ocampo, Erick Martínez Cabello, Gibrán Lovani Méndez Urban, Horacio Antonio González Santander, Humberto Nava Ocampo, Jorge Alfredo Delgado Carreón, Missael Yáñez Aguilar, Óscar Iván Ramírez Sentellano y Ricardo Rojas Rivera, salieron del Ministerio Público GAM-4 después de ser acusados de portar objetos aptos para agredir, ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública.

La detención se produjo después de que un grupo de manifestantes con el rostro cubierto intentó llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y al encontrar los caminos bloqueados, se enfrentó contra el cuerpo de granaderos sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Sin embargo, a Alejandro Cabrera Ávila, a José Manuel Morales Ruiz, a Miguel Ángel Lara Mosso y a Samantha Iraís Buendía Hernández les negaron la fianza y en estos momentos se encuentran en el Reclusorio Norte y en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

A las 12 del día de ayer viernes 21 de noviembre, la madre de Samantha Iraís Buendía, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, realizaba el pago de 12 mil 500 pesos para que su hija obtuviera libertad bajo fianza.

“Calculamos que para las 4 de la tarde ya pueda salir”, dijo en entrevista telefónica Cristina Hernández, madre de Samantha.

Tras esperas burocráticas que le rechazaban su póliza de pago, Cristina recibió una llamada desde su casa, donde le aseguraron que Samantha llamó para reportar que se encontraba en la prisión de Santa Marta Acatitla.

Miriam Pascual, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y Armando Barrera, litigante de la organización Cauce Ciudadano, asesoran legalmente a familiares de los detenidos y explican que el proceso de los jóvenes mantiene graves irregularidades.

“No hubo argumento para que el Ministerio Público no aceptara la fianza. Al principio pensamos que era un tema técnico, porque primero sacaron a 8 (jóvenes detenidos) luego un grupo de 3 y al final se cayó el sistema”, señaló Pascual.

Ambos abogados aseguran que la intención del Ministerio Público fue alargar el proceso del pago de fianza para alcanzar a entregar los resultados (que dieron positivo) de la prueba química de nitratos, que consiste en identificar restos de pólvora en una persona.

Pascal y Barrera mencionaron que la irregularidad más grave fue que sin ser aún acusados formalmente, a los jóvenes los sacaron de las instalaciones del Ministerio Público para trasladarlos a los centros penitenciarios.

Además, las Comisiones de Derechos Humanos, tanto a nivel federal como local, no se han manifestado al respecto, de acuerdo con familiares de detenidos y abogados.

“Sí se solicitó apoyo en Derechos Humanos y no vinieron desde ayer. No han hecho nada”, mencionó molesta Cristina Hernández. (Animal Político)