Mérida, Yucatán, a 7 octubre 2013.- Respecto a la información tergiversada que Regidores del PRI han filtrado en los medios, el Coordinador de la fracción del PAN en el Cabildo, Juan Barea Canul, precisó que tal como consta en el acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo el 24 de agosto de 2010, sobre la renta de los vehículos para la Dirección de Servicios Públicos y para la atención de urgencias médicas en las Comisarías, los Regidores del PAN consideraron que de acuerdo con el Artículo 56 Fracción IX de la Ley de Gobierno de los Municipios, en el momento de la solicitud el Ayuntamiento no contaba con el presupuesto base ni con las corridas financieras para la compra de esas unidades, además de que tampoco se presentó el correspondiente estudio de factibilidad por parte de la Dirección de Administración que avalara la capacidad financiera del Municipio para absorber el gasto.

En estricto apego a la Ley, los Regidores PAN argumentaron la prohibición que ampara el Artículo 48 Fracción IX que no permite hacer erogaciones fuera de presupuesto.

Juan Barea recordó que en su momento los Regidores del PAN señalaron que todo el proceso de licitación de esos vehículos había estado viciado y lleno de ilegalidades pues desde días antes de que iniciara la administración, dichas unidades ya se encontraban rotuladas y a disposición del Ayuntamiento, sin que su arrendamiento hubiera sido autorizada por Cabildo, como marca la Ley. Cabe mencionar que la arrendadora de los vehículos fue AB&C Leasing, la misma empresa que obtuvo el contrato para instalar las luminarias ilegales.

Los entonces Regidores se manifestaron a favor de proporcionar los servicios que los habitantes de las comisarías, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, requieren pero que no podían votar a favor de un proceso claramente ilegal.

En Sesión Extraordinaria de 24 de agosto de 2012 se sometió a consideración la compra de 32 unidades vehiculares por la cantidad de 2 millones 315 mil 896 pesos y de 9 unidades de traslado por la cantidad de 255 mil setecientos ochenta pesos.

A pesar de que al inicio de la administración 2010-2012 la renta de las unidades se dio en medio de muchas irregularidades señaladas en su momento por los Regidores del PAN, al término de su gestión el entonces Alcalde Álvaro Omar Lara pretendió que se aprobara la compra de las unidades con cargo al presupuesto de la siguiente administración, es decir que además de que las unidades se rentaron a precios elevados durante dos años, al término de la administración el Ayuntamiento no contaba con ningún recurso para la compra, ni para continuar con el arrendamiento, además de que no se reportó en qué estado se encontraban dichas unidades que pretendían comprar.

El Regidor Juan Barea Canul afirmó que los Regidores de Acción Nacional han procurado siempre el bienestar de todos los habitantes de Mérida y sus Comisarías y en su trabajo edilicio se han conducido a favor de la legalidad.

El coordinador de la fracción blanquiazul dijo que es de llamar la atención la actitud de los Regidores del PRI pues se esfuerzan cuando intentan señalar supuestas fallas de sus detractores pero enmudecen ante las claras ilegalidades cometidas por las autoridades priistas, como el desfalco por 216 millones de pesos en facturas sin contabilizar y con faltantes en los fondos de retiro y de vivienda de los trabajadores.

"Lo que sí es una falta de sensibilidad social es que la Regidora Alejandra Cerón y sus compañeros sigan intentando culpar a otros en vez de asumir las consecuencias de la pésima administración municipal de su partido. Les recordamos a los Regidores del PRI que existe un proceso de investigación por todas las anomalías detectadas durante la gestión de sus compañeros políticos por lo que sería bueno que con el mismo interés también se manifestaran a favor de la legalidad en estos casos", afirmó.