1690 palabras
Aunque el reglamento de Desarrollo Urbano de Mérida les da la razón, vecinos de Villas la Hacienda y San Ramón Norte aún no logran deshacerse de su pesadilla: la construcción de un bar en el tercer piso de la Plaza m&m, ubicada en el cruce de la 49 con 34 de esas colonias.
La construcción de un bar en esa plaza y en esa área de la ciudad está prohibida por el Ayuntamiento de Mérida, que a petición de los vecinos ha clausurado la obra en varias ocasiones. Los propietarios del negocio han roto los sellos cada vez.
Ante esa situación, la Comuna, a través del alcalde César Bojorquez Zapata; y por otra parte, vecinos de Villas la Hacienda y San Ramón Norte han enviado oficios a la gobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco, para que apoye con la fuerza pública para la clausura definitiva de la obra, lo que no ha sucedido hasta el momento.
Al contrario de lo que se pide, la Secretaría de la Seguridad Pública estatal sí ha enviado a varias patrullas al área para intimidar a los vecinos durante los plantones que realizan en el cruce de la Plaza m&m con interminables rondas en la avenida que lleva a Villas la Hacienda.
Esto quedo de manifiesto durante el último plantón que los vecinos realizaron el viernes pasado en la tarde. En presencia de reporteros, el plantón provocó el continuo pasar de una patrulla y la vigilancia de otra más desde la esquina.
A esta situación, se suma el corte y el robo de las mantas que vecinos han colocado en las muros de sus propiedades para manifestar su rechazo hacia la obra.
Al respecto, Víctor Alcocer Ceballos, integrante de la Asociación de Vecinos de San Ramón Norte señaló que el gobierno del estado no está haciendo su tarea de apoyar a los habitantes de esta colonia. El Ayuntamiento de Mérida y ellos mismos —esto es, gobierno municipal y ciudadanos— han pedido la fuerza pública para detener la obra que ilegalmente se construye. El resultado ha sido una sistemática negación por parte del gobierno del estado.
—Ese bar no tiene licencia de construcción. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal no se la ha otorgado porque se está edificando en un sitio no permitido por el reglamento.
Agregó que aunque la obra se ha clasurado por ese motivo cuatro veces -la última el viernes pasado- rompen los sellos y siguen trabajando, lo que les preocupa, ya que los dueños del local van a terminarlo y a conseguir, "de alguna forma" licencias hasta de la Secretaría de Salud Estatal (SSA).
—Lo peor de este asunto es que este tipo de negocios va a atraer la presencia de giros similares. Se va a volver un mayor dolor de cabeza para nosotros. Nos oponemos porque además hay una escuela cerca del área.
¿En ningún momento han contado con la fuerza pública para parar la obra?
—Bueno, algunas veces vinieron los policias y los invitaron a salir (a los trabajadores), pero luego de eso la patrulla se fue. Una verdadera fuerza pública los detendría y pondría vigilancia continua para impedir que la obra se reanude.
¿Qué argumento les da el gobierno estatal para no apoyar su solicitud de fuerza pública?
—Que no le corresponde la clausura de la obra. Que eso es responsabilidad del Ayuntamiento de Mérida.
¿Considera que la Comuna ha respondido a sus peticiones?
—Sí, pero le ha faltado apoyo del gobierno estatal para lograr el cumplimiento de la ley.
¿Quién es el propietario del bar?
—Sabemos que es Miguel Saldívar y que el dueño de la plaza es Jorge Sosa.
Alcocer Ceballos explicó que en abril de este año los vecinos inconformes con la obra preguntaron a la Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida si contaba con permiso de construcción, a lo que se les dijo que no.
Agregó que el 6 de mayo pasado solicitaron al alcalde César Bojorquez la clausura de la obra, a lo que respondió la Comuna el 11 de mayo cerrando la construcción, lo que detuvo la obra hasta el 9 de agosto de este año.
Indicó que ante el reinicio de la obra el 10 de agosto, la Comuna –a petición de los vecinos– envió inspectores a la construcción y unos 17 días después interpuso una demanda penal por violación de sellos de clausura, lo que motivó que la obra se detuviera momentaneamente. El 29 la construcción se reinicia y el 1 de septiembre el Ayuntamiento de Mérida clausura por segunda vez.
—El 2 de septiembre Miguel Saldívar, propietario del bar, se apersona a la plaza ante la presencia de funcionarios del Ayuntamiento para decir que tiene un amparo y que aunque lo que va a construir es un restaurante y no un bar va a vender cervezas y a proseguir con la obra aunque lo metan a la cárcel.
Mencionó que el 4 de septiembre los vecinos afectados envían una solicitud a la gobernadora para que les mande la fuerza pública. Unos días después, una vecina se entrevista personalmente con la gobernadora Ivonne Ortega para hacerle la misma petición, a la cual respondió que no podía detener [Ver caso Chuc Baas], pero sí negarle permiso para la venta de bebidas alcohólicas.
Alcocer Ceballos comentó que el 7 de septiembre el constructor trato de ampararse en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero no se autorizó la suspensión de la clausura.
—Para esa misma fecha, el alcalde mando a la gobernadora la primera solicitud de fuerza pública para asegurar el estado de clausura. Ante la falta de respuesta, el alcalde envía una segunda solicitud el 23 de ese mismo mes.
En cuanto a lo sucedido en este mes, señaló que el 3 de octubre el Ayuntamiento clausuró por tercera vez la obra, deteniéndola, pero provocando al mismo tiempo una solicitud del constructor ante un juzgado de distrito para suspender la clausura y para ampararse contra ella. El juzgado soló concedió la suspensión temporal del acto de clausura.
—El 9 de octubre la obra se reanuda y la policía se niega a apoyar argumentando que se trata de un asunto del Ayuntamiento. El 16 de octubre, el juez de distrito niega a los constructores la suspensión definitiva de la clausura aunque sigue dando seguimiento al amparo. Hasta hoy, la obra sigue gracias a las influencias de su propietario.
Finalmente, Víctor Alcocer Ceballos manifestó que los plantones seguirán hasta que la obra se clausure definitivamente y si esto no sucediera, los vecinos incluso cerrarían calles para lograr que las autoridades hagan cumplir la ley. L.I.