MEXICO, D.F., 3 de diciembre.- Con la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al Presidente Enrique Peña Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del ex agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar.

“Lo que tenía que pagar ya lo saldé”, dice el ex jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara en una carta firmada por él y que sus abogados entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre, dirigida también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Declarado prófugo desde el pasado 6 de noviembre, cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia revirtieron el amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al Poder Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego de haber cedido y anulado su liberación.

Caro Quintero –por conducto de sus representantes legales– hizo llegar a Proceso una copia del escrito dirigido al Gobierno mexicano, así como la queja que presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la persecución de la cual, dice, han sido objeto él y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de los casos que marcaron el primer año del Gobierno de Peña Nieto.

La madrugada de ese día el ex capo abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de abogados sin que ningún funcionario de México o representante del Gobierno de Estados Unidos lo impidiera, pese a que las autoridades de los dos países sabían desde semanas antes que la justicia mexicana lo dejaría en libertad.

Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, informante pagado por la DEA.

Amenaza de extradición

A sus 61 años, Caro Quintero sabe que de ser extraditado a Estados Unidos pasaría prácticamente el resto de su vida en prisión, garantizando el silencio que sobre el caso ha mantenido desde hace casi 29 años. De ser entregado, ese país no lo juzgaría por el asesinato de Camarena –proceso penal seguido en México–, sino por narcotráfico y lavado de dinero.

“Son delitos que no cometí y menos mi familia”, dice el ex capo en su carta a Peña Nieto, recibida también por la Procuraduría General de la República (PGR) el 20 de noviembre y por la Secretaría de Gobernación un día después.

En la misiva Caro Quintero se pregunta: “¿Cómo es posible que el país capaz de espiar a presidentes y candidatos presidenciales y saber lo que hacen, durante los 28 años y cinco meses en que estuve preso no hizo ninguna acusación contra mi familia? ¿Por qué esperó a que se avizorara mi liberación para iniciar la cacería en su contra como supuestos narcotraficantes y blanqueadores de dinero?”.

El pasado junio Estados Unidos incluyó en su lista de personas y entidades con las cuales no se puede tener ningún trato económico a cuatro hijos, la esposa y una nuera de Caro Quintero así como a otras 12 personas relacionadas con ellos.

“A raíz de mi salida de prisión”, escribe Caro Quintero, resurgió “con gran notoriedad una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por los Estados Unidos de Norteamérica”. Presionó de tal forma en la prensa “que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la decisión” del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco.

El 6 de noviembre, en efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte, en una votación de cuatro a uno, echó abajo la resolución de ese tribunal que lo absolvió de algunos delitos, dio por cumplidos otros –como los cometidos contra la salud– y decretó su libertad por el doble homicidio al considerar que esos crímenes debieron ser juzgados por un tribunal local y no uno federal, como ocurrió.

La Corte argumentó otra cosa. Le adjudicó a Camarena el carácter de “agente intergubernamental” y “protegido internacional”, y dijo que el piloto mexicano murió en funciones, con lo cual justificó la intervención de la justicia federal. En consecuencia pidió que se emitiera una nueva sentencia contra Caro Quintero. La condena original había sido de 40 años, de acuerdo con la legislación de la época. Al no pronunciarse sobre las otras resoluciones del Tribunal Colegiado, las dejó firmes; es decir, que al ex narcotraficante sólo se le persigue en México por los homicidios de Camarena y de Zavala.

Además debe enfrentar el pedido de extradición de Estados Unidos. En caso de ser detenido, su proceso de entrega podría demorarse uno o dos años. A diferencia de lo ocurrido cuando fue capturado en 1985, Washington ahora sí formalizó la solicitud. En aquella ocasión, una vez que Caro Quintero fue aprehendido, no hizo nada por llevárselo a su territorio. No calculó que el capo saldría antes de cumplir la totalidad de su condena.

Aunque el Gobierno de Peña Nieto favorece la extradición, Caro Quintero le pide, como presidente de todos los mexicanos –“en los que estoy incluido”–, asegurarse de que los procesos judiciales en su contra se apeguen a derecho,

“respetando mis garantías constitucionales y sobre todo humanas, y que no por llevar tal o cual apellido la justicia sea distinta para mí”.

Añade: “Mi única petición... es que mi expediente sea revisado con justicia, una valoración donde no pesen más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo... Que no se ceda a presiones políticas ni que por esa vía se resuelva un asunto que compete únicamente al Poder Judicial”.

A sus interlocutores del gobierno federal les dice: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”.

El gobierno estadounidense requirió al ex jefe del Cártel de Guadalajara en agosto pasado al gobierno de Peña Nieto a petición de una Corte federal de California, donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. “Las conductas que intentan imputarme son totalmente falsas. Lo único que pretenden es hacer sentir el peso de su revancha en contra mía, usando a mi familia y desprestigiando a México, a sus leyes, y pretendiendo avasallar nuestra soberanía con el único afán de siempre sentirse superiores”, responde.

“Siempre he dicho... que he tenido alguna deuda con la justicia y la sociedad (y) ya está saldada.”

“Y la justicia que reclama Estados Unidos para su connacional ya fue pagada en México en las condiciones que se me impusieron”, le dice a Peña Nieto en alusión a los 28 años y cinco meses pasados en la cárcel, 18 de ellos en penales federales de máxima seguridad.

Como el derecho internacional impide que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito, ahora el gobierno estadunidense insiste “en achacarme nuevas conductas delictivas”. Asegura el ex capo: “Increíblemente (se me acusa) no sólo a mí, sino también a mi madre, a mi esposa y a mis hijos”. Según Caro Quintero, “ninguno de ellos nunca ha tenido nada que ver con delito alguno, siendo ellos gente de sobrada probidad y decencia”.

También al ómbudsman

En su queja ante la CNDH apunta que el Gobierno mexicano ha actuado en su contra y de los suyos por presión de Estados Unidos. La PGR, el Ejército, la Marina, la Interpol y la oficina de la DEA en México, señala, lo han “perseguido y hostigado” junto a su familia, “que ha recibido agresiones e intimidaciones sin que exista orden de investigación, presentación o aprehensión”.

Acusa a esas instituciones de haber agredido físicamente a quienes tienen relación con él durante cateos en sus domicilios. En particular responsabiliza a la PGR de “denostarlos social y públicamente” al señalarlos en diversos comunicados de prensa como responsables de diversos delitos, “como ser operadores financieros de dinero ilegal”, situación “de la que no hay acusación clara y directa, por lo que nunca ha sido comprobada”.

Según el ex capo, también se les han cancelado “diversos derechos y beneficios” mediante “intimidación y amenazas por parte de organismos del Estado”.

“Es obvia la persecución que se ha hecho contra todo aquel que tenga un nexo de familia, amistad o laboral con el que suscribe”, dice también en referencia a su abogado Juvencio Ignacio González Parada, quien logró su liberación.

En la queja dirigida al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, insiste en que la deuda con el Estado mexicano ya la pagó. “Sin embargo... ha sido el apellido el que ha hecho que se conjure contra mí una asechanza (sic) incesante por parte de autoridades mexicanas, instadas por el Gobierno norteamericano”.

Las autoridades mexicanas, argumenta, pretenden trasladar la imposición de la pena a “personas inocentes, sin darles la oportunidad de ser oídos y vencidos” en juicio. Asegura que se trata de violaciones a derechos humanos –como el de presunción de inocencia–, protegidos nacional e internacionalmente, entre otros por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.

“Independientemente de cómo me llame, estas violaciones no pueden quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el Estado y la sociedad ya la he pagado”, asegura. (Proceso)